Adelante Andalucía presenta una enmienda a la totalidad al Presupuesto de esta Comunidad para el año 2020, defendido por PP y Cs

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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

El Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA), de acuerdo con lo previsto en los artículos 110 y 130 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente ENMIENDA DE TOTALIDAD CON PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN al Proyecto de Ley 11-

19/PL-000004, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

JUSTIFICACIÓN

• Introducción

Las principales instituciones económicas internacionales (con FMI y OECD a la cabeza) y estatales (el Banco de España y la AIReF) llevan meses advirtiendo de una importante desaceleración económica a nivel mundial, europeo y español. Más concretamente, el último informe del FMI menciona que este frenazo económico afectará al 90% de los países, con una previsión de crecimiento económico global a nivel económico de entre los más bajos del último siglo.

España y Andalucía no se libran de esta amenaza. Aunque sus previsiones de crecimiento siguen por ahora por encima de las previsiones del conjunto de la Unión Europea, la inestabilidad generada por el Brexit, la guerra arancelaria, así como las posibles variaciones del precio del petróleo y de las materias primas pueden repercutir de forma significativa sobre las actuales previsiones de crecimiento, con una tendencia a la baja importante, detectada además por la misma Consejería de Economía de la Junta de Andalucía.

Según el proyecto de presupuesto autonómico para el año 2020, la previsión del crecimiento del PIB real será del 1,9%, cuatro décimas por debajo de la previsión para el 2019; y medio punto menos que el crecimiento estimado para el 2018. Una reducción de crecimiento que se refleja claramente en la contracción de la creación de empleo, con una previsión de creación de poco más de 60.000 puestos de trabajo, un 20% menos de lo previsto para el 2019 y del números de empleos creados en 2018. Previsiones que, además, no tienen en cuenta los efectos directos de un Brexit duro y de la guerra comercial y arancelaria sobre la economía andaluza, que la misma Junta de Andalucía cuantifica en torno a los 2.500 millones de euros; cifra que equivale casi a un punto y medio del PIB nominal andaluz previsto para el 2020.

No es baladí señalar que la desaceleración golpeará a Andalucía en un contexto económico, social y productivo mucho peor que el del 2007, justo antes de la última crisis y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre del año Andalucía presenta 120.000 ocupados menos, 400.000 parados más y una tasa de paro diez puntos superior a las cifras del segundo trimestre del 2007. Además, en la última década se han cronificado las debilidades del actual modelo económico andaluz, con una cristalización preocupante de las brechas sociales y territoriales, como efecto directo de las políticas de austeridad y de las reformas económicas y sociales en clave neoliberal que han sido particularmente duras para la mayoría social andaluza.

La imposición de la ideología de los recortes y de sus postulados fiscales, fruto de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha erosionado considerablemente el sector público y el Estado Social, afectando a la capacidad de las instituciones públicas, en particular a nivel autonómico y local, de garantizar el acceso universal a los servicios públicos fundamentales y la protección social de la gran mayoría de la población andaluza. También ha reducido la posibilidad de influir en el ámbito económico y productivo para implementar las medidas necesarias que faciliten el desarrollo de Andalucía y su convergencia real con el conjunto de España y de la Unión Europea.

La dictadura de la contención del gasto (impuesta por la Ley de Estabilidad y recrudecida por el entramado de las normas de control presupuestario puesto en marcha a partir del 2012) ha ido acompañada en esta última década de una progresiva reducción de la capacidad de recaudación y por una serie de reformas en clave regresivas e insolidarias del conjunto del sistema tributario autonómico andaluz. Los gobiernos de los últimos años (más allá de su color político) han asumido la vulgata neoliberal según la cual “a menos nivel impositivo, mayor recaudación”, algo que ha sido rotundamente desmentido por parte de la propia AIREF y por los datos de recaudación a nivel estatal y autonómico.

Estas políticas (tanto en el lado de los ingresos como en el lado de los gastos públicos) han tenido, por lo menos, dos grandes consecuencias:

1. En los últimos años los beneficios y los elementos positivos del crecimiento económico se han repartido de manera profundamente desigual, favoreciendo la acumulación y la concentración de la riqueza en manos de una minoría ganadora y adinerada y ahondando las diferencias sociales. Andalucía es ahora más desigual que hace una década.

2. Las políticas de austeridad, en lugar de suponer una solución al problema de la deuda y reducirla, han tenido el efecto contrario: en los presupuestos del 2020 aumenta de forma considerable el peso del pago de la deuda y las cuentas están más expuestas a los efectos de la misma. El pago de la deuda consume, a día de hoy, uno de cada siete euros presupuestados. Las políticas de control de gasto y de reducción de ingresos no solo son injustas socialmente, también se han demostrado ineficaces e ineficientes a nivel financiero y fiscal.

