La sociedad civil rechaza más infraestructuras gasistas innecesarias

Tras la publicación de la estrategia de la RePowerEU, Gas no es Solución expresa su rechazo a la propuesta del Congreso de los Diputados de facilitar los trámites de construcción y financiación del gasoducto MidCat, entre ellas su introducción de nuevo en la lista de proyectos de interés común europeo (PCIs), esta vez bajo la excusa de ser compatible con el hidrógeno verde. Una enmienda que también alienta a la promoción de la reapertura de la regasificadora ilegal de El Musel, además del Real Decreto-ley 6/2022, en proceso de enmiendas, cuyo texto original permite el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas en las islas canarias. Numerosos estudios reflejan que hay que dejar gran parte de los combustibles fósiles bajo tierra. A juicio de Gas No Es Solución, no es necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para salir de la dependencia energética del gas ruso en 2025. En este sentido, defiende la plataforma, el rol del hidrógeno tiene un potencial de aporte muy escaso de ayuda.

Un ejemplo es el MidCat, un controvertido proyecto paralizado en el 2019 por el rechazo de los reguladores energéticos español y francés al proyecto. Su desarrollo no supondría una ayuda en el corto, medio ni largo plazo para la crisis energética europea. Aún en el plazo improbable de terminarse en tres años, lo que conllevaría un gran incremento de costos, solo podría transportar el 2,2 % de la demanda de gas europea en 2021. De utilizarse para transportar hidrógeno 100 % renovable en el futuro, sería necesario incrementar en un 45 % el potencial fotovoltaico instalado, un 37 % más en el caso de la eólica, desviando inversiones necesarias para la urgente descarbonización del mix eléctrico.

Lo mismo sucede con la planta de regasificación ilegal de El Musel en Gijón. Su puesta en marcha es, según Gas No Es Solución, innecesaria. Debido al sobredimensionamiento de potencial de regasificación en 2021, las regasificadoras existentes funcionaron solo a un 27 % de su capacidad. En cuanto a su posible utilización como almacén de gas natural licuado (GNL), solo aumentaría en un 10 % el almacenamiento de GNL en los tanques de regasificadora en el Estado español. Tampoco tendría sentido como punto de carga y descarga intermedio para buques metaneros con destino Europa, debido al incremento de costes de operación, pérdida de tiempo y aumento de kilómetros recorridos.

En cuanto al Real Decreto-ley 6/2022 del Gobierno, diferentes grupos políticos han presentado enmiendas durante esta semana. Las que Gas No Es Solución valora más positivamente van dirigidas a sacar del texto la disposición que permite facilitar la instalación de plantas de gasificación, muelles de carga y descarga de buques gaseros y centrales de generación eléctrica en al menos dos puertos, Gran Canaria y Tenerife. La disposición original exime a dicha infraestructura de  autorización administrativa, equiparándola a la infraestructura energética militar y calificándola como de interés general.

Gas No Es Solución propone dedicar esas posibles inversiones a proyectos que puedan aportar resiliencia mediante la reducción de la demanda, el autoconsumo y la diversificación energética, que sean más beneficiosos para la transición energética justa y a la búsqueda de la coherencia entre las políticas energéticas estatales y europeas con la emergencia climática, poniendo en el centro el bienestar de las personas.

Manifiesto

Ni el gas ni el hidrógeno son coartadas para resucitar viejos proyectos gasistas innecesarios

Recientemente difundimos una carta abierta de la sociedad civil dirigida a los representantes políticos. En ella expresábamos que las medidas tomadas por la Unión Europea y el Estado español en el contexto de la guerra en Ucrania no pueden convertirse en una excusa para incrementar la dependencia de los combustibles fósiles y, en especial, del gas natural vengan de donde vengan.

Consideramos que la Comisión Europea, el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados están desoyendo las recomendaciones científicas del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), donde queda de manifiesto que son necesarios cambios sistémicos profundos en nuestras costumbres para lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acorde con los estudios de esos expertos y siguiendo las recomendaciones del Acuerdo de París (COP21) de diciembre de 2015. Así, un reciente estudio afirma que el 40 % de las reservas actuales de combustibles fósiles deben de mantenerse sin explotación para cumplir con los objetivos climáticos.

