STEs-Intersindical define la Lomloe como “la ley que iba a ser el eje vertebrador para la pública y que ha acabado generando rechazo en el profesorado”

“La promesa de ley progresista que consolidaba la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo a través de la equidad y la inclusión se ha transformado en un sentimiento de decepción y rechazo que genera malestar entre una gran parte del profesorado”.De esta forma se ha referido hoy la confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical en rueda de prensa a la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que, durante este curso 2023-2024, estará vigente en Infantil, Secundaria y Bachillerato con la implementación del desarrollo curricular en los cursos pares.

Además de esta valoración global, desde STEs-Intersindical han realizado una valoración de los principales retos que tiene que afrontar el modelo público de educación en un curso escolar 2023-2024 cuyo alumnado es superior a los 8,3 millones y que cuenta con más de 760.000 docentes repartidos en 28.000 centros en toda España. Precisamente,“la progresiva burocratización que tiene que afrontar este profesorado y que lo aleja de la propia actividad pedagógica”ha sido una de las reivindicaciones principales del grupo sindical. La formación que tienen que afrontar estos profesionales fuera de su horario lectivo, relacionada por ejemplo con las habilidades de liderazgo o inteligencia emocional se ha convertido en otra de las reivindicaciones destacadas por la entidad, que aboga por apostar por profesionales especializados en estos ámbitos.

Respecto al proceso de universalización del primer ciclo de infantil y su gratuidad, STEs-I se ha mostrado tajante, afirmando que esta implementación se ha realizado“mediante unos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación que han permitido financiar a terceros a través de convenios y con unas maniobras privatizadoras impropias de un gobierno progresista”. En esta misma línea, la entidad también ha puesto el foco en la preocupación por la nueva Formación Profesional, cuya movilización presupuestaria asciende a 2.075 millones de euros en tres años y que “ha activado el interés de quienes se arrogan la titularidad de interlocutores sociales e incluso de fondos de inversión que han comprado academias privadas”.

La denominada educación por competencias también ha sido objeto de críticas por parte de STEs-I, que afirma que se trata de un modelo en el que el crecimiento y la competitividad de las empresas se ha convertido en un elemento fundamental:“Se está produciendo un encubrimiento en el que, a partir las demandas de los empleadores, se quieren transmitir opciones pedagógicas sensatas. En realidad, se está poniendo a la escuela y a la enseñanza al servicio de los mercados”. Se trata de una tendencia que relacionan, por ejemplo, con la apuesta por sistemas informáticos que“han pasado de ser un medio para convertirse en un fin”. En contraposición a este modelo, esta organización sindical ha reivindicado trasladar la inversión desde lo tecnológico hacia los recursos humanos en un momento en el que“todas las comunidades autónomas están teniendo problemas para encontrar docentes en determinadas especialidades”.

Un cierre de unidades escolares que“se ceba con la educación pública”

Durante los últimos años, se han perdido un total de más de 300.000 alumnos únicamente entre las edades de infantil y primaria. Sin embargo, tal y como han remarcado desde este grupo, el cierre de unidades fruto de este dato únicamente afecta a la educación pública, ya que“los conciertos firmados, al menos con carácter cuatrienal, siguen blinando a la privada concertada”. Además de lamentar ese proceso de competencia por las matrículas de los alumnos, STEs-I ha destacado en todo este proceso el excedente presupuestario fruto de la falta de alumnado. Respecto a esta nueva situación, ha planteado aprovecharla para reducir las ratios de las clases o para potenciar la co-docencia para poder adecuarse de la mejor forma posible a la diversidad del alumnado.

En cuanto a las principales preocupaciones a las que se ha referido esta entidad, destaca la“ola privatizadora que deja entrever la conformación de los nuevos gobiernos autonómicos mayoritariamente conservadores”. Concretamente, se ha puesto el foco en una serie de márgenes concretos que deja la LOMLOE y que implican medias concretas como son la gratuidad del ciclo de infantil, los cheques escolares o las becas para la Formación Profesional privada.

La visibilización de los errores en las adjudicaciones del personal docente también se ha puesto sobre la mesa. Principalmente, por la“carrera de obstáculos administrativa”que tuvieron que afrontar en primera instancia las 40.000 personas que obtuvieron plaza por el concurso de méritos extraordinario, pero también por una serie de fallos en procesos concretos como la presentación de solicitudes a la baremación de méritos.

STEs-Intersindical también ha recordado la obligación de reducir la tasa de interinidad de más del 30% a una cercana al 8%, una medida que obedece a una sentencia europea que todavía no se ha cumplido. En relación con esto, el grupo ha destacado el esfuerzo de la mayoría de aspirantes con plaza, que finalmente han acabado a muchos kilómetros de distancia de su residencia familiar y que no pueden solicitar comisiones de servicio por conciliación o excedencias por cuidado de hijos hasta, al menos, el curso 26-27. Los constantes cambios de cuerpo fruto de los reales decretos de la integración de FP, o la desinformación de los profesionales de sus destinos de trabajo hasta escasos días antes del comienzo de curso han sido otras de las reivindicaciones efectuadas por STEs-I.