CGT convoca huelga estatal en Correos para frenar la firma del acuerdo marco

Comunicado CGT

Tras muchos años de empeoramiento del servicio público y de las condiciones laborales que han ocasionado un gran malestar, se esperaba que la negociación del Acuerdo Marco y del IV Convenio abriera una ventana a la mejora del servicio público prestado por Correos.

Sin embargo, la Directiva de Correos –encabezada por el presidente Pedro Saura y el Director de Recursos Humanos Fernando Ramírez- ha puesto sobre la mesa una batería de agresivas modificaciones que, de llevarse a cabo, supondría un gravísimo revés para la prestación del servicio postal público. Uno de los principales objetivos del documento, es reducir la masa salarial a un 70% en dos años (actualmente está en un 90%) lo que supondría, de hecho, “una reducción de la plantilla de entre 8000 y 10000 puestos de trabajo” según cálculos del sindicato CGT, convocante de la huelga. Esto, “supondría una mayor carga de trabajo para el personal restante, con zonas de reparto más amplias e imposibles de repartir y supone una estocada de muerte a la adecuada prestación del servicio postal público en las condiciones que recoge la ley postal.

Durante el mes de diciembre se produjeron varias reuniones para la negociación de dicho convenio. De forma precipitada, el día 30 Correos remitió un documento denominado “Acuerdo Marco Correos y Sindicatos” donde situaba los ejes estratégicos a seguir por la dirección los próximos años. Reducción de la plantilla (actualmente ronda los 48000 trabajadores cuando en 2008 eran 66000 los carteros), flexibilidad horaria, bolsa de horas al servicio de la empresa, retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos.

Asimismo, este Acuerdo sitúa la pretensión de Correos de implementar un plan de salidas voluntarias incentivadas para personas trabajadoras de más de 61 años, pero con incentivos económicos con máximo de un año de salario, lo que conllevará que los trabajadores se vean abocados a solicitar la jubilación voluntaria anticipada con la merma que supone para la cuantía de sus pensiones de jubilación

La empresa pública (la mayor de España) busca introducir todos estos cambios lo antes posible y, por ello, ha diseñado la negociación en dos fases. Una primera hasta el 15 de marzo, momento en el cual, si se produce la firma de la mayoría sindical, se aprobaría este Acuerdo Marco que modificaría el actual Convenio. Otra segunda fase se desarrollaría posteriormente -siendo el 1 de octubre de este año la fecha indicada para concluir- y en ella se abordarían los temas y ejes restantes hasta elaborar el IV Convenio Colectivo.

El 31 de diciembre CCOO, UGT y CSIF suscribían el Acuerdo Marco y el 10 de enero, sumaba su firma el Sindicato Libre. Desde CGT estiman que refrendar este documento como base de la negociación supone en primer lugar, “claudicar de las funciones de Correos como servicio público y, además, ceder a las ambiciones empresariales, renunciando desde el primer minuto a las reivindicaciones defendidas por los trabajadores.
La plantilla no es la culpable de la nefasta gestión llevada a cabo en Correos en los últimos 20 años y no podemos ser responsabilizados por ello.” Por eso se han negado a firmarlo y exigen una consulta general mediante un referéndum a toda la plantilla previa a la firma de cualquier acuerdo que afecte al conjunto del colectivo postal.

“Nuestra primera reivindicación es el cumplimiento literal del servicio encomendado a Correos y garantizar que llegamos a todos los domicilios del país diariamente. Exigimos, incluso, que se nos den nuevas funciones de carácter público. Recordemos que somos los únicos trabajadores públicos que llegamos a cada rincón de España diariamente. Cualquier ciudadano podría realizar cualquier gestión con la Administración tratando directamente con el cartero sin necesidad de pedir una cita o desplazarse a una oficina”.

CGT ha convocado para el día 26 de febrero, concentraciones en las oficinas principales de Correos en la mayoría de las capitales de provincia de España, con una doble intención, defender los derechos de los trabajadores y garantizar un servicio postal público de Calidad para toda la ciudadanía y en todo el territorio, sin estar sujeto a criterios de rentabilidad económica.