Celebran la aprobación de un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aún insuficiente
- Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tan esperado por Amigos de la Tierra, que llevaba una década reclamando esta legislación. La organización ecologista valora muy positivamente esta nueva normativa, en la cual se han recogido parte de las propuestas realizadas por las organizaciones ecologistas, entre las cuales destaca el punto final a la explotación de hidrocarburos y al fracking (fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación.
- Greenpeace considera prioritario que en el trámite parlamentario que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley salga mucho más reforzada en detalles y ambición. El objetivo de reducción de las emisiones de CO2 no está alineado con las recomendaciones científicas: debe elevarse al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040. Debe incluirse la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a todos los sectores que perjudican el clima. La organización considera prioritario que en el trámite parlamentario que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley salga mucho más reforzada en detalles y ambición.
- Ecologistas en Acción insta a todas las formaciones políticas a que en el desarrollo parlamentario de la ley apuesten por un incremento de la ambición en la línea con el criterio científico. En el texto que el Consejo de Ministros traslada al Congreso de los Diputados apenas existen cambios respecto a los borradores ya presentados, y la ambición del documento se sigue situando por debajo de las indicaciones de la ciencia.
Amigos de la Tierra a valora muy positivamente esta nueva normativa
De igual forma, la organización valora el esfuerzo realizado para publicar la ley en un momento tan complejo como el actual, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Gracias a esta aprobación la ciudadanía cuenta con una base legislativa para priorizar la protección ambiental, así como medidas para luchar frente a la crisis climática, de cara a la recuperación económica. Esto, supone que existirá un control para que las medidas de recuperación económica y social sean medioambientalmente sostenibles.
Sin embargo, es necesario reclamar mayor ambición en los objetivos de reducción de emisiones. La Ley sigue contemplando la neutralidad para el año 2050, cuando desde las organizaciones ecologistas consideran indispensable de que se lleve a cabo en 2040, tal y como aconseja la comunidad científica. De igual forma, el aumento de ambición de reducción de emisiones del 23% para el año 2030 respecto a la referencia del año 1990, sigue siendo insuficiente y no sigue las recomendaciones de la ciencia que afirma que esta década es decisiva para no superar el aumento de 1,5ºC la temperatura global y evitar así los peores impactos del cambio climático.
Por otro lado, la ley marca para el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35%, así como alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable. En este sentido, el Gobierno desarrollará un nuevo sistema de subastas para la retribución de las energías renovables basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Cristina Alonso Saavedra responsable de Justicia climática de Amigos de la Tierra señala que “es necesaria la inclusión de criterios de democratización del sistema energético y de soberanía energética donde la población tenga un papel relevante. Es necesario el fomento del desarrollo de comunidades de energía renovable mediante la elaboración de marcos que les favorezcan como así viene explicitado en la Directiva europea REDII”.
En este sentido, uno de los puntos a cubrir es el acceso a la financiación e información, a través de apoyos financieros o de inversión como préstamos favorables a la energía comunitaria, subvenciones o exenciones fiscales en las inversiones de sus miembros. La creciente tendencia hacia las licitaciones y subastas está afectando negativamente la capacidad de las comunidades de energía renovable para competir o acceder a los sistemas de ayudas. El Gobierno debe abordarlo teniendo en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables cuando desarrollen sus sistemas de ayudas públicas. Son urgentes medidas que aseguren que las comunidades de energía puedan competir por sus ayudas en pie de igualdad con otros actores del mercado.
Por último, Amigos de la Tierra destaca la necesidad de establecer condiciones más restrictivas al transporte aéreo, uno de los mayores responsables de emisiones de gases de efecto invernadero (5-8% de emisiones a nivel global), así como a la penetración de agrocombustibles, negando falsas soluciones que suponen un mayor impacto climático que el combustible fósil al que sustituyen. La “aviación verde” no existe y las medidas deben enfocarse en un reducción drástica del transporte aéreo. Por ello, es necesario incluir medidas contrarias a la permisividad de ampliaciones de aeropuertos, medidas que deben ir acompañadas de soluciones alternativas que promuevan una transición ecológica justa.
