Se confirma la condena al catedrático Santiago Romero, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias de la Educación (CCEE) de Sevilla, por abusos sexuales a tres compañeras

Comunicado sección sindical del PDI del SAT-US

El pasado 27 de diciembre de 2019 (3 años después de la primera sentencia condenatoria), la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena al catedrático Santiago Romero Granados, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias de la Educación (CCEE) de nuestra Universidad entre 1997 y 2009 y director del Departamento de Educación Física y Deporte, por abusos sexuales continuados a tres compañeras del Personal Docente e Investigador (PDI) entre los años 2006 y 2010. Los jueces de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla lo dejan bien claro: «Consideramos que la opción del Juzgador de imponer la pena privativa de libertad está debidamente motivada y justificada en la resolución impugnada y ello, como consta en el fundamento décimo de dicha resolución, no solo por el respeto a las víctimas, sino por la gravedad de la conducta del recurrente y por el impacto que dichas conductas realizadas por el acusado han supuesto para las víctimas. Así las cosas, es claro que se dan razones suficientes y proporcionadas para operar con la pena de prisión en lugar de la alternativa de multa«. De esta manera, los tribunales vuelven a dar la razón a nuestras valientes y resilientes compañeras que denunciaron a este abusador, suspendido por la US tras conocerse la primera sentencia en 2017 (7 años más tarde) y jubilado en la actualidad. En función de esta nueva sentencia, los hechos probados revelan hasta qué punto Santiago Romero jamás debió ocupar el cargo desempeñado durante doce años y que le permitió abusar en ellos, como poco, de estas tres compañeras, haciendo «ostentación de su poder académico desde el primer momento» amenazándolas con no seguir con sus carreras académicas si no accedían a sus abusos sexuales. El relato de los hechos probados en la sentencia nos genera asco e indignación.

Sin embargo, y a pesar de le expuesto, la sentencia de la Audiencia Provincial ha reducido la condena inicial, de 7 años de cárcel a 2 años y 8 meses, principalmente por la atenuante de «dilaciones extraordinarias muy cualificadas» conforme al artículo 66.2 del Código Penal. Aunque celebramos esta sentencia condenatoria, pensamos que tanto la condena de privación de libertad como la indemnización se quedan cortas para el daño causado a las tres compañeras. Hay que aumentar los medios judiciales en los casos de violencias machistas, como es el caso, para evitar las «dilaciones indebidas». Además, aunque tiene que ver con la prescripción o no de un delito y no con las dilaciones en un procedimiento judicial, en estos casos de acoso y abuso no es fácil que las mujeres abusadas cuenten con la confianza para denunciar dentro de un contexto social machista que muchas veces las juzga a ellas y las culpabiliza.

Por otra parte, como quedó reflejado en la sentencia de lo penal, el exdecano abusador contaba con toda una estructura de poder que lo respaldaba, integrada por la mayor parte del profesorado del departamento, quienes «desfilaron» por el juzgado con la voluntad de crear una imagen intencionalmente positiva del abusador Romero Granados, dejando constancia el juzgador de cómo se situaban en una situación rayana a la ignorancia deliberada. Además, el Equipo de Gobierno de la US, con el entonces Rector Joaquín Luque al frente, no apoyó a las denunciantes cuando se conocieron los hechos, lo que provocó varias movilizaciones de apoyo de la comunidad universitaria. El por entonces Rector ni siquiera se dignó a recibir, a pesar de las numerosas peticiones efectuadas por escrito y en persona, a estas tres mujeres, que actuaron con responsabilidad y valentía para contribuir a lograr una institución más digna, igualitaria y justa. El Equipo de Gobierno de la US se limitó a remitir la información reservada al juzgado de lo penal, desoyendo las numerosas peticiones de las tres denunciantes, no solo en cuanto a que se aplicara el régimen disciplinario del Estatuto Básico del empleado público por las tres faltas muy graves de acoso laboral (Art. 95, apartado 0) por las que podían haber apartado al abusador en el año 2010, desde el mismo momento en que fue denunciado por las compañeras, sino también en cuanto a la situación de vulnerabilidad en la que las dejaban y a la necesidad de que, una vez conocidos y denunciados los hechos se tomaran medidas. Con esa única acción de deriva a la justicia, el Equipo de Gobierno acentuó la injusticia padecida, dejándolas en una situación de riesgo, abandono y desamparo absoluto que hizo que ni siquiera pudieran acudir a su centro de trabajo a desarrollar su labor en condiciones dignas y mínimas de seguridad. Todo ello fue denunciado (y registrado) en reiteradas ocasiones por las compañeras denunciantes, así como desde nuestra sección sindical. Además, desde el Decanato de la Facultad de CCEE tampoco se prestó la atención que merecían nuestras compañeras denunciantes. Es más, miembros de este decanato firmaron una carta de apoyo al acosador que se presentó como prueba en el juicio. Cuando una sentencia como esta llega tarde, las más afectadas son las denunciantes que sufren un largo periodo, no solo de incertidumbre, sino de paralización de la vida y las carreras académicas en una etapa clave de desarrollo, así como la prolongación y agravamiento de los daños psicológicos sufridos tanto por parte del agresor como por una institución que en lugar de apoyar su valentía y su esfuerzo optó por revictimizarlas.

