Frente a la falta de soluciones ante la pobreza energética, tarifa social

En la Semana Europea de Lucha Contra la Pobreza Energética, Ecologistas en Acción vuelve a reivindicar el acceso a unos suministros mínimos de luz y calefacción como un derecho vital para desarrollar una vida digna. El actual enfoque de estos suministros como un bien de mercado deja por el camino a miles de familias de todo el país. Una circunstancia que cada vez afecta a más personas. Prueba de ello es la reciente actualización de los indicadores de pobreza energética, que muestran que más de 4,5 millones de personas en 2020 han sido incapaces de llegar a pagar a tiempo el recibo de la luz y que casi 5,2 millones son incapaces de tener la casa a una temperatura adecuada.

Estas cifras muestran la emergencia social actual y la enorme distancia para cumplir los objetivos buscados a 2025. El actual bono social o las medidas adoptadas ante la situación de emergencia de la COVID–19 solo son meros parches incapaces de dar una respuesta a miles de personas. El concepto de bono social es una medida asistencialista y estigmatizante, se aplica según unos mínimos niveles de renta y sobre una factura cuyos conceptos y costes son opacos y en manos de las compañías energéticas.

El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio altamente rentable. Antes de la liberalización, el marco legal estable lo consideraba un servicio público. Actualmente, el entramado financiero que conforma el sistema de fijación de precios de la energía está basado en los principios del capitalismo neoliberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los resultados contables de las grandes compañías. Mientras, mantiene una concentración, principalmente en tres empresas, Endesa, Iberdrola y Naturgy. Situaciones como los 500 días que lleva la Cañada Real sin suministro eléctrico muestran la enorme dependencia de las familias a las empresas del oligopolio.

La falta de acceso, la incapacidad de cumplir algunos requisitos o las malas prácticas del sector energético son enormes trabas para que las familias accedan a suministros básicos. Por ello, Ecologistas en Acción insiste en la necesidad de superar un concepto como el bono social y abordar desde la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos el debate de la tarifa social. Una tarifa que debería garantizar la protección de las personas más vulnerables creando un marco tarifario específico que permita que se tramite de forma automática sin que las familias tengan que hacer ninguna tramitación, puesto que simplemente “les corresponde”.

Para ello, Ecologistas en Acción publicó ya el pasado mes de diciembre el informe ‘Una tarifa social como respuesta ante la pobreza energética’, que aborda de forma particular una propuesta con las condiciones mínimas que debería considerar una tarifa social eléctrica. En esta semana de reivindicación contra esta situación, la organización ecologista insiste en la necesidad de ampliar y debatir esta propuesta de forma que se ponga en marcha un marco legal que sea efectivo en la lucha contra la pobreza energética.

Dentro de este contexto, hace pública una nueva propuesta: ‘Una tarifa social como respuesta ante la pobreza energética. Parte II: La tarifa social térmica’, en este caso para suministros no eléctricos, donde se aporta una reflexión sobre una tarifa social térmica. Se trataría de una herramienta de transformación centrada en la población más vulnerable para garantizar su derecho a acceder a la energía térmica y a vivir en condiciones dignas de climatización. Una propuesta que va dirigida especialmente a aquellas personas que más ancladas pueden quedar a tecnologías obsoletas basadas en los combustibles fósiles y que acaban pagando una doble factura: la energética y la climática.