Greenpeace aplaude la oportuna aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático en el Consejo de Ministros, pero pide aumentar la ambición
Greenpeace considera la aprobación de hoy en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética un paso importante y necesario en el momento adecuado y espera que los grupos parlamentarios contribuyan a reforzarla y hacerla más ambiciosa. El texto, que pasará ahora al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación parlamentaria, ve por fin la luz desde que en 2015 el anterior Gobierno de Rajoy prometiera su tramitación.
La organización estima que la presentación del anteproyecto de ley en estos momentos es un elemento clave para garantizar que la salida a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país por la COVID-19 refuerce y se apoye en las medidas necesarias para afrontar al mismo tiempo las crisis climática y de biodiversidad.
Sin embargo, como el propio texto recoge, los objetivos de reducción de emisiones no están alineados con las recomendaciones de Naciones Unidas para no superar 1,5ºC las temperaturas globales y evitar así los peores impactos del cambio climático. Según este organismo internacional, las emisiones deberían reducirse un 7,6% anualmente entre 2020 y 2030 en todo el mundo, pero la ley nacional propone poco más de un 3% anual en el mismo periodo.
Greenpeace recuerda que las personas expertas en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) afirman que la próxima década es decisiva para no superar 1,5 ºC la temperatura media global y que, por tanto, reducir solo un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 respecto a 1990, como recoge el anteproyecto, no es suficiente para lograrlo. La organización demanda que el objetivo de reducción de emisiones se eleve al menos al 55% en 2030 para alcanzar el cero neto en 2040.
Para aumentar la ambición la ley debe establecer el marco legislativo necesario para la reducción de GEI en otros sectores clave como el financiero, agroalimentario, turismo, gestión de residuos o industria, dada su importante contribución a las emisiones nacionales y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación.
“El texto es muy bueno en el diagnóstico, pero falla en los objetivos. Mientras reconoce que la región mediterránea es una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático y que España se enfrenta a importantes riesgos derivados de este, paradójicamente no asume los objetivos necesarios para evitarlos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace: “Justo esta semana se espera alcanzar temperaturas anómalas para esta época del año en varias partes de la península. Si no actuamos con urgencia viviremos graves consecuencias por la crisis climática. La recuperación socioeconómica por las crisis de la COVID19 debe afrontarse con soluciones que pongan freno al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad”.
La organización ecologista reconoce que el proyecto de ley recoge medidas imprescindibles, en especial en algunos aspectos de la transición energética hacia un sistema 100% renovable, la transición justa, prohibición de las prospecciones, inclusión del sector vivienda o el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión, aunque considera que 2040 es muy tarde. Sin embargo, reclama la necesidad de que el texto incluya, además, la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial, puesto que sin detener el flujo de dinero público a las industrias responsables de las emisiones GEI no se podrá hacer frente a la emergencia climática. Así mismo, propone un artículo específico que obligue al sector financiero a realizar una correcta gestión del impacto sobre el cambio climático de su cartera de préstamos e inversión, con un cálculo específico de su huella de carbono en los sectores contaminantes.
En el anteproyecto de ley, la organización echa en falta el papel que juegan los servicios ambientales gratuitos en la lucha contra el cambio climático así como la inclusión de criterios de adaptación. La biodiversidad debe ser eje vertebrador en la mitigación de los peores impactos: la necesidad de tener los ecosistemas en buen estado y funcionales (bosques, humedales y acuíferos, etc…) y el importante papel de las soluciones basadas en la naturaleza.
Greenpeace seguirá con atención el trámite parlamentario que ahora se inicia y las enmiendas que presenten los grupos para detectar cualquier intento de descafeinar su contenido y garantizar que la ley salga reforzada.
