Garzón y Bustamante exigen el “cese inmediato” de Nieto tras participar en un acto militar que derivó en un homenaje a los caídos franquistas que vulnera la Ley de Memoria Histórica

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario en el Congreso, Alberto Garzón, y de su diputado andaluz Miguel Ángel Bustamante exigen la “dimisión o el cese inmediato” de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. Lo hacen por la participación del ‘número dos’ de Interior el pasado fin de semana en un acto de carácter militar en un municipio cordobés que derivó en una ofrenda floral y homenaje a los caídos del bando franquista, vulnerando así la Ley de Memoria Histórica.

Además, Garzón y Bustamante han registrado hoy la solicitud de comparecencia de Nieto en el Congreso para que explique “su asistencia el pasado sábado día 13, junto al subdelegado del Gobierno en Córdoba y otras autoridades del Ejército del Aire, a un acto de homenaje a los caídos franquistas en Dos Torres (Córdoba), vulnerando la Ley de Memoria Histórica”.

Garzón afirma que “parece que la cúpula de Interior no tiene bastante con las sombras que les vinculan con destacados dirigentes de su partido inmersos hasta el cuello en casos de corrupción, que tienen tiempo también para corromper el espíritu de una Ley de Memoria Histórica, cuya letra y a las personas a las que busca amparar la norma se empeñan en despreciar cada vez que pueden”.

Izquierda Unida completará su actuación política sobre este caso a través de su responsable federal de Memoria Democrática, Esther López Barceló. Adelanta que “vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía esta actuación de José Antonio Nieto. Entendemos que supone una clara vulneración de la Ley de Memoria Histórica -Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura-, que prohíbe los actos de exaltación del golpe de Estado y la represión franquista”.

López Barceló valora que “el Gobierno de Mariano Rajo y el PP parecen empeñazos en mostrar cada vez con más frecuencia no sólo su falta de respeto por la legalidad vigente, sino una preocupante actitud de humillación hacia las víctimas de la dictadura franquista y sus familiares”.

“Ahora ha sido el ‘número dos’ de Interior -recuerda la responsable de Memoria Democrática de IU- pero hace pocas semanas fue el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, quien junto a algunos destacados mandos militares evidenció su nulo respeto por los valores y la memoria democráticos, en ese caso de tapadillo”.

Esther López Barceló se refiere así al acto secreto de homenaje hecho coincidir con el cambio de ubicación de los restos mortales del general golpista José Sanjurjo (1872-1936), celebrado el pasado 23 de marzo en Melilla.

Meses después de que los restos de este destacado inspirador del golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno de la República fueran exhumados el 16 de noviembre de 2016 del Mausoleo franquista de Los Caídos de Pamplona, se decidió depositarlos en el panteón militar del Pabellón de Héroes Regulares del cementerio de Melilla, con reconocimiento oficial pese al secretismo impuesto sobre el acto. Entre los asistentes a esta ceremonia reservada estuvieron Juan José Imbroda, así como el comandante general, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, entre otros militares.

Por si todo esto no fuera suficiente, Alberto Garzón recuerda que “hace apenas una semana, junto al diputado portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, pedimos la comparecencia del propio ministro Juan Ignacio Zoido para que explique por qué utilizó un atestado policial falso para justificar el nombramiento como jefe policial de Cantabria de Héctor Moreno, condenado por torturas e indultado en 1998 por el Gobierno del PP de José María Aznar”.

Garzón y Sixto respondían así a las contrastadas informaciones que reflejaban cómo el ministro del Interior de Mariano Rajoy envió una carta al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, en la que justificaba el nombramiento de Moreno como máximo responsable policial en esa comunidad a partir de los datos contenidos en ese atestado que la justicia consideró falso y sin importarle las condenadas previas por torturas.

Alberto Garzón apostilla que “parece que tanto Zoido, como Nieto u otros altos cargos de Interior como el director general de Tráfico tienen una manera ‘muy particular’ de ejercer su labor tras su ‘desembarco’ en Madrid, y el rigor y el respeto a la legalidad que implican sus cargos parece que no van mucho con ellos”.