Por ello, ante la reciente publicación de la estrategia de la Comisión Europea dentro de la hoja de ruta RePowerEU, afirmamos que el papel del hidrógeno verde está sobreestimado ante las capacidades reales de producción. Estudios recientes, como el de Bellona, E3G y Ember, o el publicado por la consultora Artelys, coinciden en que no es necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras gasistas para salir de la dependencia energética del gas ruso en 2025. También coinciden en que una estrategia a prueba de futuro debe reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, desplegar el hidrógeno en sectores sin riesgo donde no existen otras vías de descarbonización.

En cambio, lo que sí supone apostar por estas infraestructuras es un mayor beneficio económico para las empresas gasistas y un encarecimiento de los precios para la mayoría de la población, que ya hoy en día lucha por pagar sus facturas energéticas.

Denunciamos que las medidas energéticas que están tomando las instituciones públicas europeas pretenden afrontar problemáticas que no se han abordado anteriormente por una falta de previsión y planificación. La UE ya aprobó su Estrategia Europea para la Seguridad Energética en 2014, con la misma finalidad: dejar de depender del gas ruso. La estrategia ha fracasado, ya que desde entonces la dependencia ha aumentado del 40 % al 43,6 %. Hace falta una planificación que se base en los usos energéticos socialmente necesarios y las tecnologías disponibles para afrontar la transición energética hacia las renovables de forma dimensionada.

La mayoría de esfuerzos deberían reconducirse primero a la reducción de la demanda. Dicho proceso debe hacerse pensando en las personas, sobre todo aquellas en estado de vulnerabilidad, y no en los beneficios de grandes compañías del oligopolio energético.

Por otro lado, ante la iniciativa presentada por el PP al Pleno del Congreso para facilitar la reactivación del gasoducto MidCat entre España (Catalunya) y Francia (Midi), así como la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel (Xixón, Asturies) y la construcción de nuevas regasificadoras en Canarias, queremos llamar la atención a la opinión pública sobre lo siguiente:

La propuesta del PP encierra un trasfondo normativo lesivo para el clima y los intereses legítimos de la ciudadanía afectada al mencionar “el carácter urgente del proyecto para simplificar los trámites del proyecto, promoviendo las modificaciones normativas nacionales y, en su caso, europeas, para acortar los plazos de ejecución y puesta en marcha del proyecto”. Este tipo de estrategias, muy utilizadas por las empresas del sector, solo conducen al abuso y utilización de esa normativa. No solo para estos proyectos concretos, sino para otros distintos que nada tienen que ver con él.

Asimismo, aportamos argumentación sobre la no idoneidad de los proyectos anteriormente mentados:

Sobre el MidCat

El MidCat sería un nuevo gasoducto al este de los Pirineos, con una capacidad de transporte de 7.5 bcm. Duplicaría la capacidad de las interconexiones actuales entre Francia y España. Este proyecto se abandonó en 2019, al considerarlo demasiado costoso, invasivo para el medio ambiente y no esencial para el suministro de gas a Europa.

De hecho, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de Francia había rechazado el proyecto de gasoducto. Por su parte, su homóloga española la CNMC indicaba que “el proyecto, en su configuración y capacidades actuales, no respondía a las necesidades del mercado y no presentaba la madurez suficiente para poder ser objeto de una decisión favorable”. En este contexto, apostar por infraestructuras gasistas con una vida útil de entre 40 y 50 años nos ancla a un modelo dependiente de los combustibles fósiles. Va en la dirección contraria de la transición energética justa que necesitamos.

Sin embargo, numerosas voces de diferentes sectores se han lanzado a reavivar el debate sobre este proyecto ante la jugosa posibilidad de disponer de financiación a través de los fondos de recuperación Next Generation EU, si este sirve en el futuro para transportar hidrógeno verde. El President de la Generalitat, Pere Aragonés, defendía en Francia la necesidad de su reactivación, Foment del treball exigía a Europa financiación para llevarlo a cabo, y Von der Leyen señalaba la importancia estratégica de Catalunya y el MidCat en las políticas energèticas de la UE como solución a la crisis energética que se ha producido en los últimos meses.

