El Tribunal Supremo sentencia que Iberdrola ha derribar la presa de Los Toranes

Una sentencia del Tribunal Supremo ordena que la demolición de la Presa de los Toranes y sus instalaciones hidroeléctricas recaiga en la empresa Iberdrola, una vez extinguida la concesión de explotación de la central hidroeléctrica y la presa.

La sentencia establece un claro principio jurídico: cuando se extingue cualquier concesión hidroeléctrica, la empresa concesionaria tiene que hacerse cargo de los costos de la demolición de las instalaciones. Esto puede afectar a docenas de presas en los próximos años, lo cual sucede cuando el expediente de extinción de la concesión así lo indica. En otros casos la administración se hace carga de la central hidroeléctrica y la operación con gestión pública para mantener en el sistema eléctrico suficiente potencia hidroeléctrica renovable y gestionable.

La sentencia del Tribunal Supremo, con fecha del 2 de julio de 2024 y notificada a las partes el 12 de julio, dicta claramente que «aunque el título concesional establecía que las instalaciones revertirían al Estado al finalizar la concesión, la obligación de retirar las instalaciones se fundamenta en el momento de incoar y resolver el expediente de extinción de la concesión».

Ecologistas en Acción consideran que han ganado la biodiversidad, la salud del río Mijares y los pueblos ribereños, y han perdido las campañas de desinformación, las mentiras y los bulos que han defendido la ruinosa presa de Los Toranes (Teruel).

La organización ecologista se felicita porque se ha impuesto el interés público frente a los intereses privados de Iberdrola. La sentencia del Tribunal Supremo hace cumplir la legalidad estatal y europea en materia de aguas, ríos y presas. La sentencia pone por delante la defensa del interés público y colectivo en favor de la biodiversidad y la salud del Alto Mijares, que es la fuente de bienestar, de la economía, la ecología y la belleza del valle de Olba. Ha perdido el interés particular de la gran empresa Iberdrola de que los costes económicos del derribo de la presa recaigan injustamente en las arcas públicas del estado y la ciudadanía.

La demolición de la vieja presa de Los Toranes sintonizada con leyes europeas como la Directiva Marco de Agua y la Ley de Restauración de la Naturaleza. Existe un consenso científico europeo e internacional sobre que la eliminación de barreras físicas innecesarias en los ríos mejora significativamente la calidad de sus aguas, los metabolismos fluviales y sedimentarios, la flora y fauna de los ríos, al tiempo que beneficia a las especies y la biodiversidad de sus riberas y entornos ambientales. La eliminación de centenares de presas obsoletas en EE UU y en otros países ha supuesto grandes beneficios para la recuperación ecológica y vitalidad de los ríos. A su vez, repercuten en los ecosistemas de los territorios y en las poblaciones locales.

Se ha creado una falsa polémica sobre la obligación legal de demolición de la presa de Los Toranes que ha sido aprovechada por el clientelismo electoral de algunos políticos locales y por el partido de ultraderecha VOX .

Sin embargo, los hechos relativos a dicha presa, a sus daños y perjuicios ecológicos y socioeconómicos son contundentes:

• La presa de Los Toranes nunca ha sido de valor para el desarrollo local de la comarca Gúdar-Javalambre (Teruel). La función fundamental de esta gran presa y su central eléctrica situada en la cabecera del valle de Olba ha sido la producción eléctrica. Este corto tramo del río Mijares sufre una sobreregulación causada por la saturación de infraestructuras de producción eléctrica (tres centrales eléctricas, un gran canal y canalizaciones que sustraen la mayoría de las aguas naturales del río para turbinarlas).

• Esta ruinosa presa ha dañado el bien natural y económico más preciado del valle de Olba (Teruel): el río Mijares, que es fuente primordial de la riqueza natural y socioeconómica de la zona. La presa de Los Toranes corta la continuidad del río, daña e impide los metabolismos materiales sedimentarios y malogra la biodiversidad de su fauna fluvial. En cambio, con la demolición de la presa, junto con la protección y recuperación de la vida del río, su belleza natural y la economía local mejorarán sustancialmente.

• La presa y la central eléctrica apenas han producido electricidad en sus últimos 10 años de explotación a causa de la antigüedad de las instalaciones. El valor de su producción eléctrica es ínfimo. Tampoco puede considerarse “energía limpia” a causa de las huellas de destrucción ecológica sobre la vida y biodiversidad del río Mijares.

• Ninguna concesión legal de toma de agua para el regadío ha tenido importancia para los pueblos del alrededor. Las concesiones de agua para las acequias del municipio de Olba nunca han tenido nada que ver con las instalaciones hidroeléctricas de Iberdrola de la Presa de Los Toranes. El desmantelamiento de la presa no afecta en nada a las concesiones de toma de agua del río existentes para las acequias y el riego en el valle de Olba. No hay ni han habido agricultores en la comarca que quieran pagar los cánones de agua legalmente obligatorios para obtener el derecho a tomar agua de la presa. El regadío de la zona de los pequeños huertos no ha dependido de la presa de Los Toranes.

• El embalse de la presa de Los Toranes nunca ha sido un recurso importante o de utilidad para el abastecimiento de agua en la lucha contra los incendios, puesto que hay un embalse mucho más grande (el embalse de Arenoso) a unos 15 kilómetros río abajo .

• La misma empresa Iberdrola ha declarado en los procedimientos judiciales que no tenía interés en renovar la concesión de explotación eléctrica de la presa.

• Ninguna empresa privada o pública ha manifestado tener interés ni ha presentado un proyecto de inversión y explotación para las instalaciones hidroeléctricas de la presa y la central eléctrica de Los Toranes. Dichas instalaciones requerirían una gran inversión de millones de euros para cumplir con las nuevas leyes de seguridad de presas y con la legislación ambiental europea y estatal. Sin embargo, al calor del clientelismo electoral algunos políticos locales y aragoneses declararon demagógicamente que la presa podía gestionarse por la misma comarca, a pesar de la inexistencia de voluntad política e institucional, la falta de medios técnicos y recursos presupuestarios, la inviabilidad económica, las graves deficiencias técnicas de las instalaciones de la presa, la ausencia de marco legal para una continuidad imaginaria de la obsoleta presa de Los Toranes.