Organizaciones ambientales piden al Gobierno un cambio en la gestión del agua para afrontar el cambio climático

19/03/2020. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, las organizaciones ambientales estatales Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España llaman la atención sobre el modelo de gestión del agua en España y solicitan al Gobierno medidas de acción inmediatas que muestren el compromiso del Ejecutivo por una verdadera transición ecológica en la planificación y gestión del agua. Esta área de la gobernanza, que sigue sin asumir los nuevos retos sociales, climáticos y ambientales, debe ajustarse a la racionalidad económica, la protección de los ecosistemas y la participación pública real y activa.

Según las ONG, España se enfrenta a una realidad sin precedentes en su historia reciente que afecta a todo el territorio. Cerca de la mitad de las aguas superficiales y subterráneas están en mal estado ecológico. De hecho, siguen ausentes los caudales ecológicos, elemento fundamental para asegurar la conservación de los ecosistemas acuáticos. Además, los problemas del agua y los ecosistemas acuáticos se ven cada día más agravados por los efectos de la crisis climática, estando España a la cabeza de los países más vulnerables de Europa.

La Directiva Marco del Agua como solución

Tras más de una década de recorrido de la Directiva Marco del Agua (DMA), las organizaciones apuntan el nulo interés del Estado español por replantear el modelo y cumplir con los principios básicos de esta normativa europea. El resultado de mantener la tradicional política hidráulica se observa en el colapso ambiental que están sufriendo algunos de los humedales más importantes del sur de Europa como: Doñana por la sobreexplotación de sus acuíferos; el Delta del Ebro y su incierto futuro si no se asegura la llegada de caudales y sedimentos; la Albufera de Valencia, donde no llega la cantidad de agua necesaria para asegurar su conservación y la que llega es de deficiente calidad; las Tablas de Daimiel, asediadas por un modelo agrario de regadío que extrae hasta la última gota de sus aguas; o la historia del colapso del Mar Menor que ya fue alertada hace dos décadas.

Lo grave es que esta nefasta política hidrológica, basada en la oferta y partícipe de la intensificación, ya está sufriendo los efectos del cambio climático: reducción continuada de los recursos hídricos disponibles en la práctica totalidad de las cuencas hidrográficas y aumento de la frecuencia, intensidad y extensión de las sequías e inundaciones.

Cuencas colapsadas

El colapso ambiental e hídrico se hace igualmente visible por todo el territorio. La política llevada a cabo en la cabecera de la cuenca del Tajo, donde el trasvase de aguas hacia el sureste español ha cronificado el deterioro ambiental de todo el eje principal del Tajo y ha comprometido el caudal ecológico, el desarrollo de los pueblos ribereños y la conservación de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Más de la mitad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Duero presentan graves problemas de contaminación por nitratos; en la cuenca del Ebro, con 167 embalses de regulación y 2.455 presas, azudes y diques, se imposibilita el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos y la llegada de sedimentos al mar y, en cambio, se apuesta masivamente por nuevos regadíos; mientras la nefasta gestión de las aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana sobreexplota 11 de las 20 masas de agua subterráneas de toda la cuenca y afecta al estado de conservación de al menos 42 espacios de la Red Natura 2000 y cuatro humedales Ramsar de Importancia Internacional. Por otro lado la cuenca del Segura, receptora del trasvase del Tajo, sufre una política agraria expansiva e intensiva en el Campo de Cartagena que ha sobredimensionado el sector y provocado un descontrol sin precedentes en el uso excesivo de agua y fertilizantes.

Modelo adaptado al cambio climático y a favor de la biodiversidad

Inmersos en el tercer ciclo de revisión de los planes hidrológicos de España, las citadas ONG ambientales entienden que el Gobierno, y especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que es quien tiene las competencias en materia de aguas, tiene la oportunidad de demostrar su verdadero compromiso con la transición hídrica y la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello debe impulsar inmediatamente una serie de medidas que prioricen la gestión del agua orientada a alcanzar un buen estado de los ríos, acuíferos, humedales y costas, y asegurar así la sostenibilidad en el uso de este recurso.

Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España consideran que es urgente e inaplazable un giro profundo hacia otro modelo que asuma el principio de precaución en la gestión del agua y reduzca la presión sobre los recursos hídricos. Para ello, solicitan al Miteco que de forma urgente tome las siguientes medidas:

Establecer un calendario para descartar, detener y revertir todas las infraestructuras hidráulicas programadas contrarias a la transición ecológica, como trasvases y embalses, entre ellas los trasvases del Tinto-Odiel-Piedras a Doñana y el trasvase Siurana-Riudecanyes, los pantanos de Mularroya, Biscarrués,Alcolea y el recrecimiento del embalse de Yesa; así como establecer una hoja de ruta encaminada a la desconexión gradual del trasvase Tajo-Segura. Proceder a una profunda reevaluación de la viabilidad ambiental, social y económica de todas estas infraestructuras, contando con la participación ciudadana.

Establecer una moratoria a la creación de nuevos regadíos y a nuevas concesiones de agua, e iniciar una evaluación ambiental y socioeconómica de la efectividad de las intervenciones llevadas a cabo en el periodo 2000-2020, incluyendo la modernización de los regadíos, así como establecer mecanismos de reducción progresiva de regadío en los territorios donde se hace ambientalmente insostenible su futuro. El mal estado de las masas de agua no permite el establecimiento de nuevas hectáreas de regadío.

Crear en los Presupuestos Generales del Estado un fondo de urgencia para incrementar el control y eliminación del uso ilegal del agua, incorporando las nuevas tecnologías. Asimismo, asegurar que los fondos públicos para el desarrollo rural apoyan, en lugar de dificultar, la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Además, las organizaciones consideran que antes del cierre de la actual consulta pública de los Esquemas de Temas Importantes de los Planes Hidrológicos debe garantizarse la participación de la ciudadanía a fin de que se puedan aportar nuevas contribuciones y que se adopten en las decisiones finales. Los mecanismos actuales son meros planteamientos informativos, sin claridad respecto a los criterios de participación y sin dar a conocer cómo se van a tener en cuenta los resultados de la participación.

Las organizaciones ambientales instan, por tanto, al Gobierno a que inicie la transición hidrológica para pasar del agua como recurso productivo a una visión holística en la que los ecosistemas acuáticos se conservan por sus servicios ambientales y por su valor intrínseco.