Greenpeace exige al Gobierno que reconozca la energía limpia y asequible como un derecho

Madrid, 19 de febrero de 2020-. Con motivo de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, Greenpeace recuerda que seis millones de personas en España -en torno al 15% de la población- se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación fría. La organización ecologista valora positivamente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética presentada por el Gobierno en abril de 2019, que marca una hoja de ruta y se aproxima a países como Reino Unido, pero demanda que la energía sea considerada un derecho y que se facilite a la ciudadanía una cesta básica de energía justa y renovable.

“La energía ha sido y es tan crucial en el desarrollo de las civilizaciones que se ha convertido en un bien básico. La falta de acceso a la energía genera exclusión social y afecta directamente a la salud. Las soluciones no pasan únicamente por abordar la renta económica sino que se deben analizar causas estructurales como la eficiencia energética de los hogares, el mercado eléctrico y la brecha de género social”, señala María Prado, responsable de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace.

La pobre e insuficiente climatización en hogares está detrás de la muerte de 7.100 personas al año, más que los accidentes de tráfico, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por comunidades autónomas, la más afectada es Castilla-La Mancha donde un 20% de la ciudadanía sufre pobreza energética, seguida por Castilla y León, Extremadura y Murcia. En el lado opuesto se encuentran Euskadi, Canarias y Comunidad Valenciana, de acuerdo a un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

Greenpeace insiste en que la lucha contra la pobreza energética pasa por mirar más allá de los bajos ingresos en el hogar y abordar la grave deficiencia energética de las viviendas, la brecha de género o los elevados precios de la energía, sustentados por un oligopolio energético (Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy, Iberdrola) que concentra entre el 80-90% de la cuota de mercado, que ha marcado históricamente una cultura y política energética peligrosa y contaminante en el país (1).

La organización ecologista ya demostró en 2014 que los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables (sin carbón ni nucleares), porque supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares. Según cálculos del estudio, solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, un avance de las energías limpias y el abandono de las energías contaminantes y peligrosas generaría más de tres millones de empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas y un crecimiento anual de dos puntos en el PIB (2).

Abordar la crisis climática, imprescindible

El cambio climático también juega un papel fundamental para eliminar la pobreza energética. Si no se toman las medidas urgentes para limitar el incremento de temperatura por encima de 1,5 grados en 2030, cabe esperar un aumento de la pobreza energética debido al aumento de la demanda eléctrica durante los meses de verano tal y como afirma el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC). Por ello, Greenpeace exige al Gobierno una reducción de emisiones del 55% para 2030 respecto a 1990, mucho más ambiciosa que el actual 20% propuesto por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

“La pobreza energética hace aflorar claramente los síntomas de las estructuras de poder sobre las que se sustenta la desigualdad en favor de las grandes corporaciones energéticas. Por ello se hace inminente y necesario una revisión del mercado eléctrico hacia la democratización de la energía, que ponga a las personas y a la justicia económica a la vanguardia de la transición a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable”, concluye Prado.