La Universidad de Sevilla (US) ha sido declarada responsable civil subsidiaria. Desde la sentencia inicial, el posterior Equipo de Gobierno de la US dividió el departamento en el que se produjeron los abusos en dos departamentos, realizó un seguimiento de los niveles de riesgo psicosocial y ha apoyado a las compañeras denunciantes tras conocer la sentencia de lo penal en enero de 2017, para que pudieran seguir desempeñando sus carreras académicas, reconociendo a las tres compañeras denunciantes en el año en que se dictó la sentencia, su valentía y perseverancia en la lucha contra el acoso en nuestra Universidad. Gracias a ello, se han dado pasos adelante en la lucha contra el acoso en nuestra Universidad: sirvió de ayuda a otras personas que sufrían acoso en el mismo y otros departamentos y no se atrevían a denunciar, visibilizó el problema del acoso, se impulsó la puesta en marcha de un protocolo anti-acoso y se vienen realizado anualmente Jornadas contra el Acoso en la US. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar en la reparación de las compañeras y en la lucha contra el acoso en la US. Por ejemplo, el protocolo anti-acoso debe mejorarse como denunciamos desde esta sección sindical. Hay que acabar con los cambios sistemáticos de destino recomendados desde el SEPRUS de las personas denunciantes de acoso, en vez de poner coto de una vez a todos los acosadores, ocupen el puesto que ocupen. Hay que visibilizar mucho más este problema de cara a toda la comunidad universitaria para animar a las víctimas a denunciar y frenar a los abusadores y la postura de la Institución con sus actuaciones debe ser clara y contundente. El Equipo de Gobierno debe investigar e imponer sanciones, en su caso, a los miembros del PDI y el Personal de Administración y Servicios (PAS) que colaboraron en la red del abusador y a quienes aludían sendas sentencias como consentidores. Además, estas personas deberían pedir expresa y públicamente disculpas a las compañeras denunciantes. Para que se pudieran dar los abusos sexuales probados en CCEE tuvo que haber un grupo complaciente y tolerante con el acoso.

Muestra de la escasa sensibilidad del actual Rector respecto al acoso es que, aunque ha enviado el apoyo a través de algún miembro de su equipo, aún no ha llamado a las compañeras denunciantes tras la última sentencia ni se ha pronunciado al respecto. Consideramos que, debido a la gravedad de los hechos y al comportamiento ejemplar de las compañeras, el no pronunciamiento público de nuestra institución es una falta de respeto, no solo hacia ellas, sino a la comunidad universitaria en su conjunto. Que la dañina experiencia vivida por las compañeras sirva, como poco, para dejar clara la contundencia y medios con los que se actuará en materia de prevención y atención en los casos de abuso y acoso en la US.

Desde la sección sindical del PDI del SAT-US, animamos a toda persona que piense que está sufriendo acoso laboral o sexual en nuestra Universidad a que se ponga en contacto con nosotras, que actuaremos con sensibilidad, nuestra experiencia y máxima cautela. No estamos solas. ¡Hagamos universal la rebeldía para cambiar el mundo!

Frente al Acoso: ¡Tolerancia Cero!