Greenpeace presenta alegaciones al plan del Gobierno que dificultaría el cierre de las centrales térmicas
18 de diciembre de 2017 .- Greenpeace ha presentado hoy sus alegaciones, en el Ministerio de Energía, al borrador del Real Decreto con el que el Gobierno quiere dificultar o impedir el cierre de las centrales contaminantes y peligrosas como son las térmicas de carbón y las nucleares.
La organización ecologista exige la retirada del Real Decreto y que el Gobierno elabore una ley de cambio climático y transición energética que presente un calendario para que las centrales de carbón y las nucleares estén cerradas en 2025.
Por otro lado, los ministros de energía de Europa están hoy reunidos en Bruselas para decidir sobre el paquete de medidas de energía limpia para todos. Hoy votarán sobre la directiva de renovables y para el diseño del mercado eléctrico. Greenpeace denuncia que el ministro de Energía está teniendo una posición en Europa de bloqueo para las energías renovables y para la democratización del sector, perpetuando el viejo modelo energético en manos de unas pocas grandes eléctricas.
Para la organización ecologista, este Real Decreto, a parte de ser contrario a la lucha contra el cambio climático, no tiene en cuenta las demandas de la ciudadanía. Una encuesta publicada recientemente y realizada por Sigmados revela que seis de cada diez ciudadanos/as apoyan cerrar el carbón y las nucleares, en cambio, el Gobierno en este Real Decreto recoge la posibilidad de dar nuevas subvenciones a estas peligrosas centrales.
«El Gobierno debe de tener en cuenta las demandas de la ciudadanía. En España la principal preocupación medioambiental ya es el cambio climático y las personas quieren poder participar en la transición energética de forma activa para transformar el sector eléctrico en uno 100% renovable, eficiente e inteligente», ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.
Por último, Greenpeace recuerda que los precios de la luz están completamente distorsionados y que, al contrario de lo que defiende el Gobierno, un sistema eléctrico renovable, eficiente, inteligente y en manos de la gente para 2030 abarataría las facturas energéticas de los hogares españoles hasta un 34%.
Principales puntos en las alegaciones al borrador del Real Decreto (1):
El Proyecto se sustenta en razones económicas y así lo justifica en su exposición de motivos, pero omite las cuestiones medioambientales. El artículo 45 de la Constitución española establece: «todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo».
Es contrario a la lucha contra el cambio climático y deja en último plano el medio ambiente, la seguridad y la salud de la ciudadanía. Además, supondría un bloqueo para la sustitución del viejo modelo energético, basado en energías sucias y peligrosas, por uno basado en energías renovables y en manos de la ciudadanía, puesto que sería solo una herramienta para impedir el cierre de las centrales térmicas contaminantes y peligrosas, incumpliendo el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia para toda Europa.
El cierre de las centrales eléctricas ya está contemplado en la normativa que regula el sector de manera pertinente, atendiendo a la garantía de suministro, siendo el operador y el regulador del sistema quienes tienen la competencia para realizar los análisis del sistema y los consiguientes informes de aprobación para el cierre en el caso de ser viable.
Cualquier retribución en la línea que propone el Real Decreto tendrá que ser notificada a la Comisión Europea y podría ser considerada ayuda de Estado. Por otro lado, cabe destacar que el Proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.
La regulación para la continuidad de la explotación de las instalaciones, una vez se haya denegado su cierre, es confusa y no queda claramente definida. Además, no establece límites a las empresas que, en su caso, pretendan acceder a la subasta o a la cesión.
El Real Decreto establece que se denegará el cierre de una central eléctrica si, como consecuencia del cierre, pudieran producirse efectos desfavorables en los precios de la electricidad. Sin embargo, mientras los precios de la electricidad no reflejen todos los costes de una forma real y transparente, no se estará haciendo una estimación económica real.
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