En Comú Podem pregunta al Gobierno sobre la reordenación de los juzgados de violencia sobre las mujeres

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aprobado una «Propuesta de especialización, comarcalización y provincialización de órganos judiciales en Cataluña», en la que se propone al Gobierno español una reordenación de los juzgados de violencia sobre las mujeres. Es decir, la supresión de juzgados de violencia de género del territorio catalán, cediendo las competencias a otros juzgados. Hasta el momento no consta que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia se hayan pronunciado al respecto.

Ante este hecho la diputada de En Comú Podem y vocal de la comisión de Igualdad, Mar García Puig y el diputado de En Comú Podem y portavoz de la comisión de Justicia, Jaume Moya, han presentado hoy una serie de preguntas dirigidas al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo esta deslocalización-centralización de los juzgados de violencia sobre la mujer en Cataluña? ¿Cree el Gobierno que esta propuesta puede realmente ser compatible con la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Es consciente el Gobierno que aprobar esta reforma puede suponer un obstáculo, al dificultar el acceso a la justicia, a la protección de las mujeres que sufren la violencia machista? Y ¿Cree el Gobierno que son políticas de este tipo, que atacan los derechos de las mujeres y suponen un retroceso, las que se necesitan para luchar contra la violencia machista?

Para la diputada Mar García «la supresión de estos juzgados supondría dejar a las mujeres víctimas de violencia machista sin protección institucional» y además es una vulneración de los derechos de las mujeres por parte de un gobierno «que nos tiene acostumbradas a los recortes en la lucha contra la violencia machista». Por su parte el diputado Jaume Moya considera que «no se puede admitir que se pretenda dar respuesta a la falta de medios de los juzgados y de la saturación de causas retirando competencias a los juzgados de partidos judiciales del territorio». Es especialmente grave, afirma, cuando se trata de los más alejados de la capital de la provincia: «La respuesta debe ser dotar de medios humanos, técnicos y logísticos, no recortar garantías procesales y tutelas judiciales a las víctimas».

En Comú Podem considera la reordenación un paso más en el proceso de recortes que en los últimos años han sufrido las políticas en la lucha contra la violencia machista y, en concreto, los juzgados de violencia de género. Unos recortes que han incidido directamente sobre un presupuesto ya precario e insuficiente. Desde el año 2003, son más de 900 las mujeres asesinadas por violencia machista en el Estado español.