PROA+: puertas abiertas a las empresas, mucho dinero para gastar y escaso aumento de las plantillas

Comunicado CGT Enseñanza Andalucía

¿De qué hablamos cuando hablamos del PROA+? Breve repaso a su aparición y extensión

El PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo Escolar) existe desde el año 2005. El programa ha ido desarrollando distintos cambios en función de los recursos recibidos y los indicadores de evaluación. El PROA+ es la continuación del PROA.

Según se recoge en la página del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+), que se desarrollará durante los cursos escolares 2021-22, 2022-23 y 2023-24, responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Los destinatarios son centros de educación infantil, primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos que cuenten con, al menos, un 30% de alumnado educativamente vulnerable en un sentido global, así como centros rurales y/o insulares, ubicados en zonas deprimidas o con gran dispersión de la población. Se entiende por alumnado vulnerable en un sentido amplio aquel que presente alguna de las circunstancias que se describen a continuación: necesidades asistenciales (alimentación, vivienda y suministros básicos, etc.), escolares (clima familiar propicio, brecha digital, material escolar, etc.), necesidades socioeducativas (actividades complementarias, extraescolares, etc.), necesidades educativas especiales, altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía en el sistema educativo, dificultades para el aprendizaje por necesidades no cubiertas. Todas ellas barreras que condicionan, potencial o efectivamente, las posibilidades de éxito educativo del alumnado.

El PROA+ se divide en distintas líneas de actuación, que abarcan desde cambios en la programación curricular, adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje a la realidad pos-COVID o el acompañamiento a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo para reducir la brecha educativa. Estaba dotado de 60 000 000 € para su implementación a lo largo del curso escolar 2020-21.

Como criterio de distribución de los recursos, entre las comunidades, se ha tenido en cuenta el número de alumnos escolarizados en primaria y ESO del curso 2017-2018, el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la tasa de idoneidad a los 15 años y la dispersión de la población, censo de Población y Viviendas 2011 del INE.

Para la implementación del programa, los centros educativos pueden solicitar la participación en una o varias líneas de actuación. La distribución de los fondos es competencia de las comunidades autónomas.

Para el año 2021, el programa está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, cuyo importe asciende a 78 184 140 €, y por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuyo importe aportado es de 40 000 000 €, sumando un total de 118 184 140 €.

Las administraciones de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias gestionarán los fondos que les correspondan para implementar las actuaciones de este programa, de acuerdo con la siguiente distribución:

El MRR, Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, es el instrumento mayor (672,500 millones de euros) del denominado Fondo de Recuperación Next Generation (750 millones de euros) de la Unión Europea. La cantidad asignada a España del MRR es 78.184.140 €.

Andalucía, el año 2021 recibió 15 677 066 €, que sumados a los 8 681 232 de los Presupuestos Generales del Estado dan: 23 733 396. Esa misma suma es la cantidad asignada para los PGE de 2022 y 2023, por lo que el total asciende a 71 200 188.

¿Sube la atención con más personal de Orientación?

En 2021, en Andalucía fueron 470, que se incorporaron cuando quedaba aproximadamente un trimestre de curso. Lo suyo habría sido que lo hubiesen hecho al comienzo del mismo.

En 2022 hay menos orientadores que en 2021 (400) y compartidos: un claro retroceso, por tanto. ¿Acaso ya se consiguieron todos los objetivos de manera milagrosa en muchos centros andaluces y por eso se precisan menos profesionales?

