Greenpeace denuncia en la Cumbre del Clima de Marrakech que España abandona a los trabajadores y al medio ambiente al no abordar el fin del carbón
Greenpeace presenta un informe, en el que ha participado el instituto Istas de CCOO, donde por primera vez analiza el fin del carbón y las alternativas de empleo con un caso de estudio concreto: la cuenca minera de Andorra (Teruel). Europa obliga a cerrar en 2018 la minería del carbón que haya recibido ayudas para el cierre y reconversión del sector, aunque España apenas ha abordado el problema. La quema de carbón para obtener electricidad es la principal causa de cambio climático y debe terminar para que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 ºC
Greenpeace ha presentado hoy en la Cumbre del Clima de Marrakech, en un evento organizado por la Confederación europea de sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo, el informe Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel, un trabajo en el que por primera vez se analiza, con un caso de estudio concreto, el fin del uso de carbón para producir electricidad en España y que presenta alternativas de empleo para las personas de las cuencas mineras que viven de este sector.
El informe, en cuya elaboración han participado el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO y la consultora Abay Analistas Económicos, aborda una cuestión sobre la que ni las administraciones ni las empresas quieren hablar abiertamente: el fin del carbón y la necesidad de buscar alternativas sostenibles para el empleo.
Según la normativa europea, la minería del carbón que haya recibido ayudas para el cierre y la reconversión del sector deberá cerrar en 2018, de no ser así deberá devolver las ayudas, aunque Greenpeace recuerda que España no ha actuado de manera convincente sobre este problema. Desde que comenzaron en la década de los 70, se han invertido miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector, aunque existe una falta absoluta de transparencia y de control administrativo en cómo se han destinado los fondos para la transición de las cuencas mineras.
En España desde 1987 se involucró a las empresas eléctricas en las ayudas económicas para la extracción del carbón a las que se ofrecían pagos garantizados a cambio de comprar carbón nacional. Estas ayudas se han mantenido, con distintos formatos, hasta el año 2014.
“Ni las empresas mineras y eléctricas ni las administraciones implicadas han querido afrontar seriamente este problema durante años y ahora se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere coger”, ha declarado Tatiana Nuño, “Las empresas tienen especial responsabilidad porque juegan con las esperanzas de los trabajadores al hacer depender de subvenciones públicas la continuidad de un sector que saben no tiene futuro”.
El caso de la cuenca minera de Andorra (Teruel)
Con el informe, la organización ecologista no solo pretende demostrar que hay alternativas al carbón, sino también abrir una vía de diálogo entre las partes implicadas para que se aborde la transición del fin del carbón de manera justa con las personas y el medio ambiente. “De ninguna manera podemos permitir que se den más ayudas a las eléctricas para que continúen con sus negocios en las energías sucias, somos el país del mundo que más ha aumentado su consumo de carbón entre 2014 y 2015 cuando todos los flujos de financiación deberían estar dirigiéndose a un desarrollo sostenible y sin emisiones”, recuerda Nuño.
Greenpeace exige al Gobierno de España responsabilidad y coherencia y que elimine todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes. El Gobierno debe establecer un plan con fecha de cierre progresivo hasta el año 2025 de las térmicas de carbón en España, que incluya un plan para el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación justa para todos los trabajadores del sector. Estos deben ser elementos ineludibles en cualquier pacto de Estado sobre energía.
Las cuencas mineras tienen una serie de características comunes como el alto nivel de masculinización del sector, el modelo monoindustrial y la obtención de los trabajadores de unos beneficios mayores de los que cualquier otro sector industrial pueda igualar que han dificultado la búsqueda de alternativas económica inclusivas.
La falta de aceptación de un escenario futuro y cierto sin carbón ha frenado de forma significativa el proceso de transición hacia una economía apoyada en actividades económicas alternativas.
La necesidad urgente de un plan de transición justa que debe ser liderado por un organismo con visión global del conjunto de los planes que tienen incidencia en la zona, posibilidad de interlocución con el nivel nacional y capacidad para movilizar y reasignar fondos públicos y distintas líneas de financiación.
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