Ecologistas asturianos denuncian la privatización de las inspecciones ambientales

El pasado martes 16 de abril el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicaba el Decreto 27/2019 de Protección y Control Ambiental, una normativa que precisaba establecer medidas oportunas para atajar la crisis ambiental de la región más contaminada de todo el estado español. Sin embargo, el decreto, lejos de satisfacer las exigencias de ambientalistas, ecologistas y movimientos sociales, ha generado su reacción negativa por su contenido.

Concretamente, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denuncia en un comunicado que el decreto establece, en su artículo 11.2 sobre Apoyo a la Labor de Inspección, que entidades privadas cuenten con funciones materiales de inspección ambiental. Tras los denominados Organismos de Control Ambiental, se encuentran, según la Coordinador, empresas externas contratadas para realizar las inspecciones. “Empresas que habitualmente trabajan para las propias industrias en su control y asesoramiento ambiental por lo que resulta evidente que no tiene independencia en el desarrollo del control e inspección”, denuncian en el comunicado.

Desde la Coordinadora Ecoloxista se muestran sorprendidos ante la publicación de este decreto “en plena campaña electoral”. Para ellos, la medida avanza hacia la exención de responsabilidad por parte del gobierno del Principado y la mercantilización de la protección ambiental.

El actual marco legal contempla que los órganos competentes para realizar las tareas de inspección ambiental garantizarán que todas las instalaciones bajo el ámbito de aplicación de la Ley, estarán cubiertas por un plan de inspección ambiental que considerará la totalidad del ámbito territorial en que éstas operan y garantizará que este plan es objeto de periódica revisión y, cuando proceda, actualización.

A pesar de esa obligación legal de controlar las industrias contaminantes, los ecologistas denuncian que el gobierno de Asturias no está asumiendo la responsabilidad. “No lo está haciendo porque no cuenta con suficientes inspectores cualificados para ello, tal como exige la norma europea”, denuncian desde la Coordinadora. “El Principado solo tiene activos para inspecciones de calidad del aire a un jefe de Sección y a un ingeniero técnico. Llevamos años reclamando una ampliación de plantilla, porque sino es imposible cumplir las tareas de inspección”, señalan.

Desde la Coordinadora Ecoloxista reclaman la creación de un Cuerpo de Inspección Ambiental autónomo, operativo y que cuente con los recursos suficientes para realizar las tareas de supervisión y análisis para responder a esta carencia de inspectores.