«CCOO demanda a la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus declaraciones de descrédito contra los y las profesionales de Atención Primaria»

CCOO demanda a la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus declaraciones de descrédito contra los y las profesionales de Atención Primaria. El sindicato reclama, en nombre de los y las profesionales de la Sanidad madrileña, que la presidenta se retracte públicamente y una indemnización simbólica de un céntimo de euro

CCOO Madrid ha interpuesto una demanda de conciliación ante el juzgado de Primera Instancia de Madrid contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que se retracte de las declaraciones vertidas contra los y las profesionales que prestan sus servicios en los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Ayuso desacreditó a este colectivo, a través de una emisora de radio con una audiencia de 757.000 oyentes. Sus palabras ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los y las profesionales del primer nivel asistencial de la Sanidad Pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias. Las dudas las trasladó la presidenta de la Comunidad de Madrid a la opinión pública, en el pico de la sexta ola de la pandemia, y cuando los centros de salud estaban colapsados y desbordados por la crecida exponencial de contagios.

Las manifestaciones no solo provocaron daño moral y mala reputación a los y las profesionales de la Atención Primaria sanitaria, sino que además tuvieron graves consecuencias que se materializaron en una concatenación de agresiones por parte de usuarios contra profesionales y medios materiales de los centros de salud, hechos que han sido documentados por CCOO para fundamentar la demanda.

Carentes de toda verdad

Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, “absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad”, según CCOO, máxime cuando desde el inicio de la pandemia por la COVID-19 su propio gobierno ordenó el cierre de 37 SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) lo que dio lugar a dejar desatendida a la población en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados.

Además, debido a la falta de personal, se cerraron -de manera puntual- consultorios locales; en numerosos centros de salud el SERMAS activó el Plan de Contingencias que permite el funcionamiento del centro de salud, únicamente con un médico y con personal auxiliar administrativo, personal auxiliar de enfermería y enfermeras. En estos centros, sus responsables reorganizaron la atención solo para los pacientes urgentes, dejando de atender la consulta ordinaria.

En ocasiones, el Gobierno de Ayuso decidió dejar los centros de salud sin cobertura médica siendo atendidos solo por el personal auxiliar administrativo y de enfermería. De una plantilla total de 14.788 profesionales de todas las categorías, a fecha 3 de enero de 2022 (fecha más próxima a las declaraciones), estaban de baja médica por coronavirus 465 profesionales sin sustituir, eso sin contar con las numerosas bajas laborales por contingencias comunes tales como: ansiedad, depresión, etc., de las que el SERMAS no aporta datos a los sindicatos. Además, hay trabajadores y trabajadoras que, sin estar en situación de incapacidad temporal, son considerados de alto riesgo o altamente sensible y tienen dispensa para no acudir presencialmente a su puesto de trabajo.

Ante todo ello, CCOO pide al juzgado que la dirigente madrileña se retracte de las declaraciones vertidas contra los y las profesionales que prestan sus servicios en los centros de Atención Primaria y que sea en el mismo programa donde se vertieron estas declaraciones. Asimismo se pide como indemnización la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados.

“Lo que menos se esperan los y las profesionales de un sector que ha vivido tiempos muy difíciles durante esta crisis sanitaria, es que la máxima responsable gubernamental de una comunidad autónoma y su equipo de gobierno se dedique a pasear por distintos medios de comunicación con declaraciones que pueden atentar contra la dignidad en la esfera laboral y contra su reputación”, sentencia CCOO, por eso considera que debe existir una reparación pública.