Las causas de esta crisis ya existían previamente a la guerra de Ucrania debido a:

1. La disfunción del mercado por el aumento de la demanda por parte de países asiáticos como China, por el incremento de la actividad económica o de América Latina, como Brasil, por los graves efectos de la sequía en la generación hidráulica, y, en el ámbito europeo, por la disminución de suministro del Reino Unido y Noruega.
2. El peak gas. Se ha alcanzado el pico de extracción de este combustible fósil, por lo que cada vez habrá menos disponibilidad. Esto conlleva que países exportadores prioricen el consumo interno y disminuyen su oferta, como es el caso de Rusia y Argelia
3. Almacenes muy vacíos. La parada de la actividad industrial y de extracción de combustibles fósiles, derivado de los impactos de la COVID–19, ha hecho que los países importadores no pudiesen llenar sus almacenes antes de la temporada de invierno.
4. Relaciones geopolíticas. Actualmente existen dos bloques que luchan para conseguir la hegemonía a nivel global: 1) Unión Europea-Estados Unidos, y 2) Rusia-China. A nivel energético se constató con la Estrategia Europea para la Seguridad Energética tras el corte de suministro que efectuó Rusia en 2006 y 2009 por el desacuerdo en el precio, en la que se planteaba la diversificación de países exportadores.

En el supuesto de que el proyecto MidCat se reiniciara como respuesta a un corte de suministro de gas por parte de Rusia, sería absolutamente improcedente si se tiene en cuenta que su construcción necesitaría, según diversas fuentes, de entre dos a seis años desde la toma de decisión. En concreto AFRY, la consultora que desaconsejó el MidCat en el 2019, afirma: “El precio actual del gas no justifica una inversión tan grande”. Además, estiman que la construcción tardaría mínimo tres años y realizarlo en ese plazo conllevaría una inversión  mayor de la prevista. Es destacable que el coste recaería de forma indirecta sobre toda la ciudadanía europea.

Por otro lado, es destacable que Francia, Italia y Alemania, que serían algunos de los países más afectados por el potencial cierre de los gasoductos rusos, ya están desarrollando sus propias soluciones independientes de este gasoducto. Además, el volumen proyectado de transporte de gas del proyecto MidCat son 7,5 bcm, lo que quiere decir que solo podría transportar el 2,2 % de la demanda de gas europea en el 2021, en un horizonte, en el mejor de los casos, a 2025. Por todo lo anterior, no vemos el encaje del MidCat en este contexto de crisis energética.

En lo que respecta a la compatibilidad con el hidrógeno verde, dicha proposición de futuro está basada en un intento hipotético de desarrollar una economía internacional de hidrógeno y convertir a España en un gran exportador de este gas. Bajo esta idea, se esconden los mismos intereses de unos pocos que nos endeudaron bajo el intento de convertir a España en un hub de gas fósil, y que ahora vuelven a intentarlo con el pretexto del hidrógeno.

El hidrógeno renovable, producido a partir de la electrólisis del agua, con electricidad 100 % renovable (comúnmente conocido como hidrógeno verde), es todavía una tecnología cara e inmadura que consume mucha electricidad, y que no existe a gran escala dado el poco desarrollo en toda su cadena de valor. Instituciones como IRENA o la AIE establecen su horizonte de madurez a partir de la próxima década, lo que implica que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en su desarrollo tecnológico pero, sobre todo, en las soluciones más económicas y eficientes ya disponibles basadas en el ahorro, eficiencia y la electrificación de la demanda.

El hidrógeno no puede convertirse en una coartada que fortalezca el papel del gas en el mix energético, y que además continúe apostando por un modelo promotor de infraestructuras y de combustibles fósiles. El interés por transportar hidrógeno a través de su mezcla con gas natural en la red de gas (técnica conocida como blending) es un error que implicaría desperdiciar un vector energético renovable de alto valor y encerrarnos en más años de quema de gas fósil, lo que supone un freno en la apuesta por un futuro sostenible, más teniendo en cuenta la poca madurez del hidrógeno y el gran consumo de energía que conlleva su producción.

El blending, además de suponer una modificación en la composición del producto transportado y entregado al cliente. También hay que tener en cuenta las fugas y los problemas técnicos que podría ocasionar en la actual infraestructura de gas y en los equipos de uso final diseñados para el gas fósil (como, por ejemplo, las calderas domésticas). Con respecto al transporte, esto implica que tarde o temprano, a medida que se vaya incrementando el volumen de hidrógeno a través de los gasoductos, se tendrá que actualizar toda la red de gas. Una realidad que pone de manifiesto que transportar hidrógeno es caro y poco eficiente, y desmonta el proyecto European Hydrogen Backbone y los intereses de los principales gestores de la red de transporte de gas (TSO_s) en Europa, como Enagás.

