Piden una investigación exhaustiva de las actividades del Instituto Confucio a nivel estatal
La Plataforma Ciudadana Stop Instituto Confucio, organización que agrupa a diferentes colectivos sociales y de derechos humanos, ha trasladado una petición al Gobierno español recomendando que inste tanto a organismos estatales como autonómicos a supervisar las actividades de la entidad y evalúen los posibles riesgos para la seguridad nacional.
El colectivo, que en fechas recientes se manifestó contra la apertura de la nueva sede del Instituto Confucio en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) prevista para el próximo 25 de septiembre, alerta de que las controversias y riesgos de esta entidad ya han sido suficientemente documentados por organismos y medios de comunicación de reconocido prestigio, como el Real Instituto Elcano, el Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad (CSIS), la Asociación Europea de Estudios Chinos (EACS), Televisión Española, la BBC e incluso The Wall Street Journal.
La Plataforma considera que la apertura del centro previsto en la UNIZAR puede comprometer la educación pública aragonesa en cuestiones relativas a transparencia, incentivos económicos e influencia diplomática, razón por la que ha presentado la correspondiente queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el pasado 17 de mayo.
Del mismo modo, según lo dispuesto en la Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, ha solicitado a la UNIZAR el día 2 de junio el acceso al acuerdo por el que se establece una sede del Instituto Confucio dentro de la institución y toda la información complementaria.
EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO
La plataforma ciudadana ha trasladado igualmente su preocupación al Ejecutivo de Mariano Rajoy, recomendando que tanto a nivel estatal como autonómico se supervise en detalle las actividades de este ente dependiente de Gobierno chino, investigando «si los intereses españoles están siendo puestos en peligro por estos institutos», razón por la que las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos deberían requerir a las universidades que reflexionen sobre el particular, evaluando los riesgos y valorando los posibles riesgos de espionaje o recopilación de información sensible por parte del régimen chino e investigando el uso del Instituto Confucio «para controlar intimidar y hostigar» a los estudiantes chinos críticos con la dictadura del país asiático en territorio español.
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