CCOO y UGT piden al Gobierno que respete la Ley de Libertad Sindical y no negocie ayudas a la prensa con quien no está legitimado para ello

CCOO y UGT se han dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez para afearle la conducta del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que pretende negociar unas supuestas ayudas al sector de la prensa diaria española sin contar con los sindicatos mayoritarios en el sector que, según los datos del Ministerio de Trabajo, representan a más del 85 por ciento de los trabajadores de los diarios impresos.

Miguel Ángel Oliver convocó en la tarde de ayer una videoconferencia en la que solamente estuvieron presentes algunos miembros de los comités de empresa de 17 diarios impresos, el 20% de los más de 80 que existen en España, y en la que pretendía negociar supuestas ayudas para el sector.
Una reunión para la que no ha contado con los interlocutores habilitados por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la propia Constitución para negociar las condiciones laborales del sector y en la que el responsable de comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido quién participaba de entre los firmantes de una carta que le hicieron llegar solicitando ayudas específicas para los diarios españoles.

Con este tipo de medidas, el secretario de Estado de Comunicación distorsiona el mapa de representatividad laboral en el sector de la prensa diaria en España con reuniones que exceden sus competencias, desde el punto de vista de CCOO y UGT, otorgando interlocución a quien no la tiene y sin respetar la ley ni el papel que la Constitución otorga a los sindicatos mayoritarios.

“Si tenemos que hablar de ayudas para la prensa diaria, o para cualquier otro subsector de los medios de comunicación españoles, es necesario que sirvan para revertir los efectos provocados por los ERTE que se están ejecutando como consecuencia de la crisis del COVID-19”, ha manifestado la secretaria general del Sector de Medios de Comunicación de FSC-CCOO, Cristina Bermejo.

Por su parte, José María García, secretario general del Sector de Medios de Comunicación de FSM-UGT ha hecho hincapié en que cualquier tipo de ayuda del Gobierno “tendrá que servir para garantizar el mantenimiento del empleo en el sector y unas condiciones laborales dignas”.
“No podemos hablar de ayudas sin pensar en que tienen que estar vinculadas a la defensa del servicio esencial que prestan como garantes del derecho fundamental a una información veraz y de calidad”, ha agregado la responsable de la Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO y vicepresidenta de la Federación Europea de Periodistas (EFJ), Marta Barcenilla, que ha puesto de manifiesto que “una actitud como esta no sería tolerable en ningún país de Europa que se considere democrático”.

No es la primera vez que el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Sánchez pretende obviar a CCOO y UGT, sindicatos a los que no ha concedido ninguna de la reuniones que le han pedido para hablar de graves problemas que afectan a los medios de comunicación, desde la regulación de la profesión o la Ley de Propiedad Intelectual, pasando por las noticias falsas, que desvirtúan la labor de servicio público garante de un derecho fundamental de los españoles que les otorga el Artículo 20 la Constitución Española, un servicio más esencial que nunca en medio de la crisis que ha provocado la pandemia por COVID-19.