Queda claro que hasta el momento Andalucía se encuentra en una situación de enorme fragilidad social. Una debilidad causada por un modelo productivo muy sensible a unos efectos externos como los que se otean en el horizonte. Esto puede tener un indudable impacto negativo sobre las condiciones materiales y existenciales de toda la ciudadanía andaluza. En este contexto, el Proyecto de Presupuesto autonómico para el año 2020 asume sin matices el marco fiscal de la última década, siendo nocivos para Andalucía porque endurecen las políticas de austeridad, de contención del gasto y de reducción de ingresos. Pero también facilitan la pérdida de la autonomía real de las instituciones autonómicas andaluzas, facilitan una mayor fragilidad del actual modelo económico y productivo, hacen imposible la convergencia territorial, ponen en peligro la sostenibilidad en clave social del estado de bienestar, impiden un reparto ecuánime de los beneficios del actual crecimiento y pueden propiciar una intensificación de la desaceleración económica, que afectará más duramente a las clases populares y a los sectores sociales más vulnerables.

En definitiva, no son unos presupuestos adecuados para solucionar los problemas estructurales de la economía y de la sociedad andaluza. Tampoco lo son para paliar los efectos negativos de la incertidumbre económica que se avecina. Estos presupuestos son la expresión directa de un gobierno de la Junta de Andalucía que se muestra sin ideas y sin voluntad de acción, incapaz de afrontar los retos y los hitos del futuro próximo. Son unos presupuestos que carecen de cualquier impronta andaluza y que bien servirían para cualquier otro territorio.

• No son unos presupuestos ni expansivos ni sociales: son unos presupuestos que cronifican el déficit de los servicios públicos.

Desde nuestro punto de vista solo se pueden considerar realmente expansivos unos presupuestos que presenten en las políticas de gasto con claro impacto social y económico un crecimiento por encima del PIB nominal. Es la única manera de garantizar, por un lado, la reversión de los recortes de los últimos años y, por el otro, poner en marcha un proceso de convergencia territorial que reduzca la brecha entre Andalucía y el conjunto de España y de la Unión Europea. Además, solo si ponemos el gasto público en relación al PIB nominal es posible apreciar la evolución del mismo a nivel temporal y determinar el peso de las políticas públicas sobre el conjunto de la economía andaluza. No nos parece lógico, por tanto, limitarse a considerar de forma limitada y superficial la evolución nominal de las partidas. Esta es una práctica que esconde una voluntad manipuladora y carente de transparencia por parte del gobierno en la enunciación y clarificación de los objetivos fijados para el proyecto de presupuesto autonómico para el año 2020. Es decir, todo lo que no crezca por encima del 3,6% (PIB Nominal para 2020) es un recorte en sí mismo.

El gasto público en las políticas sociales y de impacto económico productivo no crece como deberían en este proyecto de presupuestos. Si analizamos con detenimiento las cifras generales, comprobaremos que las operaciones no financieras representan una subida con respecto al 2019 del 3,4%, por debajo del crecimiento previsto del PIB nominal que estaría en el 3,6%.

La media del aumento presupuestario se debe al descomunal aumento del 20% en el pago de la deuda, que no tiene una traducción directa ni indirecta en la mejora de la calidad de vida de las y los andaluces. Es difícil definir estos presupuestos como realmente expansivos, cuando el crecimiento previsto del gasto en política económica y social se encuentra por debajo de las expectativas de crecimiento del conjunto de la economía andaluza.

El gasto presupuestado en políticas sociales (Sanidad, Educación, Derechos Sociales, Empleo o Vivienda) sobre el PIB nominal sigue estancado en el 18,4% (prácticamente lo mismo que en 2019), consolidándose en 4 puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado en 2009, cuando el gasto presupuestado sobre el PIB nominal llegó a alcanzar el 22,4% y aún así no garantizaba el acceso de todos los andaluces a unos servicios públicos de calidad.

Es evidente la pérdida de peso de las políticas públicas de competencia autonómica en la última década y la pérdida de capacidad presupuestaria de la Junta: para alcanzar el mismo nivel de gasto sobre el PIB nominal del 2009, haría falta alrededor de 7.200 millones de euros, casi todo el presupuesto en políticas educativas presupuestado para este año.

