Santiago valora el “amplio acuerdo” sobre la ley de eficiencia de la justicia y lamenta el rechazo a sus propuestas sobre la ‘pasarela al RETA’ de la abogacía y las enmiendas trabajadas con CCOO

Jueves, 14 de noviembre 2024.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Justicia en el grupo parlamentario Plurinacional, Enrique Santiago, ha tachado de “buena noticia” el “amplio acuerdo alcanzado entre grupos parlamentarios” para sacar adelante en el Pleno del Congreso de hoy el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Santiago advirtió que esta importante norma no haya contado con el apoyo del PP y Vox, después de que la derecha y la ultraderecha “han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial (durante más de cinco años) al bloqueo ahora del sistema de organización de la justicia”.

Lamentó que “las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad, no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad, para satisfacer los derechos fundamentales de la gente”.

Los profesionales de la abogacía y procura merecen una pensión digna, tras una vida garantizando el derecho a la defensa.

A pesar de nuestros esfuerzos, la enmienda no fue aprobada.

Se les condena a una vejez de miseria hasta que estén integrados al RETA #Pasarela1x1PorDerecho. pic.twitter.com/FWBmjlT8SJ

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) November 14, 2024

El diputado de IU se ha felicitado, no obstante, porque “avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo organizativo que procede del siglo XIX para adaptarlo al siglo XXI”. Pero lamentó la “falta de receptividad” de algunos grupos, en especial el PSOE y el PP, a la hora de abordar “más medidas”, entre ellas las planteadas por su grupo a través de diversas enmiendas que mantuvo vivas hasta el final tras la aprobación del dictamen la semana pasada a su paso por la Comisión de Justicia.

Así, por un lado, mantuvo las enmiendas 47 y 48, que no salieron adelante al final, por lo que valoró que “tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos como CCOO”, con el que IU había trabajado estas modificaciones.

“Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarían en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público”, detalló.

Por otro lado, Enrique Santiago defendió la enmienda 144, dirigida principalmente a un tema que preocupa especialmente a Izquierda Unida y al grupo del que forma parte: que los/as abogados/as y procuradores/as que son mutualistas puedan traspasar los fondos acumulados en sus mutualidades a la Seguridad Social para su futura jubilación, lo que se conoce como ‘pasarela al RETA’ (régimen de autónomos de la Seguridad Social)
Para el dirigente de IU, “queda pendiente la pasarela al RETA de las y los mutualistas de la abogacía y la procura. A pesar de nuestros esfuerzos, no ha contado con apoyos suficientes para incluirse en esta ley”.

Santiago consideró que la propuesta, que no fue aprobada, suponía “otra oportunidad para que con la aprobación este proyecto de ley alcancemos una solución acorde con las justas demandas de las plataformas de abogados y abogadas, de procuradores y procuradoras para establecer esa pasarela”.

“Es de justicia -destacó- dar una solución a la precariedad y a la vejez de miseria a la que las mutuas han llevado a este importante colectivo, con la permisividad sucesiva de gobiernos durante años”.

Indicó que “los profesionales de la abogacía y de la procura deben tener coberturas y pensiones equiparables a las que les corresponderían de haber cotizado a la Seguridad Social, integrando al 100 por 100 en el RETA los años en que se cotizó a las mutualidades como régimen alternativo: Uno por Uno”.

El portavoz de Justicia del grupo parlamentario Plurinacional indicó sobre el conjunto del proyecto de ley aprobado que “su amplitud de contenidos y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados ha supuesto una gran complejidad”, por lo que “muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes”.

Mostró su satisfacción porque “los tribunales de instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños, en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el servicio público de justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento”.

Apuntó que “especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias (MASC), formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad”.

Además, en cumplimiento de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia “se especializan los órganos judiciales, de la Fiscalía y sus equipos técnicos para prevenir y perseguir la violencia contra los menores”.

Santiago “lamentó” profundamente que “se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios, perdiendo una oportunidad de avanzar en la reforma del sistema para el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios”.

“Es urgente -avisó- retomarlo pronto”, ya que “nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas”.

Valoró de forma especialmente positiva que “se suprimen los visados ‘Golden Visa’ de quienes especulan con la vivienda, tal y como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda”, codo con codo con su grupo parlamentario.

Destacó también “los avances en la función de jueces y magistrados”, ya que “la experiencia de los jueces y juezas de paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia de los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación”.

Y se mostró muy satisfecho de del “paso trascendental para estabilizar la situación de los magistrados y magistradas suplentes, de las juezas y jueces sustitutos. Porque en el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio”.

“Para este grupo parlamentario de la Izquierda Plurinacional -dijo- ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalece la carrera judicial”.

Señaló que “un 17% de los jueces y juezas de España -1.008 exactamente- son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en el Estado de Derecho, pero arrastran unas condiciones profesionales degradadas”.

Explicó que una vez nombrados “sólo perciben retribuciones cuando son llamados. Permanecen largos períodos en espera, sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna”. Además, “son un colectivo feminizado -el 73% son mujeres- y España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que en la Unión Europea supera el 17”.

“Es decir, faltan jueces, y por eso es preocupante que el Consejo del Poder judicial, que tanto tiempo estuvo en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos”, añadió.

La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso estamos obligados a que se desempeñen la totalidad de los días laborales del año.

Para acabar, recordó que “se incorpora también una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo. Se pretende conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral”.