Enrique Santiago acusa al PP de “mentir” para justificar su “obsesivo rechazo al estado de alarma”

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, dejó ayer en evidencia en el Pleno del Congreso las “contradicciones e incongruencias” del Partido Popular en su intento por sacar rédito político desde el primer momento de la pandemia por el Covid-19. Santiago acusó a los responsables de la formación de Pablo Casado de “mentir” de forma reiterada y de practicar un “obsesivo rechazo al estado de alarma contemplado en la Constitución” para desgastar al Gobierno de coalición.

Lo hizo durante su intervención para rechazar la proposición de ley que los ‘populares’ presentaban bajo el llamativo nombre de para la ‘protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales’. Por el contrario, advirtió de que la iniciativa solo pretendía “crear un marco legal a posteriori que nos dijeron en mayo que ya existía” y, al mismo tiempo, “justificar” las acusaciones del PP “de que el Gobierno utilizó el estado de alarma de forma abusiva y fraudulenta para recortar derechos fundamentales de los españoles e impedir su libre su ejercicio”.

“La derecha -denunció- se ha pasado la pandemia criticando la falta de garantías jurídicas en las medidas sanitarias adoptadas y su afectación a los derechos fundamentales”. Sin embargo, ahora “nos traen una proposición que, entre otras medidas, elimina buena parte del control judicial y político que hoy existe sobre las medidas sanitarias cuando afectan a derechos fundamentales”.

Enrique Santiago situó el debate en sus justos términos desde el inicio y, por ello, revindicó que “ojalá el derecho a la salud fuese un derecho fundamental en nuestra Constitución, en lugar de configurarse hoy día en el artículo 43 como un mero principio rector de la política social. Es protegiendo la salud como se protege la economía, el empleo y el bienestar social, y no al revés”.

Recordó que para Unidas Podemos y para el Ejecutivo de coalición “la salud sí es un derecho fundamental”, de ahí que lo “prioricen frente a cualquier otro. Por eso este Gobierno ha hecho un ejercicio de ponderación entre derechos esenciales, acercando las medidas jurídicas y políticas adoptadas en cada momento a la realidad social de la pandemia”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos insistió vehemente en que “las medidas jurídicas adoptadas mediante el estado de alarma nunca lesionaron derechos fundamentales, sino que los protegieron conforme a los instrumentos que establece la Constitución”.

Por el contrario el PP, pese a llevar meses denunciándolo falsamente, “nos trae una reforma que expresamente propone anular las garantías que para los derechos fundamentales existen ahora mismo en la ley”.

La proposición de ley rechazada esta tarde “elimina la intervención de los juzgados para autorizar previamente o ratificar judicialmente las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria, cuando se consideren urgentes y necesarias para la salud pública o impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, y no nos definen que son esas limitaciones o restricciones de los derechos fundamentales”.

Santiago avisó de que pretendían que “solo sea necesaria una autorización judicial cuando estemos ante una privación absoluta de esos derechos, pero no cuando se apliquen limitaciones o restricciones”. Sentenció que “los derechos fundamentales no pueden dividirse y deben protegerse en todo momento de forma íntegra”.

Y nada mejor que poner un ejemplo muy claro: “el PP propone que la autoridad sanitaria, por ejemplo de la señora Ayuso, pueda limitar o restringir derechos fundamentales constitucionales de las personas sin someterse ni a un control judicial previo, ni siquiera pasar por el parlamento de la Comunidad de Madrid”.

“El confinamiento de clase que la señora Ayuso estableció en los barrios populares ahora se podría adoptar por un mero acuerdo de un funcionario de la Consejería de Sanidad, sin necesidad de autorización judicial ni parlamentaria previa”, siguió ilustrando la idea.

El portavoz parlamentario de IU criticó que el PP “se dedicó durante el primer estado de alarma a desoír a los expertos constitucionalistas”, los mismos que insistían en que “era el único instrumento que permitía al Gobierno mantener el mando único frente a la pandemia”.

Enrique Santiago denunció sin rodeos que “mintió el secretario general del partido, el señor García Egea, y el vicesecretario de Comunicación, el señor Montesinos, cuando citaban en mayo tres leyes que, tal y como explicaban en ese momento, actualmente estarían en vigor y con ellas se podría solucionar lo que no solucionaba el estado de alarma: la Ley de Salud Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección de Ciudadana”.

Prefirió “abstenerse” de utilizar para sus críticas al PP las dos últimas, aunque hay datos más que de sobra para hacerlo, pero sobre la Ley de Salud Pública sí exigió a los ‘populares’ que expliquen públicamente “cómo es que proponían sustituir el estado de alarma con ella y ahora nos traen una reforma diciéndonos que no servía”.

“Lo que nos presentan -dijo- pone de manifiesto que ninguna de estas tres leyes hace mención a ninguna limitación de la libertad de movimientos. Por eso, hoy el PP se ve obligado a proponer la modificación del artículo 3 para incorporar la posible limitación de movimientos. Y, además, lo incluyen eliminando controles judiciales y de las asambleas legislativas”.

Santiago consideró más que demostrado que “el único instrumento que permitía al Gobierno luchar contra el Covid, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de los ciudadanos era el estado de alarma”, mientras el PP “ha mantenido su negativa a respaldar las prórrogas del estado de alarma desde el mes de mayo en el Congreso”.

Frente a las ideas propuestas ahora por la derecha, indicó que “nos oponemos radicalmente a que un funcionario gubernativo pueda acordar restricción de libertades y derechos fundamentales de forma generalizada, como en el caso de una pandemia, que es lo que ustedes están proponiendo. Eso no respeta la división de poderes de un Estado de Derecho”.

“Sinceramente, a estas alturas lo que están proponiendo no es más que una excusa y un intento de modificar el pasado. Es una evidente autoacusación de su responsabilidad”, apuntó.

Enrique Santiago concluyó su intervención indicando a los dirigentes del PP que “ojalá la democracia española algún día los perdone por haber mentido a los españoles, como ahora se está acreditando. Pero no intenten justificar sus mentiras a posteriori y, por favor, hagan por primera vez una oposición que sea leal con el Gobierno de España”.