Resulta difícil, también, definir estos como unos presupuestos sociales cuando en términos de prioridades presupuestarias el gasto en sanidad y educación crece muy por debajo del crecimiento del conjunto del presupuesto (respectivamente un 4,1% y un 3,6%, menos del 5,4% del aumento general del gasto total, incluida la deuda) y cuando políticas esenciales en el ámbito social como las políticas de igualdad, de vivienda y de empleo crecen de una manera tan insuficiente y por debajo del crecimiento del PIB nominal.

La erosión del gasto social es evidente también en relación al peso del núcleo duro de estas políticas (la suma de las políticas de gasto en sanidad, en educación y en igualdad) sobre el presupuesto total: en el proyecto para el 2020 el gasto de la suma de estas tres políticas se queda un punto por debajo del nivel del 2019, y dos puntos por debajo del nivel alcanzado en el 2009 (56,8% en el 2009; 55,6% en el 2019; 54,7% en el 2020).

Haciendo un repaso por las principales áreas de gasto social, en el caso de las políticas de Sanidad alcanzan en el proyecto para el 2020 el 6,0% del PIB nominal, mientras en el 2009 llegaron al 6,7% (una cifra que ya se encuentra por debajo del nivel deseable en términos generales). Es importante la erosión en las políticas de educación que en el 2009 alcanzaron el 5,1% sobre el PIB nominal y que en estos presupuestos se limitan al 4,3%. Para alcanzar el suelo de inversión deseable (según las comunidades sanitarias y educativas el gasto público debería alcanzar en Sanidad el 7% del PIB nominal y en educación el 5%) faltarían recursos por un valor aproximado de casi tres mil millones de euros.

El nivel del gasto de las políticas de igualdad y de servicios sociales tampoco es satisfactorio, quedándose en el 1,4% del PIB nominal, muy por debajo del 2% necesario para que se pueda experimentar una mejora sustancial en las cifras de igualdad, exclusión social y pobreza.

Las políticas de empleo y de vivienda, con crecimientos irrisorios respecto al 2019 (1,8% de gasto más en el caso de las políticas de empleo y el 0,2% más en el caso de las políticas de viviendas) pierden peso de manera relevante con respecto a los niveles de gasto del 2009. El nivel de gasto en políticas de vivienda en este presupuestos alcanza apenas un tercio del nivel de gasto del 2009 (en relación al PIB Nominal), mientras que en el caso de las políticas de empleo la erosión es de alrededor del 33% (pasando del 0,9% sobre el PIB nominal en 2009, al 0.6% en 2020). Son cifras aún más graves si tenemos en cuenta el drama que hoy representa para una parte cada vez mayor de la población el acceso a un empleo y a una vivienda digna en Andalucía.

La consolidación de los recortes por un lado y la falta de medidas con un impacto social real por el otro representan un elemento de enorme preocupación, especialmente si tenemos en cuenta el escenario económico actual y las previsiones de estancamiento futuro. Con tales mimbres, parece evidente que con este proyecto presupuestario seguirá (pudiendo incluso agudizarse) la desprotección de capas significativas de la sociedad andaluza y su posibilidad de acceso a derechos básicos y a los servicios fundamentales.

• Son unos presupuestos que debilitan los sectores productivos e imposibilitan los cambios necesarios del actual modelo de crecimiento y de desarrollo.

Las políticas neoliberales de la última década, recrudecidas durante el último Gobierno de Susana Díaz y por el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, han representado un lastre para el crecimiento de Andalucía y las posibilidades de reducir la brecha territorial con el conjunto del estado y los países de nuestro entorno. A partir del 2014 Andalucía ha crecido, de media, por debajo del nivel de crecimiento del conjunto de España, determinando un proceso de divergencia preocupante entre el PIB per cápita andaluz y el PIB per cápita español. Aunque las previsiones de crecimiento en Andalucía para el 2019 sean ligeramente mejores que las previstas para el conjunto del país (dos décimas más en el caso de Andalucía) no influyen de manera determinante sobre el ratio entre el PIB per cápita andaluz y el PIB per cápita español (que se prevé que se mantenga constante), que es la principal variable con la cual se mide la brecha territorial que sigue de manera muy significativa por debajo del 75%, en el mismo nivel de hace dos y tres décadas. En términos relativos seguimos en un proceso de cristalización y cronificación de la brecha territorial en el ámbito económico y productivo entre Andalucía y el conjunto de España.

