Inicio de curso 2017-2018: a rastras con la LOMCE y los recortes educativos

La Confederación de STEs-intersindical considera que el curso 2017-18 que ahora comienza, lo hace marcado por dos exigencias profundamente sentidas por la comunidad educativa en general, y por el sector del profesorado en particular. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la necesidad de revertir las políticas educativas que se vienen padeciendo desde hace un lustro y frente a las cuales ahora puede haber una mayoría parlamentaria alternativa que las cambie. En segundo lugar, la exigencia de habilitar  un reglamento de acceso a la función docente extraordinario que garantice la consolidación laboral del profesorado interino con la aplicación del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, de 29 de marzo. así como las medidas necesarias que garanticen su estabilidad en el trabajo.

En efecto, hay que poner fin a la política de recortes que se inició con la crisis económica, y que tuvo uno de sus puntos culminantes con los reales decretos del año 2012 que todavía continúan en vigor. Esta reivindicación, por la que ha venido luchando toda la comunidad educativa en los últimos años, cobra este curso una nueva dimensión por una doble circunstancia: por un lado por el propio discurso del Gobierno central que defiende que la situación económica ha mejorado hasta situarnos en la posición previa al estallido de la crisis, y, por otra parte, porque su situación de minoría parlamentaria permite a la oposición implementar otras políticas alternativas. Para la Confederación de STEs-i el curso que acaba de echar a andar tiene que ser el curso en el que, junto a la demanda general de aumento de la inversión pública educativa, se recobre el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y se recuperen las condiciones de trabajo que había antes de los decretos de los recortes: hay que disminuir el horario lectivo del profesorado, acabar con el abuso de las ratios escolares y restablecer las condiciones que tenían los enseñantes mayores de 55 años, medidas todas ellas que facilitarían un aumento de las plantillas docentes; asimismo, mejorar los permisos y licencias, acabar con las penalizaciones económicas por las bajas médicas y cumplir con rigor las normativas sobre salud laboral, son otras reivindicaciones fundamentales.

Para la Confederación de STEs-i  sería imperdonable que en la actual coyuntura económica y política no se abordasen estas reivindicaciones que son de justicia para el profesorado y que inciden, tanto directa como indirectamente, en la calidad del servicio educativo público. Es por ello que  nos estamos dirigiendo a diferentes grupos políticos de la oposición trasladando estas demandas junto con la reivindicación, como no podía ser de otra maner,) de la derogación de la LOMCE, que no puede continuar consolidándose en su aplicación durante un curso más.  

El curso 2017-18 también será un año marcado por la intención del Gobierno, plasmada en el artículo 19 de los Presupuestos Generales del Estado, de convocar en sucesivas ofertas de empleo público hasta un 90% de las vacantes consolidadas durante los tres años consecutivos anteriores al 31 de diciembre de 2016. Estamos, pues, ante la posibilidad de importantes ofertas de empleo público docente con las que la Administración pretende disminuir de forma drástica unas tasas de interinidad que se han desbordado en los últimos años, y que en algunos territorios (con tasas muy por encima del 30%)  se han convertido en un problema para el sistema. Ahora bien, estas posibles ofertas tienen que venir acompañadas inexcusablemente por una negociación de la situación del personal interino y por unos cambios, al menos transitorios, en el actual sistema de acceso. Esta exigencia de negociación y de modificación del Decreto de Acceso ya se la expusimos con toda contundencia al Ministerio de Educación el 28 de junio en la última, y primera después de más de un año, reunión de la Mesa Sectorial de Educación y lo volveremos a hacer ahora. Los STEs no vamos a consentir bajo ningún concepto que el problema de las tasas de interinidad se resuelva por la vía de la expulsión del sistema de los actuales interinos e interinas; ni es tolerable desde el punto de vista laboral, ni sería razonable que el sistema educativo prescindiese de este capital humano (unas 130.000 personas en todo el Estado) después de años de trabajo, de formación y de experiencia acumulada que ahora no se puede desaprovechar.