El Congreso aprueba “derogar” las reformas laborales de PSOE y PP, así como “elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores”

El Pleno del Congreso ha aprobado una moción en la que exige al Gobierno que promueva, junto con sindicatos y patronal, un nuevo Estatuto de los Trabajadores «que derogue las sucesivas reformas laborales» y permita «poner fin a los efectos más perniciosos» que estas normas, denuncian, han supuesto para el mercado de trabajo.

Entre los efectos que cita el texto aprobado se encuentran «el exceso de temporalidad y alta rotación derivada del abuso de los contratos eventuales de muy corta duración, así como el trabajo a tiempo parcial no deseado, reforzando la negociación colectiva como fuente de derecho».

La iniciativa, llevada al Pleno por el PSOE y finalmente pactada con Unidos Podemos y PNV, ha sido apoyada también por Esquerra Republicana, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el PDeCAT, que apoyó las reformas laborales del PSOE en 2010 y del PP en 2012, ha optado por abstenerse.

La diputada de Izquierda Unida Isabel Salud ha defendido en el Pleno del Congreso las enmiendas parciales registradas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre precariedad laboral y temporalidad que defendió el Grupo Parlamentario Socialista. Entre estas enmiendas destaca la que plantea de forma explícita “derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 (aprobadas respectivamente por los gobiernos del PSOE y del PP) y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que asegure un marco de relaciones laborales equilibrado, que respete la autonomía colectiva, y que garantice de forma efectiva los derechos de las personas trabajadoras, incluido un salario digno a través de un nuevo pacto de rentas”.

Entre los objetivos prácticos que se persiguen es que “en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis”, así como que el pacto de rentas que se plantea incluya un “incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros en 2020, dando cumplimiento al objetivo de la Carta Social Europea”.

Estas propuestas se acompañaron de otra enmienda en la que se insta al Gobierno del PP a que “urgentemente reúna la mesa de diálogo social de empleo y, previo acuerdo, adopte las medidas que permitan poner fin a los efectos más perniciosos de las reformas laborales de 2010 y 2012, como son la precariedad laboral, el exceso de temporalidad y la alta rotación derivada del abuso de los contratos eventuales de muy corta duración, así como el trabajo a tiempo parcial no deseado, reforzando la negociación colectiva como fuente de derecho”.

Se pretende cercenar la contratación temporal, «prestando especial atención a los trabajos para jóvenes y trabajos en prácticas», con el fin de que la contratación indefinida «sea la forma ordinaria de acceso al empleo y que la contratación temporal responda a causas justificadas», y «evitar que» la temporalidad «sea realmente el instrumento de entrada en el mercado de trabajo», y aumentar las sanciones por fraude.

Por otro lado, también llaman a derogar la reforma del trabajo a tiempo parcial de 2013, y sustituirla por una nueva regulación «que actúe como elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas, y que sea homologable con la existente en otros países europeos».

Isabel Salud plantea al grupo parlamentario que expone su moción “reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal, para conseguir que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo y que la contratación temporal sea excepcional y responda a causas justificadas, aumentando las sanciones por fraude con el fin de disuadir su incumplimiento generalizado”.

Además de todo ello, la diputada de Izquierda Unida defiende también que se establezcan las medidas oportunas “que permitan eliminar otras formas de precarización como los falsos autónomos u otras fórmulas de explotación laboral, impidiendo en particular que pueda haber becas que sustituyan puestos de trabajo y asegurando que sirvan exclusivamente para lo que están concebidas, que es completar la formación de los estudiantes”.