Organizaciones ecologistas reclaman poner fin a los vertidos de aguas fecales al río Guadalix

El río Guadalix está declarado espacio protegido Red Natura 2000, pero esta protección no ha supuesto ningún impedimento para que, al menos desde 2004, se viertan las aguas residuales procedentes de los complejos residenciales Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes) y Santo Domingo (Algete), que se localizan junto a la autovia A1, en las cercanías del circuito del Jarama-RACE. Durante estos años, el aspecto del tramo bajo del río Guadalix, antes de su confluencia con el río Jarama, es más propio de una cloaca a cielo abierto, con malos olores, materia grasa y la práctica desaparición de todo rastro de vida acuática.

Los vertidos proceden de las plantas de tratamiento de aguas residuales de estas urbanizaciones que deberían depurar el agua. Pero la realidad es que son instalaciones insuficientes y obsoletas que vierten al río un efluente contaminado. Esta situación, es conocida por las administraciones competentes en la gestión del cauce del río -la Confederación Hidrográfica del Taho (CHT)- y sus márgenes -la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid-. Desde 2004 la CHT viene sancionando periódicamente a estas urbanizaciones con multas que no sobrepasan los 9.000 euros, a pesar de que en ocasiones los vertidos superaban hasta en seis veces los parámetros permitidos, como sucedió en 2010. Una práctica más parecida al pago de una tasa, a cambio del derecho a contaminar un ecosistema protegido, que una medida disciplinaria.

Entre otros efectos sanitarios y medio ambientales, estos vertidos de aguas fecales han acabado con la vida acuática e impiden la recuperación de la fauna ictícola procedente del cercano río Jarama. El resultado es un empobrecimiento de la biodiversidad en todo el tramo bajo del Guadalix, desde el embalse de Pedrezuela, con repercusiones sobre especies de fauna especialmente protegidas como la nutria.

Las organizaciones ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, ante la pasividad de las administraciones competentes, han denunciado los hechos a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

Los ríos madrileños, salvo los tramos altos, no tienen un buen estado de conservación. Es necesario que tanto la Consejería de Medio Ambiente como la CHT cumplan con sus obligaciones en conservación y prevención sanitaria, así como garantizar el buen estado ecológico de los ríos al que obliga la Directiva Marco de Aguas. Es inaceptable la actitud tolerante ante las infracciones que estas administraciones vienen practicando desde hace quince años, en el caso de estos vertidos.