Europa Laica reclama al Gobierno el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la asignación tributaria del IRPF a la Iglesia Católica

Europa Laica se ha dirigido al congreso de los diputados para recabar información sobre las actuaciones que el Gobierno haya tomado o piense tomar para resolver las cuestiones denunciadas en el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Asignación Tributaria a la Iglesia Católica. En particular, por la importancia de estar en el centro del problema, sobre el cumplimiento de la autofinanciación de la Iglesia Católica que ya viene comprometida desde los Acuerdos de 1979 y así aun estamos.

En el mes de julio de 2020 el Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes y al Gobierno un Informe con el resultado de la fiscalización de la Asignación Tributaria del IRPF a la Iglesia Católica, según los datos aportados por la Conferencia Episcopal-CEE en su Memoria de Actividades sobre el ejercicio 2017.

Ha sido la primera vez que este Tribunal ha analizado el destino de los recursos públicos de esta casilla del IRPF a la Iglesia después de casi cuarenta y cinco años que los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede dieron cobertura a la misma.

Como el propio Informe indicaba, la cantidad que resulta de marcar esta casilla se detrae directamente de los Presupuestos Generales del Estado por lo que la pérdida de ingresos públicos no afecta solo a los católicos sino a todos los ciudadanos, sean o no católicos, la marquen o no. En la Campaña de la Renta del año 2022 esta Asignación a la Iglesia ha ascendido a más de 320 millones, con un acumulado de casi 4.000 millones desde que en la Campaña del año 2008 se incrementó su porcentaje al 0,7%.

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La Asociación estatal Europa Laica, constituida el 3 marzo de 2001, está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número NN 167696, acogida a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo y normas complementarias, careciendo de ánimo de lucro. Con domicilio social en Madrid. CIF: G45490414.

Europa Laica considera que la Asignación Tributaria se debería suprimir ya que esta financiación pública a la Iglesia es contraria a la aconfesionalidad del Estado y al principio de contribución fiscal en igualdad a las arcas públicas.

El Informe, aunque no se pronunció sobre esta exigencia, concluía su fiscalización con unas Recomendaciones sobre importantes aspectos y carencias detectados en la Memoria de Actividades y sobre el destino que la Iglesia hace con la Asignación recibida. Así, el Informe indica:

• No están definidos los criterios sobre cuáles deben ser los plazos, formato y contenido que debe tener la Memoria de Actividades de la Iglesia. Ante esta carencia, la Iglesia la confecciona con sus propios criterios resultando, como así concluye el Informe, un documento meramente descriptivo en lugar del necesariamente justificativo de las cantidades públicas que se le entregan anualmente por esta Asignación, donde queda sin concretar la naturaleza y destino último de las mismas.

• No están delimitadas cuáles son las necesidades económicas de la Iglesia para su “adecuado sostenimiento” al que el Estado se comprometió según los Acuerdos de 1979. Como consecuencia, el erario público está destinando anualmente a la Iglesia Católica ingentes cantidades, como las mencionadas, sin ningún criterio que responda a lo acordado.

• No está regulado cómo debe tratarse el superávit que presentan las cuentas eclesiales de esta Asignación ya que, además de que su propia existencia muestra que el Estado está excediendo el “adecuado sostenimiento”, la CEE usa una parte del mismo a financiar TRECE TV, sociedad mercantil de la que es titular, por lo que el Informe recomienda analizar si ello puede contradecir la normativa europea sobre las ayudas de Estado.

• El informe reseña igualmente que sigue incumplido el compromiso adquirido por la Iglesia Católica en la firma de los Acuerdos de 1979 de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, es decir, su autofinanciación. Este compromiso, si bien no tenía fecha de cumplimiento, parece razonable que su tiempo ha sido ampliamente rebasado, sin que tampoco el Estado se lo haya exigidoni nos conste que esté establecido en estos momentos un plan para cumplir con ello, aunque ya sea con evidente retraso.

• Finalmente, el Tribunal de Cuentas corrobora en su Informe el desorden sobre el control de los beneficios fiscales de las entidades religiosas minoritarias y en las subvenciones correspondientes gestionadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Europa Laica exige al gobierno, a las fuerzas políticas y parlamentarias la clarificación de estas cuestiones y, más allá, la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, ya que su pervivencia es la causa principal de estas y otras situaciones claramente antidemocráticas.