Los trabajadores y trabajadoras temporales reclamarán en Bruselas que España cumpla la normativa europea

Comunicado

Una delegación representativa de las Plataformas de Empleados Públicos Temporales de toda España toma la decisión de poner en evidencia en Europa la falta de voluntad política en España para solucionar la acuciante situación por la que están pasando 800.000 trabajadores/as de todas las administraciones públicas españolas. Un esfuerzo más para ser escuchados en primera persona por miembros de las instituciones europeas, cuestionando si somos o no ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea.

El poder legislativo en nuestro país parece estar al margen de la prevalencia del Derecho europeo, que ha sido reiteradamente defendido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que ya están empezando a aplicar los tribunales nacionales. Un ejemplo lo tenemos en las 10 últimas sentencias publicadas esta semana de juzgados, tanto del Contencioso administrativo, como de lo Social, de Madrid, Galicia y Barcelona, que han dotado de Estabilidad en el empleo a funcionarias interinas y personal laboral en situación de abuso de temporalidad, simplemente aplicando la normativa y la jurisprudencia europeas ante la falta de medidas legislativas en España que sancionen estos abusos en el sector público.

Con los permisos oportunos de las autoridades belgas, los trabajadores y trabajadoras temporales se manifestarán en una concentración frente al Parlamento Europeo los días 16 a 18 de noviembre, queriendo llamar la atención de las Instituciones Europeas sobre el hecho de que, además de Polonia, hay otros Estados Miembros, que siguen sin aplicar el Derecho de la Unión en su toma de decisiones.

Gracias a la colaboración del Eurodiputado del Grupo Ciudadanos Europa, Jordi Cañas, se ha cerrado una reunión de portavoces de la Unión de Plataformas de trabajadores y trabajadoras temporales, con eurodiputados de Ciudadanos, Grupo Popular, Vox, Grupo Socialista y PNV, con el objetivo de denunciar ante los europarlamentarios, que las medidas implementadas por el Gobierno de España en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para reducir la temporalidad en el Sector público al 8%, se basan en el despido (cese) de estos empleados, mediante procesos selectivos de nuevo acceso a la Administración que nada tienen que ver con establecer una sanción por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Estas medidas NO CUMPLEN CON LA DIRECTIVA 1999/70/CE, NI CON LAS REITERADAS SENTENCIAS DEL ALTO TRIBUNAL EUROPEO, NI CON LA RESOLUCIÓN DE MAYO DE 2018 DICTADA POR EL MISMO PARLAMENTO EUROPEO que ahora les recibe.

Así mismo, por motivo de agenda, tendrán lugar a distintas horas, otras reuniones con eurodiputados de Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem y Podemos. Se aprovecharán también las reuniones para recabar información sobre el estado de la tramitación de los dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra el Reino de España.

La Comisión ha recibido miles de denuncias de trabajadores temporales afectados por la falta de transposición en el Sector Público español de la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco, acumuladas en el CHAP (2013) 01917 y CHAP (2014)4224. La última respuesta de la Comisión Europea ante estas denuncias recalca que siguen vigilantes esperando que el texto resultante de la Ley que actualmente se encuentra en tramitación cumpla con la Directiva y las sentencias del Tribunal de Justicia. La publicación de esta Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público es uno de los hitos que debe cumplir el Gobierno de Pedro Sánchez antes de final de año para recibir el pago de una nueva partida de los Fondos “Next Generation” en 2022.

El objetivo último de estas reuniones es conseguir un compromiso por parte de los europarlamentarios españoles de medidas concretas y acciones específicas que ayuden a poner fin a una situación que después de 30 años todavía sigue sin solución; los trabajadores y trabajadoras temporales han sido y siguen siendo las víctimas del abuso de contratación temporal en las administraciones públicas españolas, y sus derechos laborales en nada se parecen a los de los servidores públicos de otros Estados Miembros protegidos por la Directiva y su Acuerdo Marco.

Se ha hecho público el texto definitivo del Proyecto de Ley que se continuará tramitando y que tiene todavía la oportunidad de mejorarse en el Senado. Es un primer paso adelante que permitirá estabilizar justamente a muchos compañeros temporales, pero sigue sin cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No define cuando un trabajador está en abuso de temporalidad ni concreta la sanción que se debe imponer a las Administraciones incumplidoras y sigue castigando a los trabajadores y trabajadoras temporales y al ciudadano por la mala praxis de las Administraciones públicas.

Las medidas acordadas podrían dejar fuera de la solución a miles de empleados públicos inmersos en las convocatorias en marcha de 2017 y 2018 a pesar de cumplir con los requisitos necesarios para beneficiarse de esta nueva Ley obligándoles a recurrir de nuevo a las instancias judiciales para defender sus derechos.

Nos encontramos en un momento decisivo que debería saber aprovechar el Gobierno español. Con las medidas acordadas en la tramitación del Proyecto de Ley se ha dado un primer paso, pero la Ley está muy lejos todavía de cumplir con la Normativa Europea. El PSOE y sus socios de Gobierno y el resto de las formaciones políticas tienen en sus manos mejorar esta Ley para que cumpla la Directiva y poder cerrar los procedimientos de infracción abiertos evitando tener que pagar nuevas sanciones a Europa y evitar retrasos en los pagos de los Fondos de Reconstrucción.

El Estado Español no puede permitirse el lujo de dejar pasar esta oportunidad para reducir la temporalidad logrando la estabilidad de sus empleados públicos sin ningún coste para el Estado, manteniendo su experiencia y seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad demostrando al resto de Europa que España no es Polonia.