“Ante la crisis sanitaria que vivimos, el anteproyecto de ley de hoy llega en un momento crucial para avanzar y asegurar que cualquier medida de reconstrucción socioeconómica que deba tomarse estará alineada con las respuestas urgentes y necesarias contra el cambio climático”, ha concluido Nuño.
El Consejo de Ministros acaba de trasladar el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética al Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria. Una vez más Ecologistas en Acción señala la insuficiencia de la normativa presentada, tal y como ya transmitió durante las consultas realizadas, y como expresó junto al resto de las grandes organizaciones ecologistas españolas.
En el anteproyecto de ley apenas existen cambios respecto a los borradores anteriores. De hecho, la ambición del documento se sigue situando por debajo de las indicaciones científicas y apunta a una reducción del 20 % de las emisiones respecto a 1990. Pero en estos momentos de emergencia sanitaria y social se hace imprescindible avanzar en el marco de una salida a la crisis que debe de dar una doble respuesta social y ambiental.
Hace años que esta legislación tendría que haber sido aprobada. Seguir adelante con ella es un paso necesario, ya que contiene instrumentos interesantes que deberían ser reforzados, tales como: la prohibición de exploraciones fósiles, la desinversión en estos sectores, o la inclusión de la educación para la sostenibilidad en el sistema educativo.
Para la organización ecologista el texto adolece de falta de ambición y muestra la ausencia de la justicia climática. Por ejemplo, si se asumiera el pleno cumplimiento de los compromisos contemplados en la ley y establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la huella de carbono de una persona española se hiciera extensible a toda la población mundial, en 2030 las emisiones globales ascenderían a más de 39 GtnCO2eq. Unas emisiones globales que se sitúan lejos de las 25 GtnCO2eq que el IPCCC establece como compatibles con limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC. Se trata, por tanto, de un horizonte que no tienen en cuenta la deuda del carbono acumulada por los países industrializados.
El resto de los objetivos presentados apenas han variado respecto a la propuesta inicial. Para alcanzar la descarbonización es necesario cumplir otra serie de pasos previos, como conseguir un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030, o que la prohibición de la venta de vehículos a combustión fósil se sitúe en 2028. Y si bien es cierto que el texto presentado da realidad a otros planes como el PNIEC o la Estrategia de Transición Justa, sigue sin abordar con profundidad la necesidad de una mayor reducción del consumo energético y una correcta planificación de las medidas necesarias especialmente en el cambio del mercado laboral.
Según Ecologistas en Acción, resulta preocupante la ausencia de calendarios para el cierre de otros sectores incompatibles con la transición energética. También la ausencia de mecanismos para realizar una urgente planificación ordenada, coherente y con el menor impacto posible de las medidas incluidas en la ley.
Además, el texto sigue dejando en manos del mercado medidas que deberían responder a las decisiones de la ciudadanía. Por ejemplo, sigue sin mencionar la pertenencia a tratados internacionales como el Tratado de La Carta de la Energía cuyas reclamaciones ascienden a siete veces la aportación española al Fondo Verde para el Clima y que son incompatibles con la lucha climática.
Ecologistas en Acción insta a todas las formaciones políticas a que en el desarrollo parlamentario de la ley apuesten por un incremento de la ambición en la línea de lo ya expresado por la ciencia, y en consonancia con las propuestas de las organizaciones ecologistas. Esta tramitación es una oportunidad única para acelerar un cambio de escala de lo global a lo local que apueste por las cadenas de comercialización cortas y sostenibles, incentivando así numerosas economías locales y rurales.
Con estas medidas se podrá garantizar un descenso de las emisiones superior al 7,6 % anual, respetando los límites planetarios, el mejor estado de conservación de nuestros ecosistemas y la solidaridad necesaria. Se trata de construir un futuro que en estos momentos pasa por entender que la salida a las enormes consecuencias de la COVID-19 y del nuevo incremento de la precarización de importantes capas de la sociedad debe de ir de la mano con afrontar la emergencia climática, y viceversa.
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