En el actual contexto de desaceleración económica y de incertidumbre ocasionada por el Brexit y la guerra arancelaria, estos presupuestos del Gobierno de la Junta pueden agudizar esta situación de retraso, ya que el planteamiento fiscal que los sustenta y las políticas económicas que desarrolla limitan, en nuestra opinión, las posibilidades de crecimiento, imposibilitan una respuesta adecuada a los incipientes síntomas de estancamiento y reducen la posibilidad implementar las medidas necesarias para poner en marcha el necesario proceso de transformación del modelo productivo, la diversificación del tejido productivo y la modernización del mismo. Solo un aumento sustancial de las inversiones, del gasto para la modernización de la política industrial y agraria y del I+D+i puede facilitar la transición económica y productiva que necesita Andalucía para romper la condición de dependencia de su economía del ciclo económico y de los sectores con bajo valor añadido y bajos salarios, que se sustentan, además, sobre la temporalidad y estacionalidad en el empleo y la devaluación salarial.

En estos presupuestos, tal y como observamos en el proyecto de presupuestos para el 2019, se toma justo la dirección contraria con la congelación de las inversiones (que siguen en mínimos históricos), la contracción del gasto de las políticas en ámbito productivo y una completa falta de protagonismo de lo público en este ámbito. Las principales cifras de estos presupuestos señalan claramente la falta de ambición de este Gobierno en ámbito económico y productivo, que asume así el dogma neoliberal de “cuanto menos estado mejor” y se relega a un papel marginal en la acción de control y de dirección de los procesos económicos por parte de las instituciones y de los poderes públicos.

El gasto presupuestado para políticas de dinamización económica e industrial se reduce con respecto al 2019 en más de 20 millones (un 3,4% menos) y el nivel de gasto de estas políticas en relación al PIB nominal se queda en casi un tercio (0,3%) en comparación con el nivel de gasto del 2009.

Las políticas de gasto en el ámbito agrario en estos presupuestos crecen cuatro veces menos que el crecimiento del PIB nominal (sólo el 0,9%), perdiendo peso de forma considerable con respecto al 2019 sobre el conjunto del gasto y en relación al PIB nominal y manteniéndose por debajo de los niveles de gasto pre-recortes.

El gasto en Infraestructuras, además, crece en estos presupuestos solo un 2,4%, muy por debajo del crecimiento del conjunto del gasto, del crecimiento del PIB nominal y del crecimiento del gasto presupuestario con respecto al neto del pago de la deuda. Finalmente, aunque se destaca un aumento de inversión en I+D+i muy por encima del crecimiento del gasto, este aumento no permite que el gasto en innovación, desarrollo e investigación llegue a los niveles del presupuestos del 2009.

Más allá de las cifras de políticas de gasto, cabe señalar que en términos generales hay un estancamiento preocupante de las inversiones públicas. Así como detalla el gobierno en el mismo Informe económico y financiero, las inversiones públicas (que la Junta de Andalucía generosamente indica como la suma entre Inversiones Reales y Transferencia de Capital) crecen casi tres veces menos que el crecimiento del PIB nominal, profundizando en el déficit inversor que sufre Andalucía y manteniendo, entonces, un nivel de inversión pública de ámbito autonómico totalmente inadecuado e insuficiente para fomentar cualquier tipo de cambio sustancial a nivel económico y productivo. La ausencia de un apuesta clara para un proceso de transformación del tejido productivo en todos los ámbitos sectoriales representa un elemento extremadamente pernicioso y peligroso para la estabilidad económica y para alcanzar las ya inadecuadas previsiones en la creación de empleo.

Delante esta visión conformista y derrotista del Gobierno de la Junta de Andalucía en este ámbito, desde Adelante Andalucía reivindicamos un papel activo de lo público así como incluido en el Estatuto de Autonomía tanto en la regulación como en la gestión y en la dirección de los procesos económicos y productivos. En este sentido, nos parece un error estratégico y de calado renunciar a la posibilidad de que Andalucía cuente con un banco público de control ciudadano, privando así al tejido productivo andaluz y a sus pymes de dotarse de una herramienta esencial y complementaria para el desarrollo y el proceso de transformación que necesita la economía andaluza. La decisión nos parece aún más grave si se tiene en cuenta que la creación de un banco público es completamente viable en términos presupuestarios y normativos, por eso la decisión tomada responde a un lógica neoliberal y a la voluntad de preservar los intereses del sector bancario y financiero privado, intereses, en definitiva, ajeno a la mayoría social andaluza.

Por último, entendemos esencial destacar que el marco general de las relaciones entre sector público y privado en los procesos de transformación económica, reflejado en estos presupuestos como en los anteriores, reduce la acción del Gobierno de la Junta a un mero distribuidor de ayudas y subvenciones a empresas privadas casi a fondo perdido, cuando sería necesario lo contrario: garantizar un papel central a empresa públicas autonómicas en los principales sectores estratégicos (como la transición energética), caracterizados por un alto nivel de innovación. En este sentido, nos parece un error que también se repita la apuesta este año por la colaboración público-privada en la financiación para las inversiones de infraestructuras estratégicas que responde a una visión anticuada de la gestión financiera por parte de los poderes públicos y que, como ha señalado la propia Comisión Europea, se ha demostrado ineficaz, antieconómica y poco transparente.

