CCOO convoca movilizaciones tras la negativa del Ministerio de Justicia a negociar
Los sindicatos denuncian que el Ministerio de Justicia sigue negándose a negociar las modificaciones de las condiciones de trabajo que se contienen en el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que se está tramitando en el Congreso.
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Para el Sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO la aprobación de esta ley en los términos del proyecto presentado por el Gobierno pone en juego miles de puestos de trabajo de los juzgados y tribunales, instaura la movilidad forzosa y permite rebajar sin negociación las retribuciones del personal de justicia.
Este sindicato advierte que, si el Ministerio de Justicia no rectifica, nos veremos abocados a una huelga general en la Administración de Justicia.
El articulado de la Ley de Eficiencia Organizativa permite ampliar la competencia territorial de los nuevos tribunales de instancia (que sustituirán a los actuales juzgados) a dos o más partidos judiciales limítrofes o a dos o más provincias, sin estar previsto que en las oficinas que asuman las competencias de otro partido judicial o provincia se vea incrementado el número de trabajadores y trabajadoras. Muy al contrario, en CCOO se apunta hacia una reducción drástica del número de puestos de trabajo en las oficinas que dejan de tener esas competencias.
A ello se suma que esta medida causará un evidente perjuicio a la ciudadanía que verá como los juzgados se ubicarán, en muchos casos, a centenares de kilómetros de su domicilio; una justicia alejada de la ciudadanía, frente al principio de cercanía que se defiende desde CCOO.
En las movilizaciones convocadas, que se reanudan mañana tras las concentraciones realizadas los días 22 de noviembre y 2 de diciembre, los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia reclaman garantías de que no habrá pérdida de puestos de trabajo, ni rebajas en las retribuciones, ni procesos forzosos de movilidad funcional o geográfica.
Exigen asimismo la negociación de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo de las oficinas judiciales y del Registro Civil y el mantenimiento de centros de destino concretos a los que se pueda optar en los concursos de traslado, frente al modelo que se plantea consistente en que ese puesto de trabajo concreto sea asignado de forma discrecional y forzosa por responsables funcionales de las nuevas oficinas.
Por último, CCOO y el resto de sindicatos exigen al Ministerio de Justicia que en esta nueva ley se incorporen modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que mejoren las expectativas de promoción interna y carrera profesional del personal y que todos los puestos de trabajo sean provistos por personal titular mediante concursos de traslado y ofertas de empleo público que contengan todas las plazas vacantes.