Comienza este lunes el juicio contra las 21 personas detenidas durante el Rodea el Congreso
- La fiscalía solicita un total de 112 años de prisión para los detenidos durante la movilización del 25 de septiembre de 2012.
- La Coordinadora 25S exige la suspensión y el archivo de la causa dado el retraso acumulado del procedimiento durante 12 años.
El juicio contra las 21 personas detenidas durante la manifestación del Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012, arranca este lunes en el Juzgado de lo Penal Número 20 de Madrid, con una petición de penas por parte de la fiscalía que van desde los 7 años y 4 meses, a los 3 años y 8 meses de prisión, para un total de 112 años de condenas acumuladas.
Las acusaciones que sostiene la fiscalía son de desordenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y de resistencia, y falta de lesiones, en un procedimiento oral que está previsto que se extienda hasta el 28 de noviembre.
La fiscalía solicita 7 años y 4 meses para cuatro de los procesados, tres años y ocho meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos más otros tres años y ocho meses por atentado. Una petición basada en la aseveración de que se perpetró un ataque al operativo policial a través de “diversos grupos controlados y organizados”.
La plataforma convocante de esas protestas, la Coordinadora 25S, ha hecho público un comunicado en el que critica que se llegue a un juicio por unos hechos ocurridos hace 12 años, algo que ya debería avocar a que se suspenda, y que se pidan unas penas que suman un total de 112 años y 5 meses de cárcel.
“Los juicios políticos se pueden -y se deben- ganar”, afirma el colectivo, que incide en que “se trata con toda claridad de un juicio político” porque las convocatorias “Rodea el Congreso” tenían como objetivo “denunciar la corrupción del Régimen, el carácter antidemocrático de éste, así como la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente”, unas exigencias que considera que hoy “están aún más justificadas de lo que estaban hace doce años”.
“El Régimen del 78 quiere acabar con el movimiento democrático de Madrid”, concluye, y exige que los encausados por el 25S “tengan al menos un trato similar por parte de las instituciones, incluyendo la administración de Justicia, al que han tenido la mayoría de las personas encausadas en el ‘Procés’” tras la aprobación de la Ley de Amnistía.
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