• Son unos presupuestos que confirman la irresponsabilidad, la incoherencia y la hipocresía en ámbito fiscal y tributario por parte del Gobierno de la Junta.

Las políticas y las posibilidades de gasto, como es natural, son el reflejo del marco fiscal que asume el gobierno y que condiciona la elaboración de los presupuestos. En este sentido, el Gobierno de la Junta vuelve a incorporar en la elaboración de estas cuentas una forma carente de crítica con los postulados de las políticas de austeridad, del control del gasto y de una política tributaria regresiva, en línea con lo visto y experimentado en la última década. La única diferencia es que, en esta ocasión, quizás lo haya hecho con un mayor énfasis.

Desde Adelante Andalucía consideramos que los objetivos de estabilidad incluidos en estos presupuestos, en un marco de desaceleración, pueden llegar a representar un considerable lastre para las previsiones de crecimiento y un obstáculo para poner en marcha medidas y políticas capaces de contrarrestar los primeros síntomas de agotamiento y de estancamiento económico. En nuestra opinión, una senda de reducción de déficit más paulatina puede favorecer una mejora importante de las principales variables macroeconómicas y no tiene por qué afectar a la evolución de la deuda pública. Por el contrario, si observamos la evolución de las principales partidas presupuestarias de la última década, podemos comprobar cómo la deuda autonómica se ha disparado como consecuencia de las políticas de austeridad; también vemos como el pago de la deuda es la partida que más crece en estos presupuestos con respecto a los anteriores en términos nominales (casi mil millones de euros más) y que es la partida cuyo peso aumenta más en términos relativos sobre el PIB nominal si la comparamos con los presupuestos del año 2009 (pasando del 0,8% sobre el PIB nominal del 2009 al 3,1% de este año).

Las reformas en clave regresiva del sistema tributario han acompañado en los últimos años a la rigidez fiscal que ya hemos detallado. En la anterior legislatura las políticas de desfiscalización han afectado de forma considerable la posibilidad de gasto, reduciendo la capacidad fiscal del sistema tributario andaluz y mermando de manera estructural las arcas andaluzas. En el proyecto de presupuestos para el 2019 el gobierno ya había intensificado estas medidas, que vuelven a ampliar y profundizar en el proyecto que nos ocupa.

Según las previsiones de la propia Consejería de Hacienda, las medidas programadas de cara al 2020 en ámbito tributario afectarán de manera directa a la recaudación por un valor de, por lo menos, 129 millones de euros. El impacto más significativo se observará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. En este ejercicio, además, se consolida la reforma escalonada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Estas modificaciones, sumadas a las reformas llevadas a cabo por el anterior Gobierno, pueden llegar a reducir los ingresos tributarios por valor de 720 millones en esta legislatura. Esta pérdida estructural de recursos, tal y como ha señalado la propia AIREF, tendrá consecuencias en el cómputo de las posibilidades de gasto a efectos de la regla de gasto de la LOEPSF.

En definitiva, la política fiscal llevada a cabo por parte del Gobierno de la Junta, además de afectar a la función redistributiva del sistema tributario, beneficiando de manera considerable a las rentas más altas y a los grandes patrimonios, ha reducido de forma significativa los recursos disponibles para la financiación de los servicios públicos fundamentales. Este efecto es particularmente grave si tenemos en cuenta, por un lado, la infrafinanciación estructural que sufre Andalucía por culpa del actual sistema de financiación autonómico y, por el otro, el aumento considerable del pago de la deuda para este año que reduce en manera considerable los recursos disponibles para la política social.

Es por todo ello que nuestro grupo considera incoherente la actitud del Gobierno de la Junta de Andalucía que, mientras por un lado reivindica la necesidad de una mejor financiación autonómica para Andalucía, con un cambio sustancial en reparto vertical de recursos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas; por el otro pone en marcha reformas fiscales que reducen los ingresos tributarios a la vez que intensifican la competencia fiscal entre territorios en las principales figuras tributarias de cuyas competencias son responsables las autonomías; lo que no solo es nocivo para la sostenibilidad de las arcas autonómicas, sino que también resulta perjudicial para Andalucía en el medio y en el largo plazo, teniendo en cuenta su inferior capacidad fiscal (si la comparamos, por ejemplo, con las comunidades que presentan un nivel de renta per cápita más alta).

