El Movimiento Ibérico Antinuclear se declara entidad ‘non grata’ ante el Ayuntamiento de Retortillo

El MIA quiere expresar su sorpresa e inquietud ante esta manifestación de una institución pública en contra de un movimiento ciudadano. La libertad de expresión y el derecho a la crítica social y política amparan las acciones realizadas por activistas de la plataforma, que en ningún caso pueden considerarse perjudiciales para el municipio.  

Informar sobre el alto riesgo que tendrá la actividad extractiva de uranio para la salud de las personas no es un ataque a la dignidad de Retortillo. Al contrario: el MIA se suma a la denuncia del empobrecimiento que produce una actividad minera peligrosa cuya apertura imposibilitará las actividades agrícolas y ganaderas, incrementando el abandono poblacional a medio plazo.

Cabría cuestionarse si la criminalización de estos activistas no viene motivada por los intereses privados que los concejales del Ayuntamiento de Retortillo tienen en la explotación minera. De los cinco concejales que hay en Retortillo, los dos pertenecientes al Partido Popular ya están siendo investigados por la justicia por ser empleados de la empresa promotora, Berkeley Minera, mientras que los otros tres concejales, miembros del PSOE, provocaron el pasado 31 de marzo la dimisión del anterior alcalde por oponerse a este proyecto. Si finalmente se produjera esta declaración, se facilitaría el camino a la empresa y laminaría la capacidad de la plataforma para informar y fomentar la crítica entre la ciudadanía de la comarca.

El MIA manifiesta su rechazo por el uso que se está haciendo de las instituciones para defender los intereses privados de la empresa Berkeley, en lugar de solucionar los graves problemas de una zona que merece un desarrollo fuera de la especulación sobre los recursos de la tierra. Por ello, como protesta ante esta actuación de la corporación municipal y en solidaridad con los activistas, el MIA se autodeclarará entidad ‘non grata’.

 

Ecologistas en Acción pide el apoyo para la plataforma Stop Uranio, en especial a los dos compañeros vecinos de la zona. Un Estado democrático y de derecho no puede permitirse declaraciones institucionales que criminalizan a las personas y a los movimientos sociales que trabajan por defender el patrimonio, un bien común que debe protegerse hoy para que la ciudadanía pueda disfrutar en el futuro de una vida saludable en un entorno no degradado.