Santiago ve en el Plan de Acción Democrática “un paso importante, aunque insuficiente” y confía en que se complete a pesar de que “a los socios les cuesta llamar las cosas por su nombre”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha valorado esta tarde el Plan de Acción Democrática aprobado horas antes por el Consejo de Ministros como “un paso importante, aunque aún insuficiente” de cara a la regeneración democrática que necesita el país, entre otros, por los ataques que parten de la derecha y la extrema derecha políticas, pero también mediática a través de los pseudomedios de comunicación y agitadores radicales propagadores de noticias falsas.

Santiago destacó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso que este plan supone, de manera indudable, que “se dan pasos para acabar con las regresiones en materia de libertad de expresión que llevó adelante el Partido Popular en 2015”, además de que “se incluye la derogación de los delitos que afectan a la libertad de expresión”, entre ellos “los delitos de injurias a la Corona, delitos contra otras instituciones del Estado o delitos contra los sentimientos religiosos”.

El portavoz parlamentario de IU arrojó luz en respuesta a las dudas planteadas por los medios sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para aceptar cambios legales en algunas de estas cuestiones y apuntó que “a nuestros socios a lo mejor les cuesta llamar las cosas por su nombre, pero el tema es clarísimo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“Se incluyen asuntos -detalló- que desde hace años insistimos que son imprescindibles para mejorar la calidad democrática: la eliminación de las sanciones a los periodistas por grabaciones en las manifestaciones, la regulación del derecho profesional de los periodistas y de los profesionales de los medios de comunicación, o acabar con una ley franquista del año 68, como es la Ley de Secretos Oficiales”.

Sobre esta última norma, reconoció su “sorpresa” de que “no pudo modificarse en la anterior legislatura”, y recalcó que a día de hoy “no tiene razón de ser en nuestro país y no sería aceptable en ningún otro lugar de Europa”.

En relación al rosario de delitos que aún contiene el Código Penal para limitar la libertad de expresión, Santiago afirmó con rotundidad que “en esto quiero ser muy claro, era imprescindible esta derogación para garantizar este derecho”. Al tiempo, apostilló que, además, “en ningún caso estas instituciones o la jefatura de Estado van a quedar sin protección”, todo lo contrario, “van a tener la misma protección que las leyes dan para cualquier español o española, para cualquier ciudadano”.

“Incluso en los casos de delitos de injurias a la Corona, el tipo general a veces hasta tiene una carga sancionadora más alta que los previstos en la normativa especial”, apostilló, respondiendo así a la campaña de desinformación orquestada desde la derecha política y mediática en su indisimulado ataque al plan, antes incluso de su presentación de hoy.  

El responsable en temas de Justicia tanto de la dirección federal de IU como del Grupo Plurinacional tachó de “obligatorio” que se puedan “cumplir las sentencias condenatorias que tiene España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en especial en estas materias”, un tribunal internacional que “ya ha manifestado que la difamación a autoridades entra dentro de la crítica y que, en todo caso, para eso están los mecanismos de protección en el orden civil, que es lo que se va a preservar e incluso a reforzar”.

Ir más allá para acabar con la ‘Ley mordaza’

“Insisto -dijo-, todas las instituciones del Estado tienen suficiente protección sin esos tipos penales hiper cualificados, que lo único que han hecho es cercenar la libertad de expresión de comunicadores, artistas, imponer sanciones, llevar incluso a prisión a personas que tienen que ver con el mundo de la cultura. Eso es totalmente inaceptable en democracia”.

Tras felicitarse porque “avanzamos también en cuestiones como la lucha contra la corrupción”, algo “fundamental”, a través del refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción o con la creación de la Autoridad Independiente de Protección a los denunciantes de corrupción, Enrique Santiago dedicó una reflexión específica y especial a todo lo que tiene que ver con la denominada ‘ley mordaza’ impuesta por el Partido Popular en su etapa de gobierno, en cuyo intento de reforma fallido participó como ponente la pasada legislatura.

Calificó de “gran reto que queda por delante” que en esta legislatura “se pueda completar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana”, lo que supone ir mucho más allá de la eliminación de su actual artículo 23 y las sanciones que establece contra los profesionales de los medios de comunicación que ejercen su trabajo en la calle.

De la misma forma, reconoció que “somos conscientes” de que “se requiere un gran pacto de todas las fuerzas democráticas para garantizar los derechos de participación ciudadana, de manifestación, todos esos derechos que fueron cercenados por la Ley de Seguridad Ciudadana”, por lo que espera que el plan de regeneración democrática aprobado hoy “sea un primer paso y que en breve consigamos esa derogación completa” del contenido de esta ‘ley mordaza’ que impuso el PP.