En España, y en Europa en general, ya contamos con una red sobredimensionada de gas, que o bien se convertirá en activos varados (pérdida de valor de las infraestructuras a medida que se eliminan los combustibles fósiles) que requerirán de un costoso desmantelamiento, o nos encerrará, con su reutilización, en más décadas de quema de gas fósil bajo el pretexto de un gas “más natural y sostenible” al mezclarse con hidrógeno (u otros gases renovables como el biometano). Los gestores de la red de transporte de gas (TSO_s), como Enagás, ven en el hidrógeno un pretexto que les permite extender su modelo de negocio basado en gas fósil y sobrevivir a la transición energética con el uso del hidrógeno u otros gases renovables.

No sabemos si este proyecto llegará a utilizarse para transportar únicamente hidrógeno, ni a qué usos irá destinado, ni si realmente resulta interesante su uso y simplemente se pretende sustituir los consumos de gas fósil por hidrógeno para seguir manteniendo los contratos de suministro. Sin embargo, si se utilizase el MidCat para transportar 7,5 bcm de H₂, se tendrían que producir 674.128 t H₂, un 35 % más del hidrógeno fósil que se consume actualmente en España (500.000 t H₂). Para producirlo, serán necesarios unos 39 TWh de electricidad y unos 11,3 hm³ de agua, que equivaldrían al 15 % de la electricidad consumida en España en 2021 y al 7 % del agua consumida para uso doméstico en la ciudad de Madrid en 2020. Por ejemplo, si esa electricidad se produjese sólo con parques solares, se necesitarían 21,7 GW, un 43 % más de la potencia solar fotovoltaica instalada en España en 2021, y se ocuparían unas 43.443,8 ha, equivalentes al 72 % de la superficie de la ciudad de Madrid. Este horizonte, desviaría recursos de las inversiones necesarias para afrontar la descarbonización del mix eléctrico, supondría una pérdida de eficiencia energética y además, conllevaría una afección importante e innecesaria a los territorios.

Por último, no podemos dejar de mencionar que los impactos ambientales y territoriales del MidCat ya son conocidos. En 2011 se construyó un tramo de casi 90 kilómetros entre Martorell y Hostalric. Este ha dejado a su paso una brecha de 25 metros de ancho para hacer pasar un gasoducto de un metro de diámetro.

Las plataformas locales de las comunidades afectadas denuncian que Enagás no realizó un estudio topográfico del recorrido, aunque el territorio es muy irregular. Los propios operarios preguntaban a la población cómo llegar a puntos de difícil acceso ante la falta de planificación. Tampoco se consideró la posibilidad de hacerlo pasar por infraestructuras ya construidas, lo que reduciría su impacto ambiental. A su vez, la aprobación en uno de los ayuntamientos por donde pasa el MidCat se hizo en la junta de gobierno y en el acta de la reunión solo se hizo constar el número de expediente, como si fuera una licencia de obra cualquiera. Por último, observamos que los argumentos que se utilizan para su promoción son los mismos o muy parecidos a su previa anulación, que desde sectores de la sociedad civil identificamos que respondían más a los intereses de la empresa promotora, Enagás, y no a las necesidades colectivas que tenemos como sociedad.

Sobre El Musel

La obra fue aprobada en 2008, según Enagás, en un momento en el que había grandes perspectivas de crecimiento de la demanda energética en España. La inversión fue garantizada por el Estado y el mantenimiento pagado por todos los consumidores. En 2012 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) reconoció que esta planta no era necesaria para el suministro. Fue declarada ilegal, en 2013, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por construirse a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia tres años después, pero la empresa adjudicataria, Enagás, actualmente está tramitando de nuevo su legalización y que pueda entrar en funcionamiento. En total, desde el año 2008, en el que comenzó la construcción de la planta, Enagás ha cobrado 169,76 M€, a los que en 2019 se sumaron 23,6 M€ más. De esos 169,76 M€, 140,14 M€ son para la amortización de una instalación cuya construcción requirió una inversión de 282 M€. Los 29,62 M€ restantes lo fueron en concepto de gastos de operación y mantenimiento.

La justificación de su puesta en marcha como planta de regasificación cae por su propio peso. En 2021 las regasificadoras españolas existentes funcionaron a un 27 % de su capacidad. En cuanto a su posible utilización como almacén de GNL, con una capacidad de 300.000 m3 solo aumentaría en un 10 % el almacenamiento de GNL en los tanques de regasificadora en el Estado español. Lo que sólo supondría mejorar la capacidad de almacenamiento subterráneo en 5 puntos porcentuales si, como propone la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, finalmente se permite que este gas licuado almacenado en los tanques de la regasificadora se contabilice como parte del gas almacenado en el almacenamiento subterráneo.

