CGT exige a Tragsatec que respete los derechos del personal que tramita el Ingreso Mínimo Vital

CGT ha exigido a la Dirección del Grupo Tragsa que respete los derechos, la dignidad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Tragsatec que prestan servicio en el encargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante lo que considera «incumplimientos de la normativa laboral», al tiempo que ha solicitado la contratación de más personal para cumplir el plazo establecido.

Ante el colapso del Instituto Nacional de la Seguridad Social para gestionar el IMV, se realizó un encargo, el 9 de junio de 2020, a Tragsatec para la captura y tramitación de la gestión electrónica de las prestaciones económicas del IMV. En dicho encargo se especificaba que el servicio se prestaría en modo de teletrabajo, como así figura en los contratos.

Sin embargo, la dirección, asegura CGT, está requiriendo a los trabajadores y las trabajadoras para prestar el servicio presencialmente en las oficinas, «lo que supone un incumplimiento de encargo y contrato«.

Además, el registro de jornada se está realizando mediante un archivo Word en el que la persona trabajadora debe indicar las horas de entrada y salida, adjuntando su firma digitalizada y remitiéndolo a su responsable, lo que, para el sindicato, carece de toda garantía «pues el registro de jornada debe ser automático, inmediato e inmodificable».

La organización anarcosindicalista denuncia que la formación recibida por el personal para tramitar el IMV es mucho menor que la estipulada inicialmente y, en algunos casos, no se corresponde con las tareas a realizar, «lo que supone que la curva de aprendizaje sea más lenta, la calidad del servicio prestado sea baja y la producción sea menor de la esperada», explica.

En el encargo se estima que el número de solicitudes electrónicas que debe atender Tragsatec es aproximadamente 800.000 a razón de 40 minutos para resolver un expediente sin incidencias y 48 minutos en caso de haberlas, ofreciendo la posibilidad de ajustar el número de personas a las necesidades reales del INSS. Por su parte, la dirección exige un mínimo de 10 expedientes diarios por persona trabajadora.

Sin embargo, CGT asegura que esta métrica no se ajusta a la realidad debido a que la curva de aprendizaje es más lenta por falta de formación, fallos informáticos y a que la estimación del encargo para tramitar 800.000 expedientes se antoja excesivamente optimista, lo que está suponiendo que, «ante el temor a no superar el periodo de prueba, los trabajadores y las trabajadoras estén realizando horas extraordinarias sin remunerar y sin efectuar descansos, lo que está resultando en ataques de ansiedad y bajas por estrés».

Esta presión, denuncia el sindicato, es contradictoria con el hecho de no remitir los expedientes finalizados al INSS.

Asimismo, los anarcosindicalistas señalan que el personal afectado por un contagio de COVID-19 a finales de agosto en el Centro de Atención Telefónica y Telemática del INSS en Leganés no figura en el último resumen de casos por COVID-19 remitido por la Dirección a los Representantes Legales de los Trabajadores.

Ante esta «acumulación de incumplimientos», CGT ha exigido a la dirección «que se respeten los derechos, la dignidad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras que tramitan el IMV previo a la puesta en conocimiento de la Autoridad Laboral mediante la correspondiente denuncia; que cesen las coacciones y presiones; que se compensen las horas extraordinarias realizadas; que se realice la formación estipulada según las tareas a realizar; y que se contrate más personal para sacar adelante este encargo en el plazo establecido».