En los que se refiere a los ingresos, además, no solo es evidente el impacto negativo de las reformas tributarias de los últimos años, y en particular las que han sido puestas en marcha por el actual Gobierno de la Junta, también es apreciable cómo consiguen cuadrar las cuentas gracias a las previsiones de una mayor financiación por parte de la Administración general del Estado y de otros ingresos que son ajenos a la gestión directa de la Junta de Andalucía. En la práctica, en un ejercicio de cinismo e hipocresía el Gobierno autonómico ha decidido en estos presupuestos utilizar el mayor margen fiscal determinado por el aumento de las trasferencia de origen estatal para rebajar, finalmente, los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios. También cabe destacar, una vez más, la profunda incoherencia de los partidos que sostienen al gobierno: mientras impulsan continuas bajadas masivas de impuestos en todos los niveles de las administraciones, se aprovechan de la mayor financiación que se ha logrado solo gracias a una mejor recaudación tributaria a nivel estatal.

Todo lo dicho se pone de manifiesto en los detalles de la evolución de las previsiones de los ingresos por mecanismos de financiación. Frente a una previsión de aumento de los ingresos totales del 5,6%, los ingresos tributarios crecen muy por encima del PIB nominal (un 3,7% con respecto al 2019), muy por debajo del crecimiento previsto del 6,7% de los ingresos originados por las Transferencias del Sistema de Financiación que no dependen de la recaudación de los tramos autonómicos de las principales figuras tributarias sujetas a liquidación. Además las previsiones de ingresos por tributos propios presentan un crecimiento de apenas el 2,6% (muy por debajo del PIB nominal y de la media general del aumento de la recaudación tributaria), mientras, según las previsiones, en el caso de los tributos cedidos y de gestión propia por parte de la Junta se puede constatar una bajada de casi el 2% con respecto al 2019.

En conclusión, en nuestra opinión, el Gobierno de la Junta persigue un camino totalmente equivocado en ámbito fiscal y tributario que reduce de manera estructural los ingresos, desnaturaliza la función redistributiva del sistema tributario, facilita unatransferencia de recursos desde las rentas más bajas a las rentas más altas, traslada gran parte de los recursos empeñados para el pago de la deuda sobre las clases populares, mientras perdona a las más adineradas miles de euros a través de bonificaciones y beneficios fiscales, y reduce la capacidad fiscal y las posibilidades de gasto de la Junta de Andalucía.

• Son unos presupuestos que aumentan la desigualdad y agudizan la exclusión social y las cifras de pobreza.

Con este proyecto de presupuestos el Gobierno de la Junta da continuidad a los anteriores presupuestos y se olvida de plantear soluciones reales a los problemas estructurales de la sociedad andaluza, como son la desigualdad, la exclusión de amplias capas de la población o de las altas cifras de pobreza y privación material que en los últimos años siguen agudizándose.

La ausencia de medidas de calado en el ámbito social es el reflejo de la profunda indiferencia mostrada por los partidos que sostienen a la mayoría parlamentaria hacia estas cuestiones. Tanto es así que en los acuerdos previos a la investidura o en el acuerdo para los presupuestos entre el Gobierno y Vox, no se incluye ni una sola propuesta dirigida a reducir la brecha social y a mejorar las condiciones de los miles de andaluces y de andaluzas que viven en condición de marginalidad. Y eso a pesar de que las estadísticas y los estudios sobre exclusión social y pobreza en Andalucía señalan la falta de cohesión social como uno de los principales problemas de nuestra nación histórica.

Tal y como apuntan en el 9º Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en 2018 cuatro de cada diez andaluces están en riesgo de pobreza y 670.000 personas se encuentran ya en una situación de riesgo de pobreza severa, cifra que ha empeorado notablemente con respecto a la del 2017 (235.000 personas más que en 2017). Según EAPN Andalucía, la pobreza en Andalucía creció en el 2018 en casi todos los parámetros estudiados y actualmente la comunidad presenta la segunda tasa AROPE más alta de España, sólo por detrás de Extremadura. La realidad es aún peor si se consideran las cifras de exclusión social, ya que de 3,2 millones de habitantes, el 38,2%de la población andaluza (doce puntos por encima de la media del conjunto de España) se encuentran en esta situación.

El empeoramiento de las cifras que aparecen en el Informe, según nuestro grupo, es, por un lado, efecto directo de la falta de políticas públicas capaces de abarcar de manera concreta el problema de la exclusión social y de la pobreza, y, por el otro, el resultado de unas despiadadas políticas fiscales que ahondan la brecha social y cronifican la desigualdad.

