«Es necesario reducir el regadío para luchar contra la desertificación y la sequía»

La Asamblea General de Naciones Unidas designó, en 1994, el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Este día marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

La desertificación afecta a más de 110 países. Cada año se pierden seis millones de hectáreas de tierra productiva. En España el 40 % del suelo está amenazado por los procesos de desertificación. A pesar de ello, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de detenerla, principal obligación contraída tras firmar, en 1996, el Convenio de Lucha contra la Desertificación. 

Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre las insostenibles políticas de aumento continuado del regadío en España. La intensidad de la producción agraria en los regadíos orientados a la exportación, así como la puesta en regadío de cientos de miles de hectáreas de cultivos leñosos de secano, están incrementando la degradación de los suelos, su erosión y la escasez del agua en los ríos y acuíferos. El tipo de agricultura que se está sosteniendo en las diferentes regiones es clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y de suelos fértiles, ambos imprescindibles para garantizar la conservación de la biodiversidad y la vida de las personas.

El regadío supone más del 84 % del consumo total de agua en el Estado español. Actualmente hay registradas más de cuatro millones de hectáreas regadas, según los planes hidrológicos vigentes, a los que habría que añadir un 5-10 % más de regadíos ilegales. Entre otros cultivos, destaca el rápido crecimiento de la superficie regada de olivos, viñedos y almendros que siempre se han producido en secano, pero que ahora, para incrementar su productividad, se ponen en regadío. Una amenaza para la calidad del suelo y la disponibilidad hídrica en zonas como Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, donde hay una creciente escasez de agua. En el caso se esta última, desde hace años se viene comprobando un aumento constante en las solicitudes de nuevas concesiones de aguas, tanto superficiales como subterráneas, que se incentivan desde la administración con la elaboración de nuevos planes de regadío, como el Plan Regional de Regadíos o los Planes Generales de Transformación de las zonas regables de Tierra de Barros y del Valle del Ambroz.

A la vez que no deja de aumentar la demanda de agua para la agricultura intensiva, se está produciendo una reducción del volumen de agua que circula por los ríos y alimenta los acuíferos como consecuencia de los efectos del cambio climático. Según el informe ‘La incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos en España y la evolución de las demandas’, hay aproximadamente un 20 % menos de los recursos hídricos de los que se disponían a principios de la década de los noventa. En ese escenario, es previsible que en los próximos años se produzcan situaciones de colapso hídrico y medioambiental en amplias zonas del país.

Los planes especiales de sequía para hacer frente a estas situaciones tampoco introducen mejoras en la planificación y gestión del agua. Parten de una premisa: mantener la satisfacción de las demandas de agua de la agricultura intensiva, de forma que no apuntan a la necesidad de recortar las demandas en los planes hidrológicos para gestionar adecuadamente las situaciones de reducción de precipitaciones. Más bien al contrario, siguen proponiendo la construcción de infraestructuras, pozos de sequía, compra-venta de derechos concesionales de agua y la reducción de los caudales ecológicos. Es decir, se continúa sosteniendo la actual demanda de agua aunque conlleve la degradación de los ecosistemas, la pérdida del control público sobre un bien común y los racionamientos de agua de abastecimiento para la población.

Ecologistas en Acción propone como medidas eficaces frente a la desertificación y la sequía el freno al crecimiento de la demanda de agua para regadío, el incremento de la eficiencia en el uso del agua donde se pueda, el fomento de cultivos menos consumidores de agua y la reducción de la superficie actual dedicada al regadío. Recuperar un cierto equilibrio hídrico requiere la reducción de aproximadamente un millón de hectáreas de riego. El recorte puede tener un fuerte impacto económico y social, por eso es necesario planificar y poner en marcha, desde este momento, la reconversión de parte del sector agrícola de forma progresiva, con el apoyo de las administraciones públicas, con el fin de que la afección social sea la menor posible.