Sobreseído el proceso penal contra activistas climáticos en Asturias

Estos días ha trascendido que el día 5 de febrero la Audiencia Provincial de Asturias decretó el cierre del proceso penal contra cinco activistas que realizaron una acción de desobediencia civil en la fábrica de ArcelorMittal en Veriña, Gijón, en mayo del año pasado. En la denuncia se pedían 3 años de cárcel contra cada activista, y 2400€ solidarios en concepto de indemnización. El auto de sobreseimiento ha establecido que la acción estaba protegida por el derecho a la protesta, al tratarse de un acto lícito enmarcado en la libertad de expresión.

Las cinco activistas forman parte del colectivo Rebelión o Extinción, un movimiento por la justicia social y climática. La acción consistió en el bloqueo de una de las entradas a la fábrica de ArcelorMittal para denunciar y protestar por el fin de los subsidios públicos a los combustibles fósiles. Para hacerlo, las activistas se encadenaron entre ellas y a ambos lados de la carretera, impidiendo así la entrada y salida de vehículos a la fábrica. Además, iban acompañadas de pancartas con frases como «Stop subsidios fósiles» y «Arcelor Mortal».

Ante la denuncia por parte de la empresa contratista de transporte, los hechos fueron investigados por el juzgado de instrucción y, posteriormente, por la Audiencia Provincial, al estar las activistas acusadas de un delito de coacciones por el que se les pedía a cada una 3 años de cárcel y un total de 2.400 € de indemnización. Tras varias vistas judiciales y más de ocho meses, finalmente se ha dictaminado el cierre del proceso penal y se ha confirmado que la acción estaba protegida por el derecho a la protesta al tratarse de un acto lícito. Las activistas han comunicado que «Desde Rebelión o Extinción queremos expresar nuestro mayor agradecimiento a las personas que nos han apoyado y se han solidarizado con nosotras. Devolvemos nuestra solidaridad, especialmente, a las compañeras represaliadas bajo acusaciones similares, que viven bajo la amenaza de sufrir gravísimas penas por defender los derechos y libertades de todes, como las 6 de la Suiza, los 6 de Zaragoza o los 8 de Caixabank. Volveremos a las calles a luchar por elles». Además, han manifestado que el sobreseimiento del caso penal «nos motiva a seguir luchando contra el impero fósil capitalista». 

Aunque se haya cerrado el proceso penal, todavía siguen en marcha las denuncias impuestas por la vía administrativa a estas cinco activistas que se encadenaron y otras cinco compañeras que participaron en la acción. Exactamente el mismo día que el tribunal establecía que los hechos fueron un acto de libertad de expresión y no deben tener reproche, la titular de otra administración pública, concretamente la Delegada del Gobierno en Asturias Adriana Lastra, firmaba una resolución que confirma la sanción de 601 euros a cada participante en los hechos por vulneración grave de la conocida como Ley Mordaza.

Ante esta contradicción, las activistas denuncian la arbitrariedad en la aplicación de las normas legales. «A diferencia de otras acusadas como Las 6 de La Suiza o Los 6 de Zaragoza, nosotras hemos tenido suerte, pero ¿es que hay que tener suerte para poder ejercer un derecho fundamental?», se preguntan. 

Además, frente a las denuncias y sanciones, indican que «esta represión no va a detenernos. La inacción climática que imponen los más ricos sigue agravando las sequías, el calor extremo, desastres climáticos como la DANA o los incendios. El año pasado superamos por primera vez el umbral de +1,5Cº respecto a la temperatura preindustrial y, pese a las cumbres y los acuerdos, las emisiones siguen en aumento. Nunca la humanidad se había jugado tanto como ahora».

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XR Asturies es un grupo de acción por la Justicia Climática que forma parte del movimiento internacional Extinction Rebellion (XR). El movimiento se inició el año 2018 en Londres a raíz de la preocupación de la población por la crisis climática y la falta de transparencia y acción por parte de los gobiernos. XR utiliza la desobediencia civil y la Acción Directa NoViolenta (ADNV) como herramientas para denunciar la falta de acción gubernamental ante la situación de emergencia climática. Entre las soluciones que propone el colectivo destaca la implementación de un Parlamento Ciudadano Climático para la toma de decisiones en relación con la crisis climática de forma democrática y con la asesoría de expertos y científicos. XR argumenta que «la justicia climática no pasa por subvencionar a grandes corporaciones que engordan año tras año sus beneficios a costa de nuestro dinero y nuestra salud; la justicia climática, que es justicia social, pasa por garantizar y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y cubrir desde lo público sus necesidades básicas».

Sindicatos con importante presencia en la empresa Arcelor-Mittal y la Plataforma contra la contaminación de Xixón mostraron su apoyo a esta protesta.