FACUA critica que el nuevo Gobierno de PP y Vox en Baleares elimine la Dirección General de Consumo

FACUA-Consumidores en Acción critica que el nuevo Gobierno de Baleares formado por PP y Vox no valore el trabajo en defensa de los derechos de los consumidores realizado en los últimos años por la Dirección General de Consumo, y haya decidido restarle importancia, diluyéndola dentro de la Dirección General de Prestaciones y Farmacia.

La asociación teme que la protección y defensa de los derechos de los consumidores deje de ser una política nuclear para ser una competencia secundaria en el nuevo Ejecutivo Balear. Por ello, le exige que no se den pasos atrás en esta línea.

En las dos últimas legislaturas, esta comunidad ha destacado especialmente por el impulso de las políticas de protección a los consumidores. Durante este tiempo, dicho organismo ha anunciado la apertura de numerosos expedientes sancionadores a grandes eléctricas como Endesa, aerolíneas como Air Europa o Vueling o los bancos ING o Cajamar por las hipotecas vinculadas al IRPH. También ha sancionado estos años a grandes empresas como Hewlett-Packard o Seur.

FACUA defiende la necesidad de que las autoridades competentes en materia de consumo a nivel nacional, autonómico y local apuesten por una mayor dotación a los servicios de inspección para tener mayor capacidad en la detección, control y actuación ante fraudes, y que para ello cuenten con organismos propios de defensa de los consumidores que canalicen toda esa labor y se centren en ella.

Más de 7.400 reclamaciones y denuncias en 2022

La Dirección General de Consumo de Baleares atendió en 2022 a 12.794 consumidores y usuarios que pedían información individualizada sobre cuestiones de consumo.

Durante el pasado año fueron un total de 7.424 las reclamaciones y denuncias que los consumidores y las organizaciones de consumidores presentaron ante la Dirección General de Consumo de Baleares.

En 2022, el Servicio de Inspección de Consumo y Vigilancia del Mercado llevó a cabo un total de 3.848 inspecciones e impuso sanciones a empresas por más de 1,3 millones de euros.

FACUA lamenta que el nuevo Gobierno balear haya decidido minusvalorar organizativamente a uno de los organismos de defensa de los consumidores más comprometidos, restándole protagonismo en la estructura de gobierno.