Ecologistas en Acción: «Miles de instalaciones en riesgo de inundación en Madrid por la permisividad institucional»

Las situaciones de inundaciones que vienen dándose en estos días en la región de Madrid responden a la mala planificación urbanística realizada, especialmente, en los últimos cuarenta años. Urbanizaciones, barriadas, viviendas aisladas, instalaciones deportivas y de ocio, bibliotecas o depuradoras, han sido edificadas en suelos inundables sin que las autoridades quisieran reparar en los riesgos que eso podría suponer. Según la legislación vigente ninguna nueva edificación así como infraestructuras públicas esenciales puede construirse en zonas inundables. De igual manera el artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obliga a la retirada de las construcciones en situación de riesgo.

A pesar de estar identificadas estas zonas de riesgo, según marca la normativa, a través de mapas elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica, las autoridades hacen ojos ciegos a esta realidad. Las corporaciones municipales son responsables de elaborar y autorizar el planeamiento urbanístico en estas zonas; el gobierno regional tiene la responsabilidad de aprobarlo posteriormente; y la Confederación Hidrográfica del Tajo es responsable de dar la autorización pertinente para construir en zonas de influencia fluvial.

Ejemplo de la mala planificación urbanística son las inundaciones del municipio de Arganda del Rey. La calle Real y su plaza, así como la prolongación de estas, se encuentran en la caída natural de las aguas torrenciales procedentes de tres barrancos. Estas inundaciones vienen conociéndose desde el siglo XVII. Los crecimientos urbanísticos de Arganda realizados en los treinta últimos años no han tenido en cuenta esta realidad.

Por desgracia existen multitud de ejemplos de municipios madrileños que cuentan con zonas identificadas de riesgo para la población en caso de inundación. Son situaciones que se producen en todas la cuencas de los ríos madrileños. Algunos de los casos son los siguientes:

– Coslada-San Fernando de Henares. Los barrios e instalaciones industriales construidas junto a la ribera del río Jarama (es decir, en su zona histórica de inundación) cuentan con unas 3.100 personas en riesgo, según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio para la Transición Ecológica.

– Alcalá de Henares. Más de 22.000 personas en riesgo según la información oficial. Gran parte del barrio de la Virgen del Val así como su polideportivo, biblioteca o casa de la juventud se encuentran en zona inundable con riesgo para la población. Muchas de las viviendas de la zona han sido construidas en los últimos 20 años.

– Tielmes. El municipio de la vega del Tajuña con mayor zona de riesgo. Existen 121 habitantes en riesgo. Hay que destacar en zona inundable el Molino de Cantarranas, instalación para eventos situada en el dominio público hidráulico.

– Algete. Parte de la urbanización Santo Domingo, con polideportivo incluido, están en la zona inudable del río Guadalix. Las casas han ocupado toda la llanura fluvial. 138 habitantes en riesgo según los datos del Ministerio.

– Pelayos de la Presa. Parte del municipio ha sido construido sobre dos arroyos subsidiarios del río Alberche. En total 94 personas en riesgo.

– Móstoles-Navalcarnero-Villaviciosa-Arroyomolinos. Junto al río Guadarrama, se ubica la barriada ilegal de las Sabinas. Casi un millar de personas en riesgo.

Sólo, teniendo en cuenta estos ejemplos, 25.453 personas viven en situación de riesgo declarado por inundación, según cifras de la propia administración.

A pesar de la problemática social y ambiental ligada a la permisividad de construir en zonas de inundación y de dominio público, el Gobierno regional y los gobiernos municipales no han cesado de autorizar proyectos. Actualmente son muchos los proyectos en tramitación en estas circunstancias, siendo algunos de los más representativos los siguientes:

– Centro ferial Isla del Colegio en Alcalá de Henares. Se trata de una zona agrícola rodeada, al este por un meandro del río Henares y al oeste por un canal de riego. Se sitúa próxima al casco histórico de la ciudad, en un espacio protegido Red Natura. En 2006, Bartolomé González, exalcalde de la ciudad y recientemente nombrado asesor de la Consejería de Vivienda y Administración Local, bajo el eufemismo “Area de usos múltiples de la ordenación paisajista de la Isla del Colegio” autorizó la construcción un recinto ferial, en zona inundable. El proyecto cuenta con tres sentencias que lo anulan por carecer de evaluación de impacto ambiental, dando la razón a Ecologistas en Acción Alcalá de Henares. A día de hoy, el recinto ferial sigue en pie y el pasado mes de agosto acogió diversos conciertos en las fiestas de la ciudad.

– Plan General de Ordenación Urbana de Perales de Tajuña. Un municipio del sureste madrileño. El caso histórico está atravesado por el arroyo de la Vega del Lugar que se inunda periódicamente. Según la información oficial hay 37 personas en situación de riesgo. Aún así, desde 2006, los sucesivos gobierno municipales llevan intentando aprobar un nuevo plan general planteando el entubamiento del arroyo para construir sobre el cauce y su zona de inundación. De hecho en 2016, se construyó la plaza de toros en zona inundable, con subvención de la Comunidad de Madrid.

– Colegio en la finca Valdelospiés en Manzanares el Real. El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Manzanares el Real, presentó un plan especial para construir un colegio público, en una fresneda protegida, incluida en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que limita con la lámina de agua del embalse de Santillana (río Manzanares) y que en los meses más lluviosos se inunda, dada su proximidad al embalse. A pesar de las denuncias y oposición de Ecologistas en Acción, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, simplemente argumenta que es un cuestión de competencia municipal.

Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo llaman a la responsabilidad de todas las autoridades competentes para hacer cumplir la normativa de aguas. En especial hay que evitar cualquier construcción o vivienda en zonas inundables, así como recuperar el espacio fluvial que ha sido hurtado a ríos y arroyos.