Si un cambio copernicano del actual sistema tributario en clave progresiva e igualitaria y la creación de empleo de calidad con mejores salarios parecen ser condiciones necesarias (aunque no suficientes) para reducir drásticamente la desigualdad, garantizar el acceso a una renta digna en todos los hogares parece ser una condición ineludible para reducir de manera significativa las cifras de pobrezas severas, en particular la pobreza infantil. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 23.2 reconoce el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna. Es evidente que la norma estatutaria propone una medida mucho más ambiciosa que la actual Renta Mínima de Inserción, que de todas formas supone en la actual coyuntura una medida urgente y fundamental para reducir las tasas de pobreza, siempre que sea dotada de recursos adecuados y suficientes para que cumpla esta función.

En los estos presupuestos se congela la partida destinada a la Renta Mínima de Inserción. Cabe recordar que en los presupuestos para el 2019 el Gobierno de las derechas redujo los recursos destinados a la Renta Mínima de Inserción en casi 60 millones (un treinta por ciento) con respecto a los recursos incluidos en los presupuestos para el 2018, a pesar de que Save The Children alertó de la insuficiencia de esta cuantía y de que la medida, tal y como estaba financiada y diseñada, no permitía salir de la condición de pobreza severa en la cual se encuentran casi 200.000 hogares andaluces (aunque es importante destacar que solo 49.000 fueron las peticiones para acceder al subsidio y de estas solo un 20% se tramitó exitosamente, un elemento más para tener en cuenta la falta de voluntad política de atender a esta necesidad social).

Desde Adelante Andalucía entendemos que la decisión de no dotar de recursos suficientes la partida relativa a la Renta Mínima de Inserción no solo atenta contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino que se trata por una pésima decisión en términos de política económica, ya que en nuestra opinión las medidas que buscan erradicar la pobreza y reducir la desigualdad no sólo son justas, también eficaces, especialmente en un contexto de desaceleración económica y de estancamiento. Como señalan numerosos estudios y análisis, las sociedades que presentan menores cifras de desigualdad, de exclusión social y de pobreza resisten mejor a los vaivenes del ciclo económico y permiten crecer de una manera más estable y equilibrada en el tiempo.

El caso de la Renta Mínima de inserción no es el único que demuestra el escaso compromiso del actual Gobierno de la Junta de Andalucía en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social. Por ejemplo, en el caso de las pensiones asistenciales se puede observar una reducción del 2% con respecto al 2019, mientras que en Atención a la Infancia, respecto a las cuentas presentadas para el 2019, se recortan 2,9 millones de euros en el concepto de Ayudas Económicas Familiares de lucha contra la pobreza infantil de las corporaciones locales, produciéndose así una reducción de recursos de 2,7 millones de euros en transferencias a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro.

Para reducir la exclusión social, además, es imprescindible garantizar que todos los hogares pueden acceder no solo a una renta, sino también a una vivienda digna y en una condición de sostenibilidad económica para las familias. Es revelador como un estudio de la Fundación Foessa (Caritas) recoge que los problemas de exclusión relacionada con la vivienda afectan hoy a más hogares que los vinculados al empleo. En particular, la exclusión social se multiplica en los hogares que viven de alquiler, frente a los que tienen la vivienda en propiedad, debido a que, de media, la tasa de esfuerzo de un arrendamiento es notablemente mayor en la actualidad al esfuerzo que se exige una hipoteca. Por esto se echa en falta una apuesta clara en estos presupuestos por medidas que puedan facilitar el acceso a una vivienda tanto en el corto como en el medio y largo plazo, condición necesaria además para permitir la creación de nuevos hogares y la emancipación económica y la estabilidad existencial de las nuevas generaciones.

El irrisorio peso de las políticas de vivienda en el conjunto del presupuesto (que representan el 0,2% del PIB nominal, un tercio del nivel de gasto del 2009 y 10 veces por debajo de la media de gasto en este ámbito de los países de nuestro entorno) pone de manifiesto la falta de compromiso y de voluntad de este Gobierno para tener un papel central tanto en la regulación de los precios del alquiler, como en la creación de un parque de viviendas en alquiler social que pueda representar una solución para los miles de hogares que hoy sufren los efectos devastadores de la especulación inmobiliaria.

En definitiva, desde Adelante Andalucía no podemos más que constatar la falta de compromiso por parte del actual Gobierno de la Junta en la erradicación de la pobreza severa y de la exclusión social, mientras que por otro lado se implementan medidas que pueden cronificar y profundizar la desigualdad existente en Andalucía.

• Son unos presupuestos que agravan los problemas de financiación de nuestras entidades locales.

