10 constructoras están presentes en 7 de cada 10 euros adjudicados en el BOE desde 2009 en contratos de obra pública

La Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones por medio de la tecnología y el periodismo, presenta hoy ¿Quién cobra la obra?, una investigación que muestra y analiza por primera vez todos los contratos de obra pública publicados en el BOE entre 2009 y 2015. En la web quiencobralaobra.es, cualquier persona puede acceder a información detallada de 8.058 contratos, que suman 38.828 millones de euros.

La Fundación Civio, que obtuvo el Premio Gabriel García Márquez 2016 de periodismo investigando la brecha global en el acceso a medicamentos esenciales, lanza esta iniciativa para aportar luz y transparencia a la contratación de obra pública, en el centro de causas judiciales abiertas por irregularidades asociadas a corrupción urbanística y financiación ilegal de partidos.

En ¿Quién cobra la obra?, cualquier usuario puede acceder fácilmente a fichas individuales de 2.489 grupos constructores, que incluyen a 2.664 empresas. Cada una muestra qué administraciones les han adjudicado mayores contratos, el procedimiento utilizado y la evolución temporal de los mismos. También figura un desglose de los contratos recibidos directamente y de aquellos obtenidos a través de las uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa. Respecto a la autoridad adjudicadora, las fichas de 312 administraciones públicas muestran tanto los contratos que han adjudicado como los grupos constructores más beneficiados por ellas a través del boletín oficial.

¿Quiénes son los reyes del ladrillo?

Más de 2.600 empresas han recibido contratos de obra publicados en el BOE entre 2009 y 2015, pero los datos extraídos y analizados por Civio revelan que los diez grandes grupos constructores españoles han estado presentes en siete de cada diez euros de adjudicaciones de obra desde 2009. O, en lo que es lo mismo, en 23.871 millones del total de 38.828 millones adjudicados.

Como revela ¿Quién cobra la obra?, el grupo ACS lidera la clasificación tanto en solitario como sumando las UTE en las que participa, y está presente en uno de cada diez contratos analizados de los últimos siete años. Tras el Ministerio de Fomento, sus mayores contratistas son el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. “De los siete años analizados, solo en dos de ellos ACS fue rebasado por sus competidores en la obtención de contratos públicos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “En 2012 por Ferrovial, gracias, en buena parte, a la adjudicación de varios tramos del AVE a Galicia; y en 2011 por Acciona, con la construcción del nuevo hospital de Teruel y la lonja del puerto de Ribeira, en A Coruña”. Entre las administraciones licitadoras, el País Vasco es la comunidad autónoma que ha adjudicado un mayor volumen de dinero en contratos de obra pública en este periodo de entre los publicados en el BOE. Entre administraciones locales, destaca el Ayuntamiento de Madrid.

Una radiografía precisa de la obra pública

La investigación de Civio revela cómo desde 2009, año en que las administraciones públicas repartieron 14.000 millones en 2.407 adjudicaciones de obra vía BOE, esa cifra ha disminuido año a año (9.563 millones adjudicados en 2010, 4.685 en 2011, 3.202 en 2012), hasta llegar a su cifra más baja en 2013 (con 1.326 millones de euros en contratos). Pese al repunte que muestran los datos a partir de entonces, nunca se han alcanzado de nuevo las grandes cifras de la época dorada de la obra pública.

Los contratos analizados entre 2009 y 2015 van de los 4.306 euros a más de 336 millones, el precio de adjudicación de las obras de la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona. De hecho, de las 30 mayores obras, 18 se han destinado a la alta velocidad, entre estaciones, plataformas, vías y otras infraestructuras ferroviarias.

La opacidad del porcentaje societario en las UTE

Del total del importe adjudicado, el 40,8% se lo llevaron empresas que se presentaron en solitario y el 59,2% fue a parar a Uniones Temporales de Empresas (UTE). La importancia de estas estructuras, con niveles de opacidad mayores que los de cualquier otra empresa, es más evidente en las grandes obras públicas. De hecho, de los 2.489 grupos empresariales analizados, solo 1.327 se presentaron siempre en solitario. Del resto, 1.162 están en alguna UTE y 641 solo se presentan de esa forma, nunca por sí solos. “Pese a que los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el Registro Mercantil, los de las UTE, sociedades nuevas que se crean expresamente para contratar con la administración, permanecen bajo candado de la administración”, explica Eva Belmonte. En última instancia, el Consejo de Transparencia desestimó el recurso presentado por Civio para conocer el porcentaje societario dentro de cada UTE.

Una iniciativa ciudadana que supone un paso más hacia la transparencia

“Lo que el usuario encontrará hoy en ¿Quién cobra la obra? es una investigación a fondo sobre la obra pública adjudicada vía BOE en los últimos siete años, acompañada por una gran base de datos y un primer acercamiento de Civio al ámbito de la contratación pública, con artículos y materiales didácticos”, explica Belmonte. “Todos estos datos y el aprendizaje obtenido nos permitirán abrir nuevos frentes para trabajar por una contratación pública más transparente y hacer nuevas investigaciones, que iremos publicando en los próximos meses”, añade la responsable de proyectos de Civio.

MÁS INFORMACIÓN: http://quiencobralaobra.es