La comunidad colombiana en España denuncia la designación de Néstor Humberto Martínez Neira como embajador

El Comité por la Paz de Colombia en Madrid ha denunciado públicamente el nombramiento del ex fiscal Nestor Humberto Martínez Neira como embajador de Colombia en España por parte del presidente Iván Duque. Martínez Neira está investigado por su implicación en diversas actividades criminales mientras ejercía de Fiscal General de la Nación.

Según publicaban diversos medios de comunicación colombianos, el entonces máximo responsable de la fiscalía fue responsable de la detención ilegal de varios negociadores de los Acuerdos de Paz y de la manipulación de pruebas con el fin de entorpecer la aplicación de los acuerdos. Su implicación en el montaje por el cual fue acusado el comandante de la guerrilla Jesús Santrich reviste especial gravedad, por haber conducido al reinicio de enfrentamientos con un sector disidente de las FARC-EP que ha regresado a la lucha armada.

«Este nombramiento se produce como respuesta del presidente Ivan Duque a las pruebas que reveló el diario colombiano El Espectador que saca a la luz pública el plan de la Fiscalía General de la Nación a cargo de Néstor Humberto Martinez para dañar seriamente el Acuerdo de Paz, intentando vincular a los negociadores del Gobierno y de las FARC con el negocio del narcotráfico después de la firma del proceso de paz y así justificar su extradición a los Estados Unidos», apuntan desde el Comité por la Paz de Colombia en Madrid, en una misiva dirigida a la ministra de Exteriores Arancha González Laya.

Junto a las acusaciones ligadas a sus actuaciones ilegales para sabotear los Acuerdos de La Habana, sobre Martínez Neira también está implicado en varios casos de corrupción, ocultación de bienes y fraude fiscal. El Comité por la Paz denuncia que su nombramiento como embajador responde a la busqueda de evitar su procesamiento judicial. «Durante el gobierno de Álvaro Uribe, muchos de sus aliados y funcionarios más cercanos y cuestionados terminaron premiados con consulados y embajadas, las cuales evidentemente han acumulado varias renuncias por razones judiciales», apuntan, haciendo referencia a casos similares como los de Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y María Claudia Daza.

«España no puede ignorar la grave crisis de derechos que sufre el país y las implicaciones que tiene este nombramiento, si quiere ser coherente con su objetivo de contribuir a la paz debe abanderar la lucha contra la impunidad», afirma el Comité en su misiva a la ministra. «Por todo lo anterior expuesto solicitamos tenga en cuenta la opción de denegar el plácet del Estado español con respecto a su asignación a la Embajada de Colombia en España, según lo establece la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas», concluye la carta.