Podemos defiende en el Congreso las demandas de abogados y procuradores mutualistas

Andalucía, 18 de marzo de 2024.

Se busca garantizar condiciones de jubilación dignas para abogados y procuradores hasta ahora adscritos a mutualidades.

Martina Velarde ha registrado una pregunta dirigida al gobierno relativa a la situación de los abogados y procuradores mutualistas y defenderá en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de derecho a la defensa para integrar con carácter voluntario en el sistema público de la seguridad social a los profesionales de la abogacía.

La propuesta plantea la integración voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con el reconocimiento de los años cotizados y cantidades aportadas, lo que permitiría una mejora sustancial de las futuras pensiones.

Velarde, que es abogada de profesión, se reunió con el movimiento #J2 compuesto por abogados y procuradores de toda España que afrontan unas futuras pensiones muy por debajo del salario mínimo tras haber cotizado durante décadas a las mutualidades a las que pertenecían. El movimiento calcula en 65.000 abogados y 20.000 procuradores afectados por la situación.

La situación de empeoramiento de sus condiciones de jubilación se produjo a partir del cambio legislativo producido en 1996 cuando dejó de ser obligatorio ser mutualista pudiendo incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sin embargo, los propios Colegios de Abogados defendieron que las pensiones futuras en las mutuas iban a ser mayores que en el RETA, por lo que en la práctica, dicha voluntariedad nunca se llevó a efecto.

Posteriormente, en 2005, la Mutualidad de la Abogacía cambió el sistema de capitalización colectiva por uno individual, lo que condenó definitivamente a decenas de miles de abogados y procuradores a pensiones paupérrimas tras toda una vida cotizando.

A pesar que un informe encargado en ese año por el propio Consejo General de la Abogacía Española advertía de la grave desprotección que el nuevo sistema suponía para el colectivo, no se informó a los mutualistas afectados, ni de las consecuencias que provocaba el cambio de sistema, como tampoco se informó de la inexistencia de garantía respecto a los fondos cotizados o la no actualización de las prestaciones conforme al IPC.

La situación 20 años después es que miles de abogados y procuradores en ejercicio a punto de jubilarse se enfrentan a pensiones muy bajas, tildando de auténtico fraude lo ocurrido, por lo que se han organizado en el movimiento #J2.

En este sentido, Velarde, en su pregunta plantea si el Gobierno piensa dar solución de forma urgente mediante la elaboración de un Decreto Ley, al igual que hizo en su día con otros profesionales encuadrados en mutualidades.