La Proposición de Ley para evitar el cierre de centrales eléctricas, una artimaña para evadir la participación pública, afirma IIDMA

Madrid, 16 de mayo de 2018- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) afirma que la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para evitar el cierre de centrales eléctricas es una artimaña legal para evitar la participación ciudadana. La Proposición sustituye al proyecto de Real Decreto presentado en 2017 que recibió numerosas críticas por parte de la opinión pública. Además, el RD fue valorado de forma negativa por un contundente informe de la CNMC, que llamó la atención al Gobierno por tratar de modificar la Ley del Sector Eléctrico a través de un Reglamento. Para modificar la Ley con garantías democráticas, el Gobierno tendría que haber presentado un Proyecto de Ley. Sin embargo, ha optado por presentar una Proposición de Ley, que elude la obligación de llevar a cabo una consulta pública, dejando en manos de la Comisión parlamentaria la posibilidad de convocar a comparecer a especialistas en la materia, de acuerdo con el art. 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Esta Proposición de Ley necesitará del apoyo de al menos otro grupo parlamentario para su aprobación. En caso de salir adelante, se modificaría el art. 53 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico ampliando los supuestos en que puede denegarse el cierre de una instalación de generación eléctrica. Esto supondría en la práctica poner más obstáculos a un plan de cierre progresivo y ordenado de las centrales térmicas de carbón, algo que no tiene sentido en el contexto actual. Un gran número de centrales tendrán que cerrar en julio de 2020 y, en todo caso, como máximo en 2030, ya que el estado de nuestro Planeta así lo exige. Esta propuesta de Ley resulta incoherente en relación con los objetivos climáticos de la UE y el Acuerdo de París.

El análisis legal del texto pone en evidencia que supondrá crear una situación de inseguridad jurídica en el sector eléctrico. Además, el texto propuesto no tiene en cuenta la salud de los españoles, pues el procedimiento de autorización de cierre contemplado en el mismo no prevé la necesidad de considerar los impactos a la salud de las emisiones generadas por las instalaciones que queman combustible fósil. Tampoco prevé la necesidad de ponderar los diferentes intereses que deben protegerse según órganos claves: la CNMC, la Oficina de Cambio Climático y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. Es decir, si uno de estos órganos emite un informe desfavorable por considerar que puede afectarse de forma desfavorable a su respectivo ámbito de competencia la autorización será denegada.

Si Red Eléctrica Española no emitiera un informe desfavorable por riesgo para la seguridad del suministro, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá establecer reglamentariamente las medidas necesarias para hacer posible que la central continúe funcionando, incluyendo un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se transmita la titularidad de la instalación. Hay que recordar que España tiene un índice de cobertura del 1,3, por encima del mínimo de 1,1 establecido por el Ministerio de Energía, por lo que no existe una amenaza real en la seguridad del suministro eléctrico.

«Esta Propuesta muestra la intención de nuestro Gobierno de seguir postergando la acción para hacer frente al cambio climático. Se ha trabajado en la preparación de un Real Decreto y ahora en una Propuesta de Ley, mientras que la necesaria Ley de Cambio Climático y Transición Energética sigue paralizada. Esto denota una falta alarmante de ambición y visión estratégica por parte del Gobierno, además de un alejamiento de las demandas sociales y las necesidades actuales para proteger nuestro Planeta. Además, el procedimiento elegido busca evitar la participación pública, algo que es intolerable en un sistema democrático.» afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.