Redacción •  Actualidad •  16/03/2021

Ante las maniobras militares de la OTAN con Israel, organizaciones piden al Gobierno que no sea cómplice de la ocupación de Palestina

La carta se envía al Gobierno dos semanas después de conocerse que la Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal sobre los crímenes de guerra de Israel en los territorios palestinos.

Ante las maniobras militares de la OTAN con Israel, organizaciones piden al Gobierno que no sea cómplice de la ocupación de Palestina

Más de cincuenta organizaciones piden al Gobierno de Pedro Sánchez que no sea cómplice de la ocupación israelí de Palestina y deje de participar en maniobras militares con Israel.

Ante la participación de España en maniobras militares conjuntas con Israel en el marco de la OTAN, SNMG-2, iniciadas el pasado mes de febrero, diversas organizaciones han dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, la ministra de Defensa Margarita Robles y la titular de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, recordando la condición de potencia ocupante de Israel, su continuo desprecio al Derecha Internacional y los derechos de la población palestina.

En el escrito se insta al Gobierno a no ser cómplice de estas actuaciones colaborando y normalizando la ocupación y, por el contrario, se apliquen políticas efectivas y coherentes con la defensa de la paz y del Derecho Internacional, con la gobernanza internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la defensa de los Derechos Humanos. 

En la misiva, se habla de una «política de normalización de la ocupación israelí de los territorios palestinos» con respecto a diversos incumplimientos de los DDHH por parte de Israel, y se recuerda que España «compra y vende armas, drones y otros artefactos a dicho Estado ocupante», acciones que junto a la «ausencia de sanciones o penalizaciones que impliquen la total exclusión de concursos o licitaciones de empresas españolas que participan en la colonización, como la empresa Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril (CAF)» suponen un «desprecio de los valores de defensa del Derecho Internacional, apoyando de facto la política de normalización de los crímenes israelíes».


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