Antonio Maíllo constata junto a Unai Sordo el “máximo grado de coincidencia” entre IU y CCOO que incluye la exigencia de tramitar la reducción de la jornada laboral “por vía de urgencia” 

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido la necesidad de que aprobar cuanto antes la reducción de la jornada laboral, que ha tachado de “histórica”, aún si es posible “con el consenso de todos los agentes sociales”. No obstante, ante la imposibilidad de esto último por las continuas zancadillas de la derecha y la extrema derecha política y económica, subrayó que “debe tramitarse por la vía de urgencia, la única que puede permitir que sea una realidad no solo en esta legislatura, sino antes del 1 de enero de 2026”.

Para @IzquierdaUnida, la reducción de la jornada laboral es un compromiso claro del acuerdo de investidura y con las organizaciones sindicales.

Cumplir estos pactos es clave para garantizar la estabilidad de la legislatura y avanzar en derechos laborales. pic.twitter.com/3TKhJVFN1C

— Antonio Maíllo 🇪🇭🔻 (@MailloAntonio) January 16, 2025

Maíllo mantuvo una reunión ayer con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, por espacio de algo más de una hora en la sede confederal del sindicato. En el encuentro constataron lo que el responsable de IU calificó como “máximo grado de coincidencia” entre ambas fuerzas en las principales cuestiones económicas del momento. Ahí están no solo la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, también el alcance de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y su fiscalidad, el contenido de la reforma de las pensiones pendiente aún de ratificar y la necesidad de que se presenten y aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
 
“Debemos celebrar -expuso en declaraciones tras el encuentro- que se abre paso esta postura (la reducción de la jornada), la única posible dentro del marco de cumplimiento del acuerdo del pacto de investidura”.

Indicó que al “desatascar” este tema permite una “mayor audacia legislativa y ofensiva política” para “centrarnos en otros aspectos que nos preocupan enormemente”, entre ellos “el debate de los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación y la subida del SMI”.

Sobre el salario mínimo interprofesional incidió en que “hay una absoluta coincidencia por una razón: tiene reflejo político si hay una traducción material de que el salario neto que llega a los trabajadores/as tiene la subida que se especifica y compensa la decisión o no de la exención del mínimo en términos del Impuestos de la Renta (IRPF)”, es decir, que el SMI suba lo necesario en 2025 para que quienes lo cobran no pierdan poder adquisitivo en el caso de que Hacienda decida que algunos pasen a tributar por este ingreso.

En cuanto a que el Gobierno de coalición consiga sacar adelante los PGE para 2025, en un contexto de falta de apoyo por parte de la derecha independentista catalana de Junts, Maíllo dejó claro que “los Presupuestos tienen que elaborarse cuando se gobierna”, porque “es la expresión de tu voluntad política en cifras”. Por tanto, más allá de que puedan ser aprobados o no “la sociedad tiene que saber cuál es la posición de cada grupo” frente a las cuentas públicas para que no haya ninguna duda.

Antonio Maíllo apuntó también que estos Presupuestos deben recoger los “elementos centrales” de las políticas que quieren desplegar las formaciones que integran o apoyan al Ejecutivo, de manera muy especial en los que se refiere a la vivienda. Aquí, adelantó que Izquierda Unida ha solicitado formalmente una reunión a la ministra Isabel Rodríguez, entre otras cuestiones para trasladarle las propuestas presentadas por esta formación ya desde octubre de 2024 e intercambiar puntos de vista sobre las que defiende el PSOE.

Satisfacción de CCOO

Unai Sordo, por su parte, manifestó la satisfacción de CCOO con los términos del acuerdo alcanzado con el Gobierno en materia de reducción de jornada. “Instamos a su tramitación -dijo-, primero en el Consejo de Ministros y luego en el Congreso, a través de un proyecto de ley que necesariamente tiene que ser de urgencia”. Al igual que Maíllo, apostilló que debe ser así para que “el acuerdo entre en vigor en 2025, de modo que a 1 de enero de 2026 el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en España tengan como máximo una la jornada laboral de 37,5 horas semanales”.

Sordo aclaró que “respetamos los tiempos políticos, pero la posición del sindicato es clara: ni vamos a renegociar el acuerdo, ni vamos a admitir, al menos sin la crítica sindical, la modificación del mismo. Cuando haya un proyecto de ley y se someta a las enmiendas y propuestas de los grupos parlamentarios, ya veremos cómo se sitúa cada uno, y estaremos vigilantes con que no se desnaturalice lo que hemos pactado”.

En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, indicó que “tiene que situarse en los términos que establece la Carta Social Europea, el 60% del salario medio neto”. Por eso, el líder de CCOO detalló que “si el Gobierno dice que no se va a subir el mínimo exento de la cotización al IRPF, implica que pidamos un incremento mayor del SMI, con la idea de que en cualquier tratamiento fiscal que tenga el ingreso del SMI se garantice que lo que la persona trabajadora se lleva en la nómina, neto, es ese 60%”.

“No demonizamos que se cotice IRPF por los ingresos obtenidos, pero que no sea a costa de que las personas trabajadoras vean disminuidos sus ingresos”, sentenció.