Un ejercicio sencillo

Imaginemos, por un momento, que sabemos —después de un análisis pormenorizado— que hacen falta 1000 docentes de Matemáticas en los institutos andaluces. Lo lógico sería ampliar las plantillas y contratar a ese millar de personas. Si dijésemos, por ejemplo, somos conscientes de que nos faltan 1000 profes de Mates, pero vamos a aumentar solo el 30%, es decir, 300, ¿lo entendería alguien? Sin embargo, en el caso del personal que precisan los centros, según se desprende del PROA+, ocurre algo así: se contrata o no a profesionales en función de si llegan más menos fondos europeos, independientemente de que sean necesarios en los centros educativos. La dotación de personal no puede ser una gracia caída del cielo o por la que hay que pelear a cara de perro con el centro de al lado (llámese PTIS, monitor/a escolar, etc.). Para quienes requieren de la atención de esos profesionales, el derecho a la educación es un derecho de segunda, prescindible, llegado el caso, si las administraciones educativas así lo estiman. De hecho, la Consejería de Educación y Deporte considera complementario a parte de ese personal. Desde CGT hemos denunciado ese decreto.

PROA+ y más allá. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Se amplía el PROA+. Todos sus nombres son tremendamente positivos, transformadores y motivadores: PROA+ Transfórmate, Programa Impulsa, Proyecto de Innovación, de Inclusión… Las palabras, por sí solas, no construyen la realidad aunque la pueden maquillar y condicionar. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Este curso, los centros han sabido que habían sido elegidos hace nada, por lo que apenas han dispuesto de tiempo para solicitarlo —incluida la elaboración de un proyecto de Innovación que hay que grabar en Séneca—. Además, han de hacerlo a ciegas, sin saber la dotación que tendrán (la consejería dará dinero a 687 centros). Esto posibilita que haya empresas externas “especializadas” que hagan los proyectos: presentan presupuestos ajustados a las ayudas. Una vez visto el listado publicado por la Junta, se ofrecen directamente a los colegios e institutos. Para cada actividad que vaya a realizar, el centro debe pedir (por la ley de transparencia) tres presupuestos. De este modo, el profesorado se convierte en gestor económico, gastando un tiempo y unas energías que mejor emplearía en otros menesteres.

Asimismo, se les impone un tope para material inventariable. La guinda es que personal externo —pagado con esos fondos— va a entrar en las aulas para trabajar en las tutorías, por ejemplo.

Es importante destacar que existen las denominadas actividades/actuaciones palanca, que modifican el Proyecto Educativo de Centro. Lo cual no es cosa menor, sino de gran calado. Sin embargo, no hay continuidad para el personal ni tampoco está claro qué ocurrirá con esos cambios cuando no haya dinero. ¿Cómo pretenden que los centros modifiquen el PEC, con el trabajo que supone para los claustros y equipos directivos, si después ese personal “extra” con quien poner en marcha esas actuaciones palanca no va a continuar en los mismos?

El pastel de los fondos sociales se lo quieren repartir las empresas, que acuden como moscas. Las multiservicio, en manos de quienes dirigen el país, acabarán llevándose la mejor parte (como ocurre con las escuelas infantiles) y explotando a sus trabajadores. El despilfarro, la mala gestión y la privatización de los servicios están garantizados.

Proa, popa, babor y estribor

Alguien ha perdido el timón de la nave en Torretriana y en el ministerio. Es tal la improvisación que los plazos previstos hasta junio han tenido que ampliarlos a diciembre porque los centros han sido autorizados, pero no se les ha ingresado el dinero. Entretanto, no hay dinero ni medidas para la disminución de ratios (generalizada) ni para garantizar la doble docencia en centros que por sus características lo precisen —para que sea efectiva: con una hora para coordinación de las parejas de docentes—. Se recibe la información con cuentagotas, con oscurantismo. Mientras, los centros con necesidades sufren la maldición bíblica de no poder contar con todo el personal que merecen.

Por eso, en CGT tenemos claro que, además de la imperiosa necesidad de bajar las ratios en las aulas de todos los niveles educativos, hacen falta muchos profesionales: de educación y trabajo social, de orientación, de mediación comunicativa, intérpretes de lengua de signos, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, personal sanitario… Usen el dinero para contratarlos directamente desde la consejería y darles estabilidad en los centros. Parchear y externalizar no son una solución.