Participa Sevilla celebra, pero ve insuficiente, la suspensión provisional del dragado del río

“Ya era hora de que el Puerto de Sevilla admitiera que el dragado que llevaban proponiendo desde 1999 era inviable porque había sido rechazado desde los ámbitos académicos, sociales, ambientales y jurídicos. Este dragado, además de un auténtico despropósito, hubiera aportado unas mínimas garantías de mejoras económica, ya que la actual profundidad del Guadalquivir permitiría la navegación del ‘95% de los barcos’, según varios informes”, ha manifestado Susana Serrano, en un comunicado de prensa después de conocer el anuncio del Puerto de Sevilla de que suspende el dragado, aunque no descarta al 100% la posibilidad de una futura intervención similar en los 90 kilómetros hasta Sanlúcar de Barrameda.

“No solo es suficiente suspenderlo, sino descártalo totalmente. Ante este cambio de estrategia anunciado por el Puerto, esperemos que no se vuelva a destinar dinero público para buscar alternativas a lo ya paralizado y, así, volver a intentar justificar lo injustificable”, según Serrano, que ha apostado por qué ahora la administración pública debe, como ya hemos defendido anteriormente, apostar por buscar nuevas alternativas que gocen de sostenibilidad ambiental, social y económica para mejorar la actividad en el Puerto de Sevilla. “Nos alegramos que tal y como ya planteamos en una reunión en el grupo municipal a la plataforma ‘Sevilla por su puerto, hay tomado nota y planteen un cambio de estrategia frente al dragado. Pero, creemos que hay que ser más ambiciosos y apostar por la necesidad de planificación y estrategia conjunta con el resto de puertos andaluces, como con otros sectores, para complementar y potenciar la actividad de cada puerto.

En este comunicado Participa Sevilla ha terminado recordando los continuos informes y posicionamientos que han desaconsejado el dragado previsto por el puerto. En 2010, el Dictamen de la Comisión Científica para el estudio de las Afecciones del Dragado en el Río Guadalquivir recomendó que “se desestime definitivamente el dragado de profundización”. Tres años después, la UNESCO urgió “al Gobierno de España a no permitir ninguna profundización del dragado en el Bajo Guadalquivir” y la Comisión Europea abrió procedimiento de infracción contra España por “vulnerar la normativa europea de protección del medio y los graves impactos sobre Doñana” Un año más tarde, en 2014, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana rechazó el proyecto de Mejora de Protección de Márgenes que el Puerto presentó y en febrero de 2015, el Tribunal Supremo anuló el dragado de profundización incluido en el Plan Hidrológico de Demarcación por “no justificar específicamente los motivos de las alteraciones de las masas de agua que conlleva la obra”. Un mes después, un Dictamen de la Comisión Europea declaró que “España no ha estudiado detalladamente las repercusiones del proyecto ni las soluciones alternativas, lo que es un requisito básico a tenor de la Directiva Marco del Agua”. Y, finalmente, en abril de 2016, los catedráticos de Derecho Administrativo Jesús Jornado Fraga y Antonio Embid Irujo declararon que la Declaración de Impacto Ambiental de 2003, en la que se pretende apoyar todo el proceso, no tiene ninguna posibilidad de considerarse jurídicamente vigente.