Consumo obligará a las empresas a explicar cómo usan los algoritmos para decidir sus precios y personalizar la publicidad tras solicitar a la UE que ponga freno a la desinformación en redes sociales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su departamento regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad. Lo hará, según ha explicado, obligando a que los parámetros que usan estos algoritmos sean transparentes y accesibles para los consumidores.

Además, el ministro ha anunciado que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad. Por otro lado, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que los usuarios sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.

De esta manera, desde Consumo se pretende facilitar información útil a los consumidores para que eviten posibles prácticas discriminatorias o engañosas. También se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales y un mayor control sobre la privacidad.

¿Cómo se regulará?

El Ministerio ha explicado a modo de ejemplo cómo tendrán que actuar las empresas de servicio de transporte por coche. En este caso, la plataforma tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra. Es decir, el usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre… Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que el usuario tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el consumidor, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo.

Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la DANA del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la Comunidad Valenciana. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.

«Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos«, ha declarado Pablo el ministro, y ha añadido que resulta necesario democratizar las relaciones económicas, «construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones«. Por otro lado, Bustinduy ha puesto el foco en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las consumidores a una información clara y veraz.

Bustinduy pide a la Comisión Europea que frene la desinformación en las redes sociales de Elon Musk y Mark Zuckerberg

El pasado miércoles, el ministro Bustinduy se reunió en Bruselas con Michael McGrath, nuevo comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores. En la reunión, el ministro Bustinduy solicitó que la Comisión Europea actúe para poner freno a la desinformación y otros contenidos ilícitos que se publican en las principales redes sociales que operan en Europa y en España, y ha mencionado a algunas como las que controlan Elon Musk (X, antiguo Twitter) y Mark Zuckerberg (dueño de Meta, en la que se integran redes como Facebook, Instagram o Whatsapp).

“La democracia no puede estar subordinada a los negocios de Elon Musk o Mark Zuckerberg. Las grandes plataformas se han convertido en armas políticas para desestabilizar Europa y privilegiar agendas antidemocráticas”, ha declarado Pablo Bustinduy a medios de comunicación tras reunirse con el comisario, y apostillaba que “la soberanía digital es tan crucial como la territorial”. En sus declaraciones, explicó también que ha hablado con McGrath de la eficacia de las medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea para combatir la manipulación de la información que afecta a los usuarios de servicios digitales. “Este es uno de los mayores retos que tiene la Comisión Europea para la legislatura que acaba de comenzar”, dijo el ministro para reclamar que se actúe frente a este desafío. “La Comisión tiene las herramientas suficientes para poner freno a la deriva de los grandes magnates de las redes sociales”.

El ministro Bustinduy ha trasladado también que “es urgente” que la Comisión Europa agilice sus decisiones y concluya los expedientes ya abiertos en referencia al procedimiento abierto por la Comisión en 2023 a la red social X porque habría infringido la Ley de Servicios Digitales en áreas relacionadas con la difusión de contenidos ilícitos. “Europa se ha construido sobre el consenso del Estado de derecho y la protección de los derechos civiles y sociales. Ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, debe tener la capacidad de alterar dicho orden”, manifestó el máximo responsable de Consumo en España.

Dentro de la Unión Europea, y en el actual contexto de proliferación de noticias falsas y de la desinformación que circula en redes sociales, se han impulsado leyes como la anteriormente mencionada de Servicios Digitales (DSA en sus siglas en inglés) o la Ley de Mercados Digitales (DSA). El objetivo de estas normas es que establecer las conductas ilegales que se dan también en el ámbito online, y que, en consecuencia, se pongan límites a las prácticas en las que podrían estar incurriendo grandes plataformas digitales. En concreto, y en defensa de los derechos que las personas consumidoras y usuarias tienen en los, la falta de controles de verificación para evitar la difusión de contenido ilícito.

Sobre el expediente a X, la Comisión Europea podría llegar a imponer una multa sin precedentes que podría suponer hasta el 6% del volumen de negocios que genera la plataforma a nivel mundial cada año, además de medidas para subsanar este potencial incumplimiento. En julio de 2024, la Comisión ya publicó conclusiones preliminares referidas a una parte de la investigación en las que se acusaba a X de tres incumplimientos con impacto directo para las personas consumidoras: sus patrones oscuros, la falta de transparencia publicitaria y el acceso limitado que están teniendo los investigadores a los datos.

Durante su viaje a Bruselas, Bustinduy reunió también con Roxana Mînzatu, que es vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Empleo de calidad, Derechos Sociales, Educación, Cualificación y Preparación, y con Hadja Lahbib, comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad. En estos encuentros, el ministro incidió en dos asuntos que resultan prioritarios para sus competencias. Por un lado, la necesidad de que la nueva Comisión Europea elabore una estrategia europea contra la pobreza, y, por otro, que haya una intervención a nivel comunitario en materia de vivienda. “Son dos asuntos que reflejan las dos máximas prioridades que tiene España en política social”, ha expresado, asegurando que “es imprescindible que las instituciones europeas destinen fondos y recursos para combatir la exclusión social y la pobreza”.

En estas reuniones, Bustinduy abodó, además, otros asuntos referidos a las desigualdades sociales y territoriales dentro de la Unión Europea. Así mismo, otras estrategias europeas como las de inclusión de personas con discapacidad o las de conciliación para la juventud europea. “El Gobierno de España no va a abandonar la necesidad de seguir ampliando y desarrollando el pilar social del proyecto europeo. Sin una dimensión de protección social, no será posible mantener ese proyecto de paz, de convivencia y de justicia social que Europa representa en el imaginario de su ciudadanía”, ha concluido.