Albiol (IU) celebra que el PE exija al Gobierno de España explicaciones sobre el proyecto Castor
La portavoz de izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, se ha mostrado muy satisfecha por la decisión adoptada en la comisión de Peticiones (PETI) este miércoles de solicitar toda la información necesaria y las explicaciones correspondientes al Gobierno del Estado español por el proyecto Castor.
“Es un caso en el que se le da una indemnización de 1.350 millones de euros más intereses a la empresa ACS de Florentino Pérez después de 500 terremotos y eso lo pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas en la factura de la luz, por lo que esta medida adoptada hoy en PETI debe ser un primer paso para saber qué es lo que ha ocurrido realmente con Castor”, ha dicho.
La eurodiputada, que ha agradecido el trabajo desarrollado por la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, peticionarios hoy en Bruselas, ha advertido de que el caso Castor incumple numerosas leyes comunitarias, entre ellas, “la normativa europea en materia de competencia, porque estamos ante una ayuda estatal encubierta”. También ha habido vulneración de “la normativa de contratación”, se ha vulnerado “la Directiva de transparencia”, y tampoco se respetó la “Directiva de evaluación medioambiental”, al existir un fraccionamiento del estudio de impacto ambiental.
Albiol ha recordado que, además, “la financiación que se hizo a través de los Project Bonds del Banco Europeo de Inversiones (BEI), no calculó el riesgo económico y medioambiental” y que el proyecto se llevó a cabo sin consulta pública”.
Al terminar el debate, Albiol ha explicado que desde PETI se va a exigir un informe al Gobierno español “del estudio real de los costes del proyecto y cómo se ha justificado la indemnización”. Asimismo, “que la CE siga investigando si el Gobierno ha incumplido las normativas y, sobre todo, la complicidad del Ejecutivo del PP con la empresa de Florentino Pérez”.
Por último, se instará también al BEI “a que resuelva rápidamente las reclamaciones”, antes de esa fecha tope de principios de 2017 que se habían propuesto, “teniendo en cuenta que la denuncia es de 2010”.