Por otro lado, se plantea que sea un punto de recarga offshore para suministrar GNL a metaneros con rumbo a otros puertos europeos. Una proposición que carece de sentido, ya que una vez cargado un buque metanero ¿por qué habría de descargar en el Musel si en unos pocos km más llegaría a su destino en puertos europeos? Ello supondría desviar las rutas y, por tanto, incrementar el consumo de combustible y los km realizados. Además, se deberían contabilizar la pérdida de tiempo en los procesos de carga y descarga. Una medida muy poco eficiente, que aportaría poca rentabilidad y solvencia al sistema energético europeo.

Sobre las infraestructuras gasistas en Canarias

El objetivo de la industria energética es construir infraestructuras que alimentan con gas fósil centrales térmicas nuevas y existentes, además de suministrar GNL a buques en puertos de Gran Canaria y Tenerife. Esta disposición es un riesgo real de inversión inútil y desvía fondos del proceso de transición energética a las renovables. Y lo hace de una forma inaceptable, como un añadido extraño al contenido de una norma que comprende un conjunto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Proyectos de planta de regasificación flotante de Granadilla (Tenerife)

En 2021 la Autoridad Portuaria de Tenerife rechazó y archivó la solicitud de concesión de la planta de regasificación de Enagás en Granadilla, según Puertos de Tenerife. Sin embargo, con el RDL 6/2022 se intenta reactivar el proyecto con la disposición final cuarta (modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos). De hecho, la CNMC, ha desaconsejado su construcción en varias ocasiones, ya que sería deficitario para el sistema gasista. La capacidad de regasificación sería de 1,3 bcm/año con un coste de inversión de unos 271,5 millones de euros. Entraría en funcionamiento entre tres y cinco años después de su construcción.

Proyectos de planta de regasificación y de producción eléctrica en el puerto de Santa Cruz (Tenerife)

Totisa Energía SLU figura como promotora de una planta de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) para el suministro de este tipo de combustible a buques y la generación de electricidad, en una proporción que permita la mezcla con hidrógeno. El proyecto pretende obtener una parcela privilegiada frente a Cueva Bermeja de 26.000 metros cuadrados, más otros 16.500 metros cuadrados de lámina de agua y 1.200 metros cuadrados de canalizaciones en subsuelo para canalizaciones para el almacenamiento y suministro a buques. El proyecto se encuentra, en estos momentos, en tramitación ambiental. El proyecto está cerca de una fábrica de explosivos y a menos de 1.000 de zona habitada por lo que es posible que incumpla directivas básicas como directiva Seveso.

Proyectos de planta de regasificación y de producción eléctrica en el puerto de la luz  (Gran Canaria)

Este proyecto gasista, también promovido por Totisa, pretende integrar una planta de gasificación, bunkering y una de generación de 70 MW en el puerto con un sistema de suministro eléctrico que permitirá atender las necesidades energéticas de buques e industrias en el área portuaria. Sus promotores señalan que sus motores son compatibles en un 25 % con el hidrógeno. Además, el gas y la electricidad  darán soporte al resto de la isla. También pretenden dar uso al metano que se extrae de los vertederos. El proyecto está cerca de una fábrica de explosivos y a menos de 1.000 de zona habitada por lo que es posible que incumpla directivas básicas como directiva Seveso.

Desde la red Gas No Es Solución no queremos dejar de expresar nuestra solidaridad con todas las personas que están sufriendo los embates de los conflictos armados y sus repercusiones económicas. Somos sensibles a lo que está ocurriendo en Europa debido a la guerra en Ucrania y al impacto que puede generar en los países más dependientes del gas procedente de Rusia, si finalmente el flujo es cortado. Entendemos que la solidaridad energética debería articularse desde un planteamiento que redujera la dependencia de este combustible fósil. La reducción de la demanda de los países y sectores más consumidores es la gran oportunidad que tenemos para lograrlo, en lugar de resucitar viejos proyectos de infraestructuras gasistas y anclarnos todavía más en la dependencia de este combustible fósil. Deseamos que sean la prudencia, la ciencia y la planificación a medio y largo plazo las que marquen el desarrollo energético europeo y estatal. Un desarrollo que tuviera en cuenta las necesidades energéticas y sociales de las próximas décadas y no los intereses de unos pocos agentes económicos.