Enrique Santiago considera que la Fiscalía debe esclarecer si Rajoy estaba perfectamente informado de la trama corrupta de Interior en la denominada ‘Operación Cataluña”
- El portavoz parlamentario de IU y portavoz en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar alerta de la “gravedad” de las nuevas revelaciones en este caso y tacha de “sorprendente” que el PP utilizara los medios y resortes gubernamentales “para perseguir no solamente a otras fuerzas políticas sino también, por ejemplo, al fiscal jefe en Cataluña hasta que consiguieron hacerle dimitir o para coaccionar a instituciones privadas” como bancos fuera de nuestro país.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, considera que la Fiscalía debería actuar para esclarecer si el ex presidente del Gobierno del Partido Popular Mariano Rajoy estaba absolutamente informado de la presunta trama corrupta de la denominada ‘Operación Cataluña’ que habría espiado ilegalmente a políticos independentistas, empresarios y hasta a destacados miembros de la judicatura, según revelan las últimas informaciones publicadas en distintos medios de comunicación.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, Santiago ha alertado de la “gravedad” de estas revelaciones sobre este caso y el protagonismo que han tenido en él destacados dirigentes del partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo.
El PP ha usado al Min. Interior para espiar a compañeros, perseguir otras fuerzas políticas, coaccionar bancos y crear informes policiales fraudulentos.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) January 16, 2024
Según la reforma del art. 31 del Código Penal acordada por el Partido Popular, esto sería motivo de disolución del partido. pic.twitter.com/HVwHBV1R3T
Tachó de “sorprendente” que el Partido Popular utilizara los medios y resortes nada menos que del Ministerio de Interior “para perseguir no solamente a otras fuerzas políticas sino también, por ejemplo, al fiscal jefe en Cataluña hasta que consiguieron hacerle dimitir o para coaccionar a instituciones privadas” como bancos fuera de nuestro país “con el fin de que les dieran documentos falsos, no ajustados a la realidad, para establecer informes policiales también fraudulentos”.
“Tenemos mucho interés -dijo- en que se llegue hasta el fondo del asunto y se determinen las responsabilidades, obviamente de las fuerzas políticas”, explicó en clara alusión a los ‘populares’.
Enrique Santiago empleó su amplio conocimiento de la legislación para ironizar sobre algunos posibles delitos que se habrían cometido en esta trama y que serían posteriores a la reforma del Código Penal que impuso el PP en 2015. Estos harían responsables penalmente a personas jurídicas, incluido al propio Partido Popular, en el caso de que se le aplicara la ley como el partido de Núñez Feijóo quiere que se le aplique a otros partidos para justificar su ilegalización.
El PP siempre utiliza en interés propio las instituciones del Estado que controla.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) January 16, 2024
Como sucede desde hace 5 años con el secuestrado #CGPJ que no quiere renovar, o como ha demostrado el caso #Kitchen, usando recursos públicos para eliminar pruebas de su financiación irregular. pic.twitter.com/u2dXx4Efyh
De esta forma, aseguró que si se aplicara al PP en la ‘Operación Cataluña’ el mismo criterio que la derecha defiende para ilegalizar partidos que apoyan la amnistía, “probablemente sería causa de su disolución”, aunque recordó que llegar a estos extremos “no nos parece un método sensato” para ningún caso.
No obstante, Santiago insistió en que estas actuaciones irregulares que presuntamente alcanzan a Mariano Rajoy no se pueden quedar “impunes” en un Estado de Derecho, por lo que apuntó que “esperemos que el Partido Popular no siga utilizando las instituciones con fines particulares”.
Preguntado sobre si se debería citar a declarar a Rajoy en una comisión parlamentaria de investigación sobre esta ‘Operación Cataluña’ indicó que su grupo lo “estudiaría”, pero abogó en primer lugar que sea la Fiscalía la que actúe.
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