Las entidades locales cada vez más juegan un papel más esencial en la erogación de los servicios públicos, ya que asumen importantes competencias en este ámbito, competencias que, por otro lado, no están cubiertas por una mejor financiación. La ausencia de una reforma profunda del actual sistema de financiación de las entidades locales a nivel estatal es agravada por el escaso compromiso de los últimos Gobiernos autonómicos con nuestros municipios. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que la infrafinanciación de los mismos es funcional a las políticas de privatizaciones y de externalizaciones, puestas en marcha en estos últimos años y que afectan tanto a la sostenibilidad de los servicios públicos como al acceso a los mismos por parte del conjunto de la ciudadanía.

En este proyecto de presupuestos se mantiene el incumplimiento con el conjunto de municipios en lo que se refiere a la aplicación de la ley andaluza de financiación local. La PATRICA sigue sin consignarse al 100%, ya que este año se incumple en 100 millones de euros, al consignar sólo 500 millones de los 600 millones contemplados por ley. Además, no se atiende al compromiso parlamentario del 2019 de consignar a partir de aquel ejercicio los 600 millones anuales y a recuperar además en 3 años la deuda histórica por los años de incumplimiento.

Tal es la situación que con el nuevo incumplimiento la deuda de los ayuntamientos asciende ya a 871 millones de euros, de los cuales 211 han sido provocados por el actual Gobierno. Con la actual evolución de los recursos asignados se tardarían 10 años en lograr el cumplimiento con la ley (es decir alcanzar los 600 millones) y para entonces la deuda contraída por la Junta hacía las entidades locales alcanzará más de 1.600 millones de euros.

• Conclusión

La última crisis golpeó duramente a las clases populares y a las capas más vulnerables de la sociedad andaluza. La receta neoliberal aplicada después de la misma ha cargado el peso de los ajustes sobre las espaldas de los más desfavorecidos y de los y las trabajadoras andaluzas, que han visto empeorar progresivamente sus condiciones de vida. La recuperación de los últimos años ha sido profundamente asimétrica, ya que el crecimiento no solo no ha llegado a todos los hogares, sino que ha profundizados las brechas sociales y territoriales existentes.

En el medio de una fuerte desaceleración económica y mientras se está gestando la tormenta perfecta (con el Brexit y con la guerra arancelaria que pueden afectar enormemente el ya debilitado tejido productivo andaluz) la acción del Gobierno de la Junta debería centrarse en proteger los que fueron los perdedores de las crisis y garantizar tranquilidad a la mayoría social andaluza que se encuentra aún más expuesta que hace una década a los vaivenes económicos. Lamentablemente, el camino escogido por el Gobierno de las derechas va justo en dirección contraria. Los presupuestos presentados para el 2020 (en continuidad con los presupuestos anteriores), lejos de solucionar los problemas estructurales de la economía y de la sociedad andaluza, podrían profundizarlos.

Los presupuestos autonómicos representan casi el 20% del PIB andaluz, razón por la que son la principal herramienta de dirección política y económica en las manos del Gobierno de la Junta. Es por esto que las medidas contenidas en los presupuestos tienen un impacto directo sobre el crecimiento de la economía andaluza y sobre cómo este beneficia o no el conjunto de la ciudadanía. Desde nuestro Grupo Parlamentario consideramos que el proyecto de presupuestos para el año 2020 es el resultado de unavisión ideológica, política, económica y social de las derechas que es nociva para el conjunto de Andalucía.

En nuestra opinión es posible paliar los efectos negativos de la desaceleración incipiente, sólo si se solucionan los problemas estructurales de la economía andaluza. Es cada vez más necesario poner en marcha un cambio profundo en las políticas fiscales; reivindicar un papel esencial de los poderes públicos autonómicos en la regulación de los mercados y como protagonistas en el ámbito económico y productivo, facilitando así un real proceso de transformación de nuestro modelo productivo; mejorar el nivel salarial la calidad del empleo, garantizar una mayor renta y un mayor consumo interno; priorizar el gasto social y el blindaje de los servicios públicos fundamentales por encima del pago de la deuda; atribuir un papel esencial a las políticas de género y a la sostenibilidad medioambiental, avanzando en la reducción de las brechas sociales y poniendo en marcha un verdadero proceso de transición energética; asumir como prioritaria la lucha contra la pobreza y la exclusión social, garantizando la extensión de los derechos básicos a todos y cada uno de los hogares andaluces. Compromiso que el actual Gobierno de la Junta demuestra de no querer y no poder asumir.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA) presenta ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley 10-19/PL-000004, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, con petición de DEVOLUCIÓN DEL MISMO.

Parlamento de Andalucía, a 17 de octubre de 2019.

Portavoz G.P. Adelante Andalucía.

ET-PTO2020.