Decenas de miles de personas salen a las calles en Pamplona para protestar contra la sentencia de los jóvenes de Altasasu
Hasta 80.000 personas, según los convocantes, se manifestaron en la capital navarra contra la sentencia del caso Altasasu. La protesta clama contra la desproporcionalidad de la sentencia y apunta al carácter vengativo de un juicio mediático.
Las calles de Pamplona se llenaron para clamar contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a penas de entre 2 y 13 años de cárcel a los jóvenes que protagonizaron el incidente con dos agentes de la Guardia Civil en un bar de Altsasu en 2016. La movilización, convocada por el colectivo formado por los padres y madres de los encausados nada más conocer la sentencia, congregó ayer a la que ha sido posiblemente la mayor manifestación de la historia de Pamplona.
Los manifestantes protestan contra el nivel de desproporción de la sentencia en un proceso plagado de irregularidades. Las condenas, de hasta 13 años, las sospechas de falta de neutralidad de la Audiencia Nacional (declarada a si misma incompetente para juzgar el caso en realidad, al dictaminar que no hubo delito de terrorismo) y el marcado carácter vengativo de un proceso profundamente mediatizado y politizado, han causado la indignación de la población, que exigía ayer justicia.
En ese sentido se manifestaba el alcalde de la localidad de Altsasu, Javier Ollo, presente en la manifestación. «No pedimos impunidad, pedimos proporcionalidad en la aplicación de la ley», afirmaba. También hacía especial hincapié en el comportamiento marcadamente hostil de las fuerzas de seguridad del estado en su despliegue en el municipio para arrestar a Jonan, Julen, Aratz e Iñaki, cuatro de los acusados en el proceso.
Recurso de la fiscalía
Mientras la población se moviliza contra la desproporción de un caso mediático, la fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en interpretar los acontecimientos como delitos de terrorismo. Esta semana se anunciaba que el ministerio público ha presentado un recurso contra la sentencia, al considerar que es insuficiente ya que, aunque establece las penas máximas permitidas por el código penal, los delitos que imputa a los acusado son de lesiones y desordenes públicos.
El ministerio fiscal solicitó en todo momento penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas.
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