La Mesa Social del Agua critica que el Pacto Andaluz de la Junta incumple las garantías jurídicas mínimas

La Mesa Social del Agua de Andalucía critica que el Pacto Andaluz por el Agua propuesto por la Junta no cumple con las garantías jurídicas necesarias y reitera su apuesta por un pacto que entienda el agua como un bien público.

Los colectivos agrupados en esta mesa (FACUA Andalucía, CCOO, COAG, UPA, Aeopas, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, Ciref, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua) consideran necesario involucrar a la ciudadanía en el conocimiento del valor del agua como elemento básico de la naturaleza y de la vida. No obstante, entienden que la responsabilidad principal es de los poderes públicos, que deben garantizar el correcto uso de un bien público y el acceso al agua potable y el saneamiento desde las instituciones locales, provinciales, nacionales y mundiales para asegurarlo como un auténtico derecho ciudadano.

Por ello, la Mesa apuesta por un auténtico pacto del agua como un bien público, basado en la salud de los ecosistemas, de todas y para todas las personas. En este sentido, critica que el modelo expuesto por la Junta de Andalucía tiene un contenido y un procedimiento que no responde a los retos que afronta la comunidad en estos momentos de emergencia climática y urgente necesidad de un nuevo modelo de política del agua en todo su territorio, no solo en parte de él.

Las organizaciones consideran que la propuesta de Pacto andaluz no cuenta con las mínimas garantías jurídicas ya que no se sigue ningún procedimiento legal establecido por lo que su resultado no puede ser jurídicamente vinculante. Entienden que la participación pública ideada para desarrollar el Pacto es un procedimiento inadecuado para resolver los problemas del agua de Andalucía.

Así, creen necesario crear un debate social que permita identificar los problemas, sin temas predeterminados; que el proceso sea libre y abierto, no solo accesible a invitados; y que no se limite a un simple cuestionario elaborado sin intervención de los partícipes. Para la realización de las consultas sectoriales previstas se ha escogido un momento muy desafortunado porque coincide con la consulta pública y reglada de la planificación hidrológica y ello produce un efecto cortocircuito de la planificación hidrológica que sí es jurídicamente vinculante, no como el pacto propuesto.

Resulta inaceptable, por tanto, que los presupuestos de 2020 no hayan dotado económicamente la participación pública en la planificación hidrológica y sí doten su iniciativa de pacto andaluz del agua con 360.000 euros.

Frente a estos procedimientos, la Mesa Social del Agua recuerda que Andalucía dispone del proceso de Planificación hidrológica, reglado a escala nacional y europea, que cuenta con calendarios, criterios y métodos participativos avanzados y bien definidos. Las organizaciones defienden la prevalencia del proceso de planificación, al que deben dedicarse los esfuerzos necesarios para promover la participación pública y la búsqueda de consensos en la fase clave actual que es el debate sobre los temas importantes de cada una de las demarcaciones que cubren la totalidad del territorio andaluz: Guadalquivir, Tinto-Odiel -Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterraneas. Este es el marco legal en el que deben concretarse los diagnósticos, los objetivos y las medidas, identificando en cada caso las administraciones competentes y los análisis económicos necesarios.

Por su parte, la Mesa se compromete a potenciar un auténtico debate en la sociedad andaluza, apoyándose en las organizaciones sindicales, agrarias, ecologistas, profesionales, empresariales, ciudadanas y científicas que componen la Mesa Social del Agua de Andalucía. Por esta razón, anuncia que para el mes de marzo está prevista la creación de un Foro Social para debatir abiertamente y sin exclusiones sobre los retos del agua en Andalucía.