Las migrantes negroafricanas denuncian el ‘racimachismo’ que sufren

La desprotección y el abandono de las mujeres migrantes negroafricanas por parte de las instituciones españolas y el contexto social de racismo y machismo (“racimachismo”) en el que viven, son el eje del informe que presenta Alianza por la Solidaridad-ActionAid con motivo del Día Mundial Contra la Discriminación Racial, que se celebra el próximo día 21. El informe ha sido elaborado gracias a los testimonios de 26 mujeres residentes en Andalucía, y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.

La investigación, titulada “Una vida derribando fronteras. Mujeres negroafricanas y derechos humanos en Andalucía”, pone de manifiesto las dificultades que tienen para poder migrar a España de forma legal. Solo un 4,72% de los visados concedidos en 2018 tuvieron como titulares personas nacidas en toda África Negra, es decir solo 78.656 de 1.666.136 fueron para personas negroafricanas. De ellos, apenas 2.862 fueron para mujeres (0,17%), en el 62% de los casos por motivos familiares (vinculados a una persona que ya residía en España). La minoría fueron vinculados a empleos o formación.

Esta situación fuerza a las migrantes negroafricanas a recurrir a la migración irregular, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos e hijas cuando les acompañan. Una vez en España, conseguir una estabilidad administrativa suele requerir una media de 10 años, durante los cuales se encuentran en un situación de inestabilidad laboral y personal. La única forma que tienen de regularizar la situación es por arraigo social, trámite para el que se exigen tres años de permanencia en el país y un contrato a jornada completa de un año de duración. Esta exigencia, prácticamente imposible de cumplir, y continúa vigente pese a la crisis económica. Ya antes de la crisis producida por la Covid-19 la duración media de los empleos en España era de 49 días en 2019.

El requisito de un contrato de 40 horas semanales durante un año se convierte, así, en una frontera invisible que incluso les puede hacer perder el permiso de residencia obtenido anteriormente. En no pocas ocasiones se da la circunstancia de que niños y niñas tienen la nacionalidad española, mientras sus madres y padres están indocumentados. “Frente a estas barreras infranqueables, el gobierno tiene la capacidad real de modificar los requisitos y flexibilizar el acceso a los permisos, así como para emprender procesos de regularización extraordinarias.”, señala el informe. En base a los hallazgos de la investigación la ONG demanda incrementar el número de visados de búsqueda de empleo para personas negras de origen africano.

Las mujeres negras africanas entrevistadas destacan que la irregularidad administrativa en la que se encuentran les supone: más agresiones en el empleo y exposición a estafas, agresiones ‘racimachistas’, quedarse sin acceso a formación para el empleo, denegación de ayudas económicas familiares y de atención a menores, impedimentos para alquiler de viviendas, no poder viajar al país de origen, etcétera.

Las mujeres, procedentes de varios países y residentes en Sevilla y Granada, coinciden en señalar que “ser mujer, migrante y africana, pero especialmente ser negra, repercute en el acceso a derechos en España”.  De hecho, tienen más dificultades para acceder al servicio doméstico que otras mujeres migrantes y trabajan más en la venta ambulante, como temporeras, camareras de piso o en peluquerías.

Por otro lado, hay mujeres que se encuentran solas con hijos a su cargo, y no cuentan con una red familiar de cuidados. Además, la sobrecarga de trabajo o la falta de ayudas a su conciliación familiar, son algunas de las barreras que dificultan su incorporación laboral.  En todo caso, a falta de respuesta institucional, hace que la red de origen y destino sea fundamental a nivel emocional y como apoyo cotidiano.

El informe también pone de manifiesto que, sin permiso residencia, tampoco hay prestaciones por hijos a cargo, aunque los tengan. Así mismo, revela cómo existe un “encadenamiento” de la irregularidad: la situación administrativa de las mujeres las ubica en una situación de desprotección social, económica y política, que conlleva la desprotección de la infancia a su cargo. Esto genera una situación de angustia permanente para las mujeres, también de cara a solicitar ayuda en los servicios sociales y otras instituciones por el miedo a que dicha situación de vulnerabilización, además, las exponga a la retirada de sus hijos e hijas.

Por último, la mujeres señalan que frente al rechazo es importante “poner en valor la propia cultura y reconocerse como negroafricanas y andaluzas, como distintas identidades que forman parte de ellas mismas”.