IU Castilla y León valora los PGE por la protección social y el avance público

Izquierda Unida Castilla y León valora positivamente la propuesta de PGE tanto como para el conjunto del estado como para Castilla y León en particular. Dichos presupuestos “suponen una herramienta para combatir los efectos de la inflación, para avanzar en justicia fiscal y social”.

IU destaca que desde que se conformó el gobierno de coalición se ha reorientado la política presupuestaria hacia una mayor justicia social y transformación del modelo productivo. Apuntan que, sin tener en cuenta los fondos europeos, el gasto social ha tenido un incremento del 35,4% desde 2018 a 2023, con especial incidencia en sanidad y servicios sociales. Así, respecto a los gobiernos del PP el presupuesto en dependencia ha subido un 150%, en sanidad el 145%, sumado al 25% de crecimiento en luchar contra la violencia de género y su más como el 76% en materias como la cultura.

Las pensiones de actualizan al 8% lo que permite mantener el nivel de renta. Asimismo, las prestaciones por desempleo subirán un 20% desde el sexto mes.

Las medidas fiscales anunciadas, por su parte, supondrán un incremento de recaudación de 7.604 millones de euros anuales como resultado de la subida a grandes empresas y patrimonios y las modificaciones en IRPF a quienes tienen elevadas rentas del capital. Destacan que los contribuyentes con más renta y patrimonio y financiarán una reducción para la mayoría social, equilibrando así el esfuerzo fiscal.

La propuesta de gobierno PGE 2023 asigna a la comunidad una inversión total de 976 millones de euros, un 7,1% sobre el total regionalizado. Traducido en términos de inversión per cápita, significa que los PGE asignan a Castilla y León 401 euros por habitante, cifra muy superior a la media de 284 euros por habitante. Destacan varias inversiones en transportes como el corredor ferroviario entre Palencia y Medina del Campo. Por su parte sigue ausente la demanda ya consolidada del tren directo a Burgos desde Riaza

Por otra parte, señalan la “necesidad y urgencia” de garantizar las inversiones dependientes de las competencias del estado que vertebran el territorio y garanticen los medios e infraestructuras necesarias para evitar la despoblación.

A pesar de las críticas por el alto gasto en defensa recalcan que Unidas Podemos, ha protagonizado la lucha por los incrementos de la inversión y el gasto público que proporcionan “verdadera seguridad a la población”, con la consolidación de un potente escudo social, feminista y ecologista.

Finalmente, IU señala que se trata de un acuerdo caracterizado por “más y mejor empleo y salarios, más justicia social y más y mejores inversiones en servicios públicos”. Acuerdo vertebrado en base a varios ejes, como proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y a las familias trabajadoras, reforzar los servicios públicos, avanzar hacia unos presupuestos más feministas y con el foco puesto en los cuidados y más recursos para comunidades autónomas y ayuntamientos.