La CGT rechaza el Real Decreto para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

Sindicatos, Núcleos y Secciones Sindicales del sector de Administración Pública de la CGT han transmitido, a través de un comunicado, su rechazo frontal al denominado Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, al cual el propio sindicato se refiere como “icetazo”, por la responsabilidad en su desarrollo del recientemente sustituido ministro de política territorial y función pública Miquel Iceta. Para la central anarcosindicalista, esta nueva legislación, amparada en un acuerdo suscrito el pasado 5 de julio por el propio Iceta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, no solventa ninguno de los problemas reales de la temporalidad en la función pública.

“Tanto el acuerdo previo como el Real Decreto-ley son ajenos a otras soluciones que han sido puestas encima de la mesa por políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos de interinos y temporales a lo largo de los últimos años”, apuntan desde las secciones de CGT.

Para los sindicalistas, el Real Decreto no previene nuevos abusos de contratación, ya que “sus veladas advertencias a las administraciones públicas solo contribuirán a una mayor volatilidad y rotación del empleo temporal, al abandono de determinados servicios públicos o finalmente a la externalización o privatización de los mismos”.

Así mismo, las secciones de CGT critican que la ley no sancione a las administraciones públicas ni a los funcionarios responsables del alto nivel de temporalidad en el sector público. “Desde nuestra responsabilidad obrera y sindical exigimos sanciones para quienes han sido responsables del continuado fraude en la contratación temporal y reclamamos una reforma del TREBEP que estabilice a los trabajadores y trabajadoras que han desarrollado un trabajo diario con dedicación, mérito y capacidad durante tantos años”, afirman.

Además, estas secciones consideran que el la normativa atenta contra las aspiraciones y reclamaciones de cientos de miles de trabajadores temporales, estableciendo procesos selectivos abiertos para la estabilización de sus puestos de empleo, lo que valoran como un descargo de responsabilidad hacia las plantillas abusadas sobre su situación laboral.

Las Secciones de Administración Pública de la CGT apuntan que el decreto no cumple ni siquiera con los estándares de la Unión Europea, cuya justicia ya ha establecido en diversas ocasiones que no procede “la indemnización por extinción del contrato o los denominados procesos de estabilización como medidas adecuadas para sancionar y prevenir el abuso de contratación”.

“Hacemos un llamamiento a la organización y movilización de todos los trabajadores y trabajadoras agredidas por este nuevo acuerdazo, pero también lo hacemos a quienes ostentan la titularidad de una plaza fija, pues la dilapidación de toda la experiencia perdida por el cese de sus compañeros y compañeras no será́ sino el anuncio de su precariedad laboral en el